Indígenas en emergencia: el INRA ordenó su desalojo de comunidades de San Miguel de Velasco
Una diputada de Creemos evidenció las notificaciones de desalojo y pidió verificaciones en el terreno.
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Indígenas del municipio de San Miguel de Velasco, Santa Cruz, se declararon en estado de emergencia porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en su instancia departamental, emitió órdenes de desalojo en diferentes comunidades, denunció este lunes Oscar Osibaga, dirigente y uno de los afectados.
Detalló que hay varias comunidades y predios pequeños que estarían siendo afectados, pero principalmente hay dos: Bonanza y San Miguelito. “Bueno han llegado varias órdenes de desalojo en el municipio de San Miguel de Velasco. Una de las comunidades que esta ultimada a desalojar es Bonanza, y de ahí pequeños predios están intimidados a desalojar”, explico Osibaga a la Agencia de Noticias Fides.
Indicó que se encuentran en emergencia, la población afectada se movilizará en una vigilia esperando si el INRA procede al desalojo, plazo que vence este martes.
La diputada de Creemos María René Álvarez informó que acudió al lugar a convocatoria de la población de San Miguel de Velasco y evidenció las notificaciones para el desalojo que son de distintas fechas, una del 17 y otra del 30 de agosto.
“Evidentemente se encuentran en emergencia porque los han notificado con órdenes de desalojo en un plazo de 72 horas, plazo que se cumple el día martes”, acotó. Indicó que otra de las comunidades afectadas son comunidad indígena Chiquitana, 3 de octubre, y la comunidad Tajibo Dos.
Lamentó que se emitan ese tipo de notificaciones porque los indígenas ven el hecho como una forma de amedrentamiento y persecución, aseguró que los habitantes pueden demostrar que viven en el lugar desde hace muchísimo tiempo, además porque tienen -incluso- su patrimonio construido.
Evidenció que en las notificaciones de desalojo, el INRA no explica los motivos ni las razones para que esa población se retire del lugar. “Voy a hacer un apersonamiento en mi calidad de diputada para que el INRA me pueda informar sobre esta situación, me pueda dar el contexto jurídico y en lo que se está basando”, sostuvo.
El dirigente Osibaga explicó que al menos hay 150 familias que podrían ser afectadas si el INRA da curso a las notificaciones emitidas.
Atribuye este tipo de situaciones porque en el INRA departamental existe muchos interinatos y por ende una mala gestión en la parte administrativa de la entidad. “Es una pena ver ese desorden, es una vergüenza nacional el desorden que existe en el INRA y creo que eso es gracias al interinato de forma recurrente”, cuestionó Osibaga.
Álvarez exhortó al INRA a que de una vez tome cartas en el asunto y realice las respectivas inspecciones y verificaciones de la legalidad de los terrenos del lugar.
