Denuncian a Arce ante la CIDH por violaciones a los DDHH y piden verificar coerción de la justicia
Organizaciones de la sociedad civil piden Comisión de la Verdad y Justicia.
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Por Zulema Alanes de Cabildeo Digital
El gobierno de Luis Arce fue denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por graves violaciones de derechos humanos, por la coerción de la justicia para la persecución política y la represión de las protestas sociales.
Durante una audiencia virtual, 23 organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe documentando la detención arbitraria de 190 presos políticos, la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias en el contexto de la protesta social, sistemáticas amenazas y ataques a la prensa, juicios sin el debido proceso, violaciones contra los derechos indígenas, entre otros.
En un petitorio formulado a la CIDH piden que “se solicite al Estado de Bolivia, informe sobre las graves violaciones cometidas en contra de los señores: Marco Antonio Aramayo, Erwin Chávez y Juan Carlos Manuel Huallpa, los cuales perdieron la vida por acción y omisión de agentes estatales”.
Subrayan que la vulneración a los derechos humanos no ha cesado desde el 2006, por lo que solicitan se instaure una Comisión de Verdad y Justicia para investigar todos los delitos cometidos desde el gobierno de Evo Morales hasta la fecha.
El informe de más de 50 páginas, inicia con un detallado relato sobre el uso de la justicia como instrumento de coerción y subraya que “el Ministerio Público en Bolivia tiene como uno de sus principales métodos de acción el de neutralizar a los adversarios políticos mediante procesos judiciales”.
Estima que unas 190 personas están detenidas por motivos políticos, denuncia “el uso indiscriminado de acusaciones de “terrorismo” o “sedición” para afectar a los opositores” y asegura que en Bolivia los derechos de los ciudadanos “no están protegidos por un sistema judicial independiente, idóneo y que garantiza los derechos de las personas”.
Detalla que la expresidenta Jeanine Añez y varios de sus ministros, líderes sociales entre los que destaca el excívico de Potosí, Marco Pumari, y políticos de oposición entre los que se cuenta el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, son blanco de una sañuda persecución política para intentar justificar el relato de “un Golpe de Estado que no sucedió”.
Añade que “El supuesto Golpe de Estado de 2019 es utilizado por el Ministerio Público y las autoridades para perseguir a los opositores. La gran cantidad de presos políticos que existen en el país son acusados por eventos relacionados a esos hechos.
Es importante reiterar que la observación electoral de la delegación de la OEA a las elecciones de 2019, y que llegó a Bolivia ha pedido del Estado Boliviano, estableció una serie de irregularidades en el proceso electoral realizado el 20 de octubre de ese año y que dio como ganador a Evo Morales, que aspiraba a un cuarto mandato pese a que la Constitución solo permite dos. Un equipo de auditoría electoral compuesto por 37 expertos de la OEA se encargó del análisis de los comicios. La OEA ratificó los hallazgos iniciales concluyendo la manipulación de la elección”.
Los ataques a periodistas y sistemáticos delitos contra la libertad de prensa son mencionados como graves vulneraciones que se comenten de manera sistemática y cada vez más violenta.
El informe detalla que en 2022 “se registraron un total de 168 vulneraciones a la libertad de prensa, superando con mucho el consolidado de 73 hechos de violencia en contra de los medios y los periodistas que se cometieron a nivel nacional en 2021, según los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS. Estas agresiones van desde amenazas hasta violencia verbal y física, perpetrados tanto por autoridades del Estado como por la población civil en el contexto de protestas”.
En el informe entregado a la CIDH se subraya que “esta situación se ha incrementado de manera preocupante desde 2019 debido a la violencia, ataques, amenazas y criminalización que sufren periodistas en el ejercicio de su labor, aspecto que ha motivado a la CIDH y la RELE a pronunciarse de manera reiterada recomendando al Estado boliviano que garantice condiciones de seguridad, preservando la vida, integridad personal y libertad de expresión a las y los periodistas”.
Entre los casos más violentos y que permanece en la impunidad, menciona “el secuestro, tortura y amenazas de muerte a las que fueron sometidos seis (6) periodistas en la hacienda Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz cuando, junto a policías y otros civiles, estaban desarrollando la cobertura del avasallamiento de tierras ocurrido en esa localidad y fueron sorprendidos por encapuchados, que los golpearon y amenazaron con armas de fuego”.
Puntualiza que esta situación “comenzó hace 14 años con la descalificación a periodistas promovida por actores estatales (Presidente, Vicepresidente, ministros) y señalar a los periodistas como enemigos del gobierno central, enemigos de los pobres, enemigos de los indígenas. En suma, el gobierno central usó la retórica del odio contra periodistas para inducir a sus seguidores a atacarlos con violencia física o lenguaje violento”.
El informe que da cuenta de la vulneración de los derechos humanos en el país, denuncia la brutalidad policial que “fue particularmente violenta cuando se produjeron las protestas en Santa Cruz, tras la captura de Camacho”.
Para mostrar la magnitud de la brutalidad policial, el informe anexa los informes de prensa que documentan con fotografías y videos la escalada de violencia desatada por la Policía con el uso de granadas de gases lacrimógenos y perdigones contra los cuerpos de los manifestantes, ocasionándoles lesiones de consideración, pero también los ataques a viviendas y condominios poniendo en grave riesgo la seguridad y la vida de las personas.
“Múltiples instancias nacionales e internacionales hicieron un llamado para respetar los derechos humanos. Entre ellos destaca el comunicado del Secretario General de Naciones Unidas, quien expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamando a adherirse al respeto por el Estado de Derecho”, señala.
También menciona los sucesivos conflictos derivados de la habilitación de un mercado de coca paralelo que derivó en una inusitada represión contra las movilizaciones, marchas y bloqueos, de los productores de coca de los Yungas, con un saldo de “Un total de 97 detenidos se registraron debido a la represión policial. Asimismo, hubo un centenar de heridos, entre 14 ellos dos de gravedad, quienes sufrieron amputación de las manos por impacto de dinamitas”
En todos estos conflictos, puntualiza el informe “aumentaron las denuncias de uso arbitrario de las armas de represión de la policía, las cuales eran usadas directamente contra los manifestantes y en algunos casos con municiones que no son las reglamentarias, generando lesiones graves en varias persona”.
En el recuento, subraya que “el contexto de protestas en Bolivia estuvo marcado por la represión violenta de la Policía, mediante el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Ello ha dado lugar a la muerte de Erwin Chávez Durán, ciudadano boliviano que fue víctima de un disparo policial con una granada de gas en la cara, ocasionándole la pérdida de un ojo y una fractura grave del maxilar inferior, durante las jornadas de protesta del 1 de enero de 2023 (…) este hecho se constituye en una violación del derecho a la vida, atribuible al Estado Boliviano al haber sido perpetrado por sus agentes”.
También menciona “una aguda etapa de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas” que están sometidos a la presión de los avasallamientos, al avance de megaproyectos extractivistas y, a la contaminación por deshechos mineros, especialmente mercurio.
“La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) también denunciaron que existe un patrón sistemático de violencia contra los territorios indígenas, el despojo de las tierras por parte del Estado para otorgárselas a las transnacionales mineras sin respetar el derecho al Consentimiento Previo Libre e informado”, puntualiza.
Frente a los hechos descritos, las organizaciones de la sociedad civil que participaron en la audiencia virtual plantearon un petitorio sometido a consideración de los expertos del organismo internacional:
1. Que conforme a lo previsto por el artículo 24 del Reglamento de esa Comisión, de mutuo proprio inicie trámite la investigación sobre las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos denunciados en este documento por parte del Estado boliviano, que se cometieron en el marco temporal de marzo de 2021 a febrero de 2023.
2. De manera particular, se solicite al Estado de Bolivia informe sobre las graves violaciones cometidas en contra de los señores: Marco Antonio Aramayo, Erwin Chávez y Juan Carlos Manuel Huallpa, los cuales perdieron la vida por acción y omisión de agentes estatales.
El primero, falleció en la cárcel de San Pedro luego de habérsele iniciado 256 procesos por el caso Fondo Indígena, siendo el denunciante. El segundo fue víctima del uso excesivo de la fuerza letal contra la protesta social en Santa Cruz en enero de 2023. El tercero murió a partir de su ingreso a la clandestinidad en diciembre de 2021, en razón del uso indebido del derecho penal en su contra al ser percibido como disidente político.
3. Se disponga la realización de una visita in loco al Estado boliviano, para verificar y evaluar en terreno la situación en que se encuentra el sistema judicial del Estado y la organización de las elecciones de magistrados programada para el mes de octubre de este año; la situación real de los perseguidos y detenidos políticos, el estado de los procesos judiciales instaurados en su contra; para contar con una visión integral de los derechos de los periodistas y la libertad de expresión; la situación de los defensores de derechos; los casos de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incendios forestales y las graves afectaciones a la naturaleza y el medioambiente.
4. Conformación de una Comisión de la Verdad o Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pueda construir una memoria, verdad y justicia del proceso de vulneración de derechos humanos que vivimos en Bolivia en la democracia formal desde 2006 a la fecha. Ello tomando en cuenta que la CIDH determinó, en un Informe de fondo, que en el hotel Las Américas hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el Gobierno de Evo Morales; sin embargo, existe un largo camino de hechos de violencia estatal, conculcación de derechos como los casos: Fondo Indígena, Tipnis, Discapacitados, La Calancha, Apolo, La Asunta, Penal de Palmasola, la muerte de Cooperativistas mineros y el Viceministro Illanes; entre 55 otros varios y que deben ayudarnos a comprender las resistencias ciudadanas y la lucha por los derechos de la naturaleza y los derechos humanos.
