Gobierno rechaza las resoluciones del cabildo nacional y anticipa que no habrá amnistía para presos políticos

Entre anoche y este jueves en la mañana, el gobierno nacional, mediante la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, y el vocero presidencial Jorge Richter, rechazó las resoluciones del cabildo nacional y las determinaciones de carácter regional calificándolas como “posiciones inconstitucionales”. Intentaron descalificar las concentraciones al señalar que los asistentes no pasaron de mil personas en La Paz, por ejemplo.

En cuanto al pedido de una Ley de Amnistía para los presos por razones políticas, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez, la viceministra Alcón coincidió con el ministro de Justicia, Iván Lima, y señaló que la recomendación número 10 del informe del grupo de expertos independientes GIEI sobre los hechos violentos en 2019 impide la aplicación de la figura de la amnistía en violaciones a los derechos humanos.

La autoridad del Ejecutivo aseguró que el Estado boliviano respeta el debido proceso para los denominados presos políticos y sobre el plazo de 30 días para el tratamiento de una Ley de Amnistía, Alcón se refugió en las 36 recomendaciones del GIEI para descartar cualquier proceso de diálogo con los sectores que exigen la liberación de cerca de dos centenares de opositores en los dos últimos años.

Respecto a la determinación del cabildo nacional, de promover un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce en caso de que no se apruebe la amnistía para los denominados presos políticos que sumarían 183 en el país, Alcón consideró que el objetivo de ese planteamiento es “buscar impunidad” para los responsables de 36 muertes en la grave crisis política de 2019.

“Para nosotros, intentar acortar el mandato del presidente Arce es buscar la impunidad”, dijo Alcón en entrevistas televisivas e insistió en las investigaciones sobre los muertos, heridos y encarcelados en 2019 deben continuar siguiendo las recomendaciones del GIEI, indagaciones que están siendo supervisadas por una delegación de la CIDH en estos días.

En lo regional, la viceministra cuestionó la posible creación de una Guardia Departamental en Santa Cruz porque el funcionamiento de ese tipo de fuerzas “es tuición del nivel central”. Dijo que la forma en la que se tiene que trabajar con la Policía Boliviana, aunque el cabildo en la capital cruceña calificó a esa institución como una “organización criminal”, que goza reprimiendo a los “cambas”.