Gobierno español afirma que la consultoría de Corchado analizó solo una parte de lo auditado por la OEA
Página Siete publica la respuesta a la pregunta parlamentaria planteada por diputados de Partido Popular
Escucha la noticia
El gobierno de España explicó que el informe del grupo de investigación de la Universidad de Salamanca no hizo un análisis de todos los aspecto que abarcó la auditoría de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones de Bolivia en 2019. Por lo cual el documento sólo hace una valoración del sistema informático usado por el Tribunal Supremo Electoral, informa este martes Página Siete Digital.
“El informe al que se refiere la pregunta fue elaborado por la Universidad de Salamanca de manera independiente y sólo se limitó a realizar una evaluación de los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral de 2019, sin entrar en otros aspectos que analizó el informe de la OEA”, detalla el documento de la administración gubernamental.
En julio, los diputados del Partido Popular Valentina Martínez, Pablo Hispán y Belén Hoyo, enviaron a la administración del presidente español Pedro Sánchez una pregunta parlamentaria. Esto luego se hacerse público el informe de un grupo de investigación de Bisite de Salamanca, integrado por el docente Juan Manuel Corchado y los estudiantes Pablo Plaza y Manuel López.
El documento fue utilizado por el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, para intentar desestimar el caso fraude electoral e invalidar la auditoría de la OEA, que fue realizada por más de 30 expertos forenses de diferentes países.
Tras esa intención, el mismo Corchado en entrevistas que concedió a varios medios señaló que era la primera experiencia de ellos en evaluación de procesos electorales. Además dejó en claro que sólo hicieron una análisis al sistema informático utilizado por el Tribunal Supremo Electoral que su informe no tocó otros puntos del proceso electoral boliviano de hace dos años.
También se dio a conocer que el folio tuvo siete correcciones antes de ser entregado al Ministerio Público de Bolivia y que iba a tener carácter “confidencial”, sólo para el conocimiento de las autoridades judiciales.
Entre octubre y noviembre del 2019, España, junto a México y Paraguay, fue uno de los países veedores que acompañó el proceso de la auditoría electoral que realizó la Organización de Estados Americanos en Bolivia. Página Siete Digital publica la respuesta del gobierno español a la pregunta parlamentaria.
