ANP en alerta ante propuesta de cárcel por difundir información «errónea» del BCB

La Paz, 28 de junio (ANF).- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) alertó de una posible sanción con pena de cárcel de hasta 10 años por la difusión de información “errónea” del Banco Central de Bolivia (BCB). La propuesta, del departamento jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, estaría contenida en el anteproyecto de Ley de Oro de Producción Nacional Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, presentado por esta cartera de estado ante el Legislativo.

“Una pena de cárcel de 10 años fue propuesta por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía para sancionar a quien difunda mensajes en medios de comunicación con fines de especulación o de falsear información sobre operaciones del Banco Central”, informó en una nota de prensa la ANP.

La propuesta indica que “El que, por cualquier medio de comunicación, especulare, difunda o encomiende especular y/o difundir información falsa y/o errónea sobre las políticas y operaciones del Banco Central de Bolivia, que dañen o pretendan dañar la imagen institucional y estatal, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días”, se lee en el inciso G de Disposiciones Adicionales del documento.

La organización de periodistas añadió que el pasado viernes, luego de que se hiciera público el documento, el ministerio del área “se apresuró” en negar que la norma incluye esta sugerencia, mediante un comunicado de aclaración.

Dicho comunicado oficial añade que el anteproyecto de ley “es un documento público, de conocimiento de los asambleístas, al que también pueden acceder los medios de comunicación”.  No obstante, este medio solicitó a la unidad de Comunicación del ministerio de Economía una copia de la propuesta normativa pero no obtuvo respuesta.

La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, declaró que para conocer faltas por la difusión de noticias y opiniones en medios de comunicación social deben aplicarse las normas de autorregulación, y defendió el contenido del parágrafo segundo del Artículo 107 de la Constitución que señala que las faltas por publicaciones (información y opiniones) que no respeten la veracidad y responsabilidad deben ser procesadas en tribunales de ética o ante un Jurado de Imprenta.

En Bolivia, la sanción de 10 años de prisión se aplica a delitos como el prevaricato, el cohecho pasivo de un juez o fiscal, y la legitimación de ganancias ilícitas.

El analista de temas económicos Gonzalo Chávez afirmó que con esta propuesta existe riesgo de vulneración de la libertad de expresión. “La economía es una ciencia interpretativa. El mismo número puede tener diferentes lecturas”.

Agregó que si alguien opina diferente o especula con alguna proyección o interpreta de manera diferente un resultado, “corresponde al Banco Central aclarar y contra argumentar la crítica o mala interpretación”.

El investigador social, Roberto Laserna, explicó que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 21 de la Constitución y la Ley de Imprenta “protegen nuestro derecho a difundir libremente informaciones, a pedirlas y a opinar sobre ellas”. “Especular es opinar”.

El artículo 21 de la Constitución, en su inciso 6, reconoce el derecho de los ciudadanos a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva”.

La Ley de Bancos, promulgada en abril de 1993, en su artículo 91 sanciona la difusión de informes que generen inestabilidad en el sistema financiero nacional, pero excluye de las sanciones a “los estudios, análisis y opiniones de carácter científico que, con base a información auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo”.