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Punitivo: adj. Perteneciente o relativo al castigo. Justicia punitiva. RAE.
‘IUS PUNIENDI’, facultad del Estado de sancionar castigar conductas contrarias a la Ley
En su libro “Populismo punitivo” Guadalupe Sánchez Baena* aborda un tema candente en América Latina, del que Bolivia es un triste ejemplo: un partido político, el MAS, y su líder, el populista Evo Morales Ayma, quien con impostada emoción se atribuye la representación popular. Es la excusa para instrumentalizar en su beneficio personal las instituciones y cuestionar la legitimidad del Estado democrático y liberal de Derecho.
Como hoy, que exige cambios en el poder político, en el legislativo o una nueva Constituyente, demandas que Sánchez Baena resume en una frase: “La nueva ola populista frente a su némesis: el Estado liberal y democrático de derecho”. En este escenario, apunta, el Estado de derecho, entendido como un sistema de gobierno en el que todas las personas, representantes e instituciones están sometidas al principio de legalidad, desaparecería gradualmente.
Morales ha hecho eso en Bolivia, vía el abuso de una de las prerrogativas estatales más preciadas: el ius puniendi, es decir, la facultad del Estado de sancionar conductas, aquí sin pruebas o inventándolas a su conveniencia, mediante la persecución y castigo al disidente. Tampoco se presta atención al sistema de “principios limitativos” al derecho de castigar, mediante los cuales se introduce una “barrera”, ante posibles arbitrariedades, que aquí las hay a granel, siempre para la oposición política nunca para los ‘jefazos’.
Por ejemplo, ¿recibió el ex Evo Morales Ayma, presidente durante casi 14 años, siempre cocalero, alguna pena por desconocer el Art. 168 de la Constitución Política del Estado, que fija en cinco años el mandato del presidente y vicepresidente, pudiendo ser reelectos una sola vez de manera continua?
Morales fue electo en 2005, luego en 2009. Violó el 168 en 2014, en su tercera elección, y en 2019, la cuarta. Para mantenerse en el “poder toda la vida”, perpetró otro delito: la presión a los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes aprobaron su supuesto Derecho Humano para que se presentara a una nueva elección en 2019. Realizado el acto electoral, violentó el voto ciudadano mediante fraude, confirmado por la auditoria de la OEA. La elección fue anulada y el resto es historia conocida: Morales renunció, huyó y retornó merced a las elecciones del año 2020, que ganó su candidato y su partido, el MAS.
Morales tampoco ha sido juzgado por haber ignorado olímpicamente el resultado del Referéndum, institución primigenia de participación democrática directa de la condición sociopolítica ciudadana. Fue el 21 de febrero de 2016, cuyo objetivo era aprobar o rechazar el proyecto de modificación constitucional para habilitar o no al presidente y vicepresidente para la elección de 2019. Ganó el NO en 6 de 9 departamentos, con 52%.
Y ahí anda hoy, impávido sin haber recibido pena alguna por todas sus arbitrariedades anticonstitucionales. Ahí anda, sin que nada lo intimide, más bien intimidando a la sociedad boliviana con exabruptos populistas como abanderado de un pueblo reducido a siglas corporativas, cuyas voluntades y demandas, las traduce el caudillo Morales de acuerdo a su proyecto de poder populista autócrata, por encima de la institucionalidad democrática y sus leyes.
Son pruebas irrefutables de que el sistema judicial boliviano sufre el drama de la injusta administración de justicia sin respeto a la independencia y separación de Poderes. De ahí que prevalezcan añejos usos clientelares y prácticas ilícitas en desmedro de su independencia, del siempre endeble Estado de Derecho, del debido proceso y sus garantías procesales, de la presunción de inocencia, y que más bien se imponga el abuso de la detención preventiva, siempre para la oposición política al régimen, siendo la ex presidenta Jeanine Añez una víctima directa de ese estropicio. Nunca para los miembros y funcionarios del régimen.
Desde el ‘fiscalato’ y con un ministro de (IN)Justicia que quiere reformarla al gusto de Morales y los suyos, el poder punitivo se usa para castigar, amedrentar e intimidar sin pruebas. También para extorsionar. El Estado populista punitivo tiene en detención preventiva a más de 60 personas, entre ellas a la expresidenta Añez, a quien el populista Morales y sus operadores ya han condenado por un delito no cometido: golpe de Estado, sin juicio.
También arremeten contra Santa Cruz, la piedra en el zapato del centralismo andino, y contra una de las instituciones pioneras para dotar a esta región de agua potable, como la cooperativa Saguapac, gestada desde los años 60/70. Pretenden implicar su eficiente y limpia trayectoria en la desfigurada historia de ‘ítems fantasmas’.
Y siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si de corrupción se trata, sin apañar a los corruptos de aquí o de allá, debieran empezar por rendir cuentas del Fondo Indígena; de la ex pareja de Morales, Gabriela Zapata y la CAMC; de los 31 millones de dólares pagados por anticipado por unas barcazas que nunca llegaron; los taladros chinos, los sobreprecios de Bulo-Bulo, de la planta separadora de gases, entre una larga, millonaria y sustanciosa lista incluidas las ambulancias de Potosí.
¿Podrá la sociedad boliviana, alguna vez, aplicar a Morales y al MAS el poder punitivo de la ética de la mano de la ley, en un Estado democrático de Derecho?
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
