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Al Gobierno de Luis Arce no le convenía mantener en la cárcel al exviceministro del Tesoro, Carlos Schlink, ni de insistir en una presunta ilegalidad cometida el 2020 para acceder a $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la pandemia, porque analiza acudir al mismo organismo para beneficiarse con la asignación Especial de Derechos Especiales de Giro (DEG), afirmó el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, en entrevista con el portal Brújula Digital.
En una entrevista con Brújula Digital, el especialista en finanzas afirmó que el Gobierno se está dando cuenta que no es coherente penalizar las transacciones realizadas el 2020, en un momento en que se necesita aumentar las Reservas Internacionales Netas (RIN). Schlink fue llevado a arresto domiciliario a cumplirse en Santa Cruz, luego que el Ministro de Justicia dijera que su detención como un exceso.
Recordó que el 2009 el FMI otorgó a los países miembros más de 200 mil millones de DEG. “En ese momento la idea era responder a la crisis financiera global “subprime” de 2008 y llegaron caso 200 mil de DEG al país como parte de las asignaciones que le correspondían a Bolivia”.
“El BCB mantuvo las DEG en sus reactivos y engrosaron las reservas pero no se las utilizó. La gran diferencia de lo que sucede hoy es que la capitalización del FMI será de 650 mil millones de DEG que al cambio son casi 900 mil millones de dólares, lo cual es una inyección histórica enorme destinada a responder a las necesidades que ha generado el coronavirus”, dijo el exejecutivo.
Espinoza señaló que no se sabe cuál será el criterio del FMI para asignar los DEG a los países miembros, pero que si fuera un criterio equitativo a Bolivia le podría llegar cerca de 710 millones de DEG, prácticamente el doble que lo que devolvió el Gobierno de Luis Arce.
“La diferencia es que hoy en día, las reservas internacionales estás muy bajitas tenemos un problema muy serio en términos de liquidez externa, mientras las RIN están en cerca de 4.900 millones de dólares, menos de la mitad, cerca de 1.900 millones de dólares están en moneda extranjera estadounidense y el resto es oro”, precisó.
En ese marco dijo que el BCB y el Gobierno van a tener que intercambiar esas asignaciones para convertirlas en dólares y así fortalecer las reservas. “El problema es de tinte político, el Gobierno está impulsando un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez, al exministro de Economía, al expresidente del BCB, a ex directores por una operación contablemente muy similar a lo que sucederá entre agosto o septiembre y ahí hay una contradicción enorme que entiendo ha asumido y que está empezando a cambiar de posición”, dijo.
El 2020 -señaló el exdirector del BCB- surgió la pandemia y Bolivia necesitaba una respuesta rápida, fue cuando el FMI puso a disposición de los países miembros una cantidad determinada de DEG y fue cuando el país solicitó una asignación equivalente a su participación en el FMI equivalente a 240 millones de DEG.
“Contablemente las dos operaciones son idénticas y aquí viene la relación de lo que va a suceder en agosto o septiembre, si el Gobierno decidiera seguir negando que la operación de 2020 era ilegal no va a poder cambiar las DEG en el exterior por dólares, que es lo que el Gobierno necesita, sin antes pasar por la Asamblea y asumir que está haciendo o sugerir que está haciendo un proceso de endeudamiento con el FMI”, manifestó.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro se esforzó por diferenciar las diferencias entre la asignación Especial de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el MAS usó el 2009, y el instrumento de financiamiento rápido (IFR) que empleó el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Publicado por Brújula Digital
