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Lo avanzado en el anterior intento de reformar la ¿in?Justicia boliviana con la Ley 1585/1994, de Reforma a la CPE y en el Plan Justicia Para Todos fueron enterrados con la cooptación de Poderes, la politización de la Justicia, la discrecionalidad y manipulación de las decisiones judiciales -casada con la corrupción- y, de colofón, la meritocracia sustituida por la fidelidad política al Poder que alcanzó su epítome con las elecciones judiciales (2011 y 2017) que -para «dar la decisión al pueblo» (sic)- impuso candidatos en gran mayoría seleccionados por afinidad y participación partidaria y sin los méritos establecidos.
Desde entonces y ante las graves falencias inocultables del Sistema de Justicia, se han alzado voces de reclamo de una nueva y profunda Reforma de la Justicia, pedido que -tras casi dos décadas de sólo “banditas curativas” como maquillaje- el candidato victorioso en 2020 la destacó en su propuesta de gobierno y el nuevo ministro del ramo convocó a una Junta de Notables y no de políticos… pero la ilusión duró poco: los Notables se salieron del decorado -que a serlo los destinaron- y nada pasó. Corrección: sí hubo -y hubo bastante- persecución de todo lo que representó la Transición con los objetivos de, primero, falsear lo que sucedió en octubre-noviembre de 2019 cambiando la narrativa de los hechos -objetivo fracasado-, después amedrentar para impedir cualquier crítica u oposición real -otro objetivo fracasado- y, de colofón, viabilizar el regreso del Jefazo -objetivo en proceso… de fracaso.
Y es cuando explota el escándalo del feminicida serial, que sería motor para el descalabro en el Sistema corrupto de (in)Justicia. Solidario con las víctimas y sus familias -todos hartos e indignados: motor de la historia-, es el furor popular el que sale a las calles, provocando acelerados intentos progresivos de calmarlos: desprotegiendo al juez “benéfico” -antes adulado del Poder- y, muy seguido, a todos los que intervinieron en el explosivo caso, como si fueran recién conocidas las graves denuncias de que los feminicidios y las violencias contra mujeres se repetían muchas veces y que en Bolivia las cifras de mujeres asesinadas -además de la violencia no fatal contra mujeres y niñas- alcanzan proporciones de endemia (en 2020, compartimos con El Salvador tercer lugar regional en tasa de feminicidios x 100 mil mujeres: 2,0).
La solución apresurada -otra “bandita curativa”- fue la de marras: una nueva -enésima- Comisión, sólo integrada por funcionarios masistas para analizar ¡en 120 días! la Justicia masista (olvidando que Perón, epítome de populistas y oriente de iluminados ideológicos, dijo «para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión», socorrido argumento de políticos hispanoamericanos resumido en «crear una comisión para no hacer nada»). Vale recordar a la Comisión que el tiempo se agota inversamente proporcional a la indignación popular y que ya van siete rounds perdidos por la Administración Arce (el octavo fue el recule en el carné de vacunación frente a propios adoctrinados -antes- por propios).
No quiero terminar sin recordar que el Jefazo cada vez tiene menos amarraguatos. Para quien probó las mieses del Poder omnímodo -diseñado por su entorno secuaz en la medida del propio beneficio de ese entorno-, de la palabra incuestionada, del gesto final, de la plena inmunidad y de la deificación en vida, el Silletazo en Betanzos y los cuestionamientos a Sus Decisiones le son tan graves como la presta huida de Bolivia en 2019. Pero que en el Congreso de Perú -desde donde pretendía proyectarse como el Gran Líder de los “Indígenas Oprimidos”- le etiquetaran persona no grata y -consecuencia-Runasur quedara en nada; que Arce desoyera sus “consejos” cada vez más perentorios para “evizar” el gabinete; que le cuestionaran desde el gobierno y diputados masistas; que el vicepresidente David Choquehuanca -en sus difuminados simbolismos- hablara de los que quieren “seguir manejando” La Paz; pero, sobre todo, que fuera innegable ya que la DEA -a calladas- regresó en Bolivia y desgranara todas las narcoprotectoras y narconegociantes cabezas de la FELCN. Peor con los cinco millones de dólares ofrecidos por el US Department of State “por información que conduzca a la condena de Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la FELCN” (porque cinco millones de verdes son muchos catos cosechados y hacen temblar firmes fidelidades).
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
