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Con la llegada en meses pasados del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) del sistema interamericano de derechos humanos, el gobierno de Luis Arce Catacora apostaba por una validación plena de la narrativa histórica oficial sobre los hechos del 2019.
Sin embargo, los resultados fueron más bien de “una de cal y otra de arena”, ya que a pesar de las omisiones, sesgos y errores del informe del GIEI que en su momento señalamos, el Grupo evitó hablar de “golpe de Estado”, “gobierno de facto” ni “crímenes de lesa humanidad”, señalando en cambio la “crisis electoral”, las responsabilidades de Evo Morales en la polarización y el estado calamitoso de la justicia boliviana en cuanto a la sujeción al poder político, remarcando también el “uso excesivo de la prisión preventiva”.
Con la llegada del relator sobre independencia judicial de Naciones Unidas, Diego García Sayán, podría abrirse una circunstancia similar. El objetivo evidente de la invitación gubernamental es que el funcionario internacional avale las reformas cosméticas de la justicia planteadas por el ministro Iván Lima, ayudándolo a cerrar políticamente la crisis terminal que atraviesa la administración judicial.
Pero, teniendo en cuenta la importante movilización de la sociedad civil para buscar el diálogo con el relator, es posible que acabemos con un resultado mixto como sucedió con el GIEI. Organizaciones de juristas independientes, movimientos cívicos, el Parlamento Indígena, legisladores de oposición y familiares de la ex presidente Jeanine Añez han pedido –y mayormente logrado agendar- reuniones con García Sayán, quien podrá escuchar la otra campana. Nada de esto es una garantía absoluta, por supuesto.
Una de estas reuniones es la que se hará con la Asamblea Ciudadana por la Reforma de la Justicia (ACRJ), que plantea una transformación integral del sistema judicial, incluyendo una preselección ciudadana y meritocrática de los magistrados.
Serán claves, también, las sugerencias que se hagan al relator desde organizaciones internacionales de derechos humanos, como la que acaba de realizar HRW, manifestando que espera que “García Sayán presente unas recomendaciones fuertes, robustas, para fortalecer el Estado de Derecho y para urgir a las autoridades a hacer una reforma inmediata y profunda de la justicia”.
Piedra de toque para evaluar el resultado de la visita será si todo queda en la simple convocatoria a una cumbre en marzo, compuesta por afines al oficialismo, o si el gobierno se ve forzado a abrir una concertación más amplia sobre las reformas.
Más improbable, aunque no debe dejar de reclamarse, sería que la misión derive en un mejoramiento de la situación de los presos y perseguidos políticos, en cuanto al fortalecimiento del derecho a la defensa, medidas sustitutivas y juicios donde, al menos, pueda verse el rostro de los magistrados.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
