Cuatro ataques contra periodistas en los últimos cinco días y la inacción del gobierno para frenar los abusos
El Deber sistematizó los atropellos que sufrieron comunicadores de varios medios de comunicación.
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Desde el viernes de la semana pasada hasta este martes, se produjeron cuatro ataques contra los trabajadores de la prensa en el eje del país, sistematizó en su edición digital el diario El Deber. Sin embargo, el gobierno afirma que garantiza la labor de los comunicadores, aunque son sus operadores los que son señalados de cometer la mayoría de los atropellos.
Las agresiones se iniciaron el viernes 17 de septiembre cuando el presidente Luis Arce acudió a la inauguración de la Expocruz y después de los discursos, al realizar el recorrido, perdió uno de sus zapatos y su equipo de seguridad agredió al fotoperiodista de El Deber que logró tomar parte de ese episodio.
La agresión física solo se evitó porque un camarógrafo que estaba en el lugar empezó a filmar cómo arrinconaban al fotoperiodista y estaban a punto de golpearle. Ese hecho nunca fue investigado por la Policía y las autoridades de Gobierno prefirieron ignorar lo sucedido, ya que no hubo ningún pronunciamiento.
Pasaron tres días y se registró otra agresión, esta vez en Cochabamba. La justicia había determinado la aprehensión del alcalde de esa ciudad, Manfred Reyes Villa y sus adeptos habían instalado una vigilia en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba.
El periodista Miguel Rojas Fernández, del matutino Opinión, fue golpeado por al menos 15 personas que lo habían rodeado luego que este filmara con su celular la agresión a una persona en las proximidades de la vigilia.
Relató que cuando estaba filmando la agresión, el grupo de militantes del partido del Alcalde, Manfred Reyes Villa, lo rodeó y sin darle tiempo emprendieron con golpes y patadas; le arrebataron el celular y no hicieron caso a las credenciales que portaba visiblemente la víctima; hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento del Gobierno.
Finalmente, este martes, en la zona de villa El Carmen, la Policía echó gas pimienta contra el periodista Carlos Quisbert, de Página Siete, y luego lo detuvo acusándolo de daño a la propiedad del Estado.
Asimismo, cuando los efectivos de la Policía hostigaban a un grupo de mujeres en puertas de la clínica San Francisco de Asís, donde estaba el líder cocalero Armin Llluta, detonó un explosivo que provocó heridas en un camarógrafo de una agencia internacional.
La viceministra de Comunicación, la Defensoría del Pueblo y el ministro de Gobierno se pronunciaron contra estos ataques, pero desde el Gobierno no hubo acción alguna para frenar los abusos. “Garantizamos el trabajo de la prensa en todos los rincones del país. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia”, señala un tuit del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, después de los dos últimos episodios en contra de los comunicadores.
