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Se han cumplido 35 años de los sucesos de la serranía de Huanchaca, en los que perdió la vida el destacado científico boliviano, Noel Kempff Mercado, el piloto Juan Cochamanidis y el guía Franlklin Parada, asesinados por sicarios de una fábrica de cocaína que se había establecido en la meseta de Caparuch. Las vidas perdidas en esa tragedia provocaron una profunda y trascendental reacción de la sociedad cruceña y boliviana que condenó el narcotráfico y condenó a quienes se enriquecían con esta ilícita actividad a vivir en la oscuridad y en la clandestinidad.
Posteriormente, sería también asesinado el diputado Edmundo Salazar quien presidía la Comisión de la Cámara de Diputados que investigaba el caso Huanchaca, lo que demostró el grado de afectación de su investigación parlamentaria a grandes intereses que reaccionaron con la eliminación física de quien procuraba encontrar la verdad sobre los responsables del establecimiento de esa factoría en un parque nacional.
Al respecto, es destacable la reciente labor realizada por medios de comunicación y líderes de opinión, recordando estos hechos y entrevistando a los protagonistas cuyos testimonios constituyen una fuente histórica viva que debe ser recogida y transmitida a las actuales y futuras generaciones como soporte de la memoria histórica que no debemos perder como sociedad para evitar que quienes se enriquecen ilegalmente se vuelvan referentes del éxito. Los verdaderos ejemplos de la sociedad, en materia económica, deben ser quienes con su trabajo, iniciativa y emprendimiento generan riqueza y sientan las bases del desarrollo sostenible.
La pregunta que debemos realizarnos las actuales generaciones es cómo estamos en la sociedad boliviana 35 años después de estas muertes, que, en ese momento tocaron la conciencia de la gente y la llevaron a rechazar al narcotráfico como actividad y a desterrar socialmente a los nuevos millonarios que esta actividad creaba y que, a inicios de los años 80, se paseaban por las ciudades ostentando su riqueza ilícita.
Debemos interpelarnos sobre qué grados de condena moral ejercemos como sociedad para quienes destruyen la vida de nuestros jóvenes con un comercio ilícito y para quienes desde el poder se vuelven cómplices porque terminan vendiendo sus almas para no intervenir las actividades delictivas que conocen o para procesar a sus responsables como corresponde, convirtiendo a la impunidad en la regla general y en nueva fuente de enriquecimiento ilegal de quienes ocupan determinadas funciones públicas, que, paradójicamente, debieran defender al ciudadano común del crimen organizado.
Estas mismas reflexiones valen para otros males que afectan a la sociedad boliviana como la corrupción y la manipulación de la justicia, lacras que inviabilizan el progreso económico y social del país. Obviamente, la respuesta es negativa, no solo se ha relativizado la condena social al narcotráfico, sino que nunca se ha llegado a tener una reacción similar contra la corrupción, como la que provocó la perdida de las vidas del profesor Noel Kempff Mercado y sus acompañantes.
Los políticos que usufructúan del tráfico de influencia, los funcionarios públicos que se enriquecen con la administración de los recursos estatales, los jueces, fiscales y policías que negocian las investigaciones y los fallos, los mercantilistas (no son verdaderos empresarios) que crean empresas para vender exclusivamente al estado, y otros personajes de este tipo, no vienen de otro planeta ni pretenden, en la mayoría de los casos, disfrutar de su riqueza mal habida en otra nación. Salen de nuestra sociedad, son parte de la misma nación en la que compartimos un destino común.
Todos somos corresponsables, medios de comunicación, líderes de opinión y representantes de la sociedad civil, de comprometernos con la promoción de valores sociales para que la opinión pública rechace a quienes se enriquecen ilícitamente y abusan del poder. No se debe esperar a lamentar nuevas tragedias, como la que sucedió en Huanchaca, hace 35 años.
Este artículo fue publicado originalmente en la Fundación para el Progreso (Chile) el 8 de agosto de 2021.
