Juan Del Granado resume las conclusiones y recomendaciones del informe final de Diego García-Sayán
El informe del Relator bajo la lupa del destacado jurista boliviano.
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El destacado abogado y político boliviano, integrante del Grupo de Juristas Independientes que plantea una nueva forma de elección de magistrados, Juan Del Granado, destaca y resume en su columna dominical publicada por medios tradicionales y digitales las conclusiones y recomendaciones del informe final del relator de la ONU para la independencia judicial, Diego García-Sayán.
El informe de García-Sayán, fechado el 12 de mayo, fue conocido el miércoles 25 de este mes, tres meses después de su visita a Bolivia en la que se reunió con todos los actores que tienen que ver con la crisis del sistema judicial que enfrenta el país. El documento deberá ser considerado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Del Granado resume cinco de las 12 conclusiones y ocho de las 20 recomendaciones contenidas en un documento de 20 páginas.
Conclusiones:
1. “Los jueces, juezas, vocales y magistrados se encuentran en situación de alta vulnerabilidad expuestos a diversas formas de injerencia o presión“.
2. “La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales sumadas a las bajas remuneraciones, abren las puertas a la corrupción…”.
3. “La elección por sufragio universal de integrantes de altas cortes (…) no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas ni ha generado legitimidad…”.
4. “La carencia de autoridades judiciales en buena parte del país rural, la falta adecuada de financiación, la deficiente gestión (…) mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad”.
5. “La jurisdicción indígena originaria, reconocida en la Constitución ha sido relegada por la legislación posterior, a conocer solo temas de relevancia limitada y marginal”.
Recomendaciones:
1. “Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial…”.
2. “El Relator Especial insta al gobierno a elaborar un plan de reforma estructural y de fortalecimiento del órgano judicial que incluya un diseño institucional para una gestión eficiente”.
3. “El Relator Especial recomienda a todos los sectores relevantes impulsar un debate sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de las altas cortes (con) prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional…”.
4. “… el Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto”.
5. “El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial… con un porcentaje mínimo del presupuesto nacional, (para) abordar una mejora de sueldos, creación de nuevos juzgados, formación de personal y cobertura en todos los municipios del país”.
6. “El Relator Especial insta al gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas. Todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales”.
7. “El Relator Especial exhorta al gobierno a que afirme y garantice el espacio de la jurisdicción indígena originaria por medio de la reforma a la vigente ley de Deslinde Jurisdiccional (…) el Relator Especial insta al gobierno a restaurar el espacio y papel de la justicia de Paz”.
8. “El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva carrera judicial… se debe asimismo regularizar a todos los jueces transitorios antes del final del 2022″.
Del Granado afirma que, pese al lenguaje diplomático, el informe de García-Sayán contiene una radiografía de la crisis judicial boliviana donde, además de destacar “el patrón de persecución política con fines de represalias”, da cuenta del hacinamiento carcelario, la impunidad de los feminicidios, la corrupción extendida, la mora procesal, el exiguo presupuesto y la imposibilidad material, para la gran mayoría de la población, de acceder al servicio judicial.
Destaca que el documento dedica dos párrafos al enjuiciamiento ordinario de la expresidenta Jeanine Añez señalando que “Dicho caso pone de manifiesto los problemas estructurales de la administración de justicia…”
Para Del Granado, salvando las formas, el informe final del Relator coincide con el diagnóstico y la propuesta de reforma judicial de los Juristas Independientes que plantea independencia e idoneidad cambiando la forma de elección de los jueces supremos, presupuesto mínimo del 3%, y revalorización de la justicia indígena y de Paz.
Critica que contradictoria y apresuradamente varios voceros gubernamentales han reaccionado al Informe, unos relativizándolo frente a “la soberanía nacional”, otros quitándole relieve por tratarse solamente de “algunos insumos”. El portavoz presidencial Jorge Richter anunció para los “próximos días” un cuarto intento de reforma judicial desde el poder en 18 meses de gobierno.
“Probablemente el Relator no lo sepa, pero el gobierno está sin brújula en materia de justicia. Después de cada escándalo o de cada informe internacional reacciona balbuceando nuevas reformas o nuevas comisiones para muy pronto volver a fojas 0, donde es invisible una verdadera voluntad de cambio. Por ello alentaremos con renovado vigor, la Reforma Judicial vía Referendo por iniciativa ciudadana”, culmina del artículo de opinión de Juan Del Granado.
