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No conozco a un solo Abogad@ que no reclame la reforma de la justicia boliviana y, ya no más!!!. Seguramente lo propio en el resto de la ciudadanía. Y es que uno de los grandes déficits del estado agravado inocultablemente los últimos años, es ese. La gente no se siente protegida por nuestro sistema de justicia e incluso, frecuentemente le tiene no sólo desconfianza, sino temor. Excepciones aplican.
Aunque no debiéramos necesitarlo pues todos los sabemos, el informe del GIEI lo ha reiterado, clarito: las instituciones del sistema de justicia actuaron sin independencia e iniciaron procesos judiciales con evidentes fines de persecución política; resaltó serias deficiencias del estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público; recomendó implementar reformas profundas en su sistema de justicia, para garantizar no sea utilizada para fines políticos del gobierno de turno, debiendo adecuar las instituciones a su rol democrático, en el marco del estado de Derecho; concluyendo que nada de lo anterior será viable sin genuina voluntad política, debiéndose encarar una profunda y urgente reforma, de manera consensuada entre los actores.
Existe entonces, acuerdo en el qué: hay que reformar profundamente nuestra justicia; en el cuándo: ya no más, urgente es, y con matices, para proteger eficazmente los derechos de todas las personas, independientemente de su pensamiento, filiación partidaria si la tienen, etc. No para triturarlos, inventar ridículos DDHH o amancebarse con poderes fácticos.
El problema que sigue irresuelto es el cómo: se han celebrado no sé cuántas cumbres que han fracasado todas (especialmente porque los intereses partidarios del gobierno de turno han prevalecido, pues sus asistentes han interpretado la cancioncita que les convenía); diagnósticos existen en cantidades industriales.
Ese deplorable estado del arte queda en descubierto, no sólo por el GIEI, sino por cualquier estudio serio que se practique. Por ejemplo el prestigioso reporte anual del Worl Justice Proyect nos sitúa sistemáticamente en los peores lugares regionales y globales u otros. Que la CORTE IDH le haya dado el sablazo final al “derecho humano” a la reelección indefinida inventado por los juristas del horror del anterior TCP –los actuales lo cuidan entre algodones- es otra prueba irrefutable del fracaso del sistema.
Entonces: ¿Cómo emprendemos la urgente reforma de nuestro sistema de administración de justicia? ¿Quiénes los principales obligados y actores? ¿Estarán legitimizados para hacerlo? Debe quedar claro para empezar, que no se trata de aplicarle alguno que otro parche –que incluso en alguna medida podría tener algún resultado positivo- y peor, las consabidas contras reformas, pues hubieron muchísimas los últimos años, para dejarnos en muchas materias peor de lo mal que ya antes estábamos –penal, por ejemplo-.
Entonces, conforme sostengo reiteradamente desde antiguo, lo primordial es la voluntad política. ¿La clase política boliviana de todos los colores –que conste en obrados- tendrá la madurez política, sentido común o, por lo menos una pizca de inteligencia, suficiente para organizar un sistema de justicia que principalmente les ponga efectivos límites a su ejercicio arbitrario del poder, no les encubra cuando le meten no más y garantice el Debido Proceso a todos, sin importar odiosas discriminaciones? Tengo mis severas dudas, a la vista de lo ocurrido en los últimos años, pues cuando están en la oposición critican esos censurables vicios y, cuando logran el poder, hacen exactamente, lo mismo que hace 5 minutos criticaban. No están dispuestos a tener un genuino tercero imparcial que les respire en la nuca.
Lamento también encontrar un pequeño gran detalle, para mi gusto, absolutamente relevante: ¿Quiénes lideran y hacen la reforma? La respuesta políticamente correcta es que todos los actores, lo cual es innegable; pero ¿Quiénes los legitimados para encararlo? Parece poco probable que quienes han tenido un rol significativo para caer en ese estado del arte, hoy de pronto por algún milagro, hagan exactamente lo contrario, más aun cuando esa fórmula deplorable les da “resultados positivos” inmediatos, al menos mientras disfrutan del poder.
Pareciera entonces que sensiblemente, la reforma de la justicia boliviana se encuentra en un círculo vicioso, pues quienes hoy deben reformarla son quienes la han condenado al estado deplorable a ser superado. Ojala encontremos la fórmula para cambiar ese triste estado. Mientras, me atengo a aquello de GALA: “No soy pesimista. Soy un optimista bien informado.”
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
