Juristas denuncian “campaña de desinformación” contra recolección de firmas para la reforma judicial
Los promotores del referéndum judicial emiten un comunicado público.
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El grupo de juristas independientes emitieron un comunicado público en el que niegan que el pretendido referéndum popular para la reforma judicial busque introducir otras modificaciones de la Constitución y rechazan que el proceso se encuentre desfasado, como afirmaron autoridades de los órganos Ejecutivo y Electoral. Los juristas independientes denuncian una “campaña de desinformación” ante la masiva adhesión ciudadana a la recolección de 1,5 millones de firmas dar paso al referéndum judicial.
Aquí el comunicado difundido por los promotores de la iniciativa ciudadana, en la que no intervienen los partidos políticos, para cambiar el sistema de selección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional que deben ser elegidos por voto popular a fines de este año, tras la conclusión de su mandato de seis años de los actuales magistrados, todos sometidos al poder político.
“La cruzada nacional por la reforma parcial de la Constitución para transformar estructuralmente la administración de justicia en Bolivia, iniciada por los Juristas Independientes, avanza firme y sólida, por la convicción ciudadana de haber llegado la hora de poner alto a la justicia manipulada y parcializada, sometida al poder político, con retardación crónica y altos niveles de corrupción.
Al parecer, la entusiasta y masiva adhesión de las ciudadanas y ciudadanos a la cruzada ha generado preocupación en quienes se benefician de la justicia en crisis; por ello, están desplegando una campaña desleal de desinformación; lo que nos obliga a aclarar a las bolivianas y bolivianos lo siguiente:
1. Se deja en claro que la reforma parcial de la Constitución por iniciativa popular, que estamos promoviendo, es única y específicamente para reformar el texto de 15 artículos de la Constitución que regulan la organización y funcionamiento del Órgano Judicial. Tiene la finalidad de iniciar el proceso de una transformación estructural, garantizando que tengamos jueces y magistrados independientes e imparciales, modificando el sistema de selección y designación de esas autoridades; garantizando la independencia y un servicio judicial digno con una asignación de un presupuesto mínimo del 3% del PGE, para la creación de un mayor número de juzgados y dotar del servicio judicial a todos los municipios del país; asimismo, transformando el Consejo de la Magistratura, para que cumpla la labor de elaboración y ejecución presupuestaria, la administración de recursos económicos financieros del Órgano Judicial, el Sistema de Carrera Judicial y el Régimen Disciplinario; y garantizando el acceso universal de las y los bolivianos a los servicios judiciales, con la creación de juzgados de paz, para que sus conflictos y controversias sean resueltos con la necesaria prontitud y sin mayores costos; y revalorizando la jurisdicción indígena originaria campesina.
En consecuencia, no es cierto que esta iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución dé lugar a que se abra la Constitución para introducir otras reformas; pues, por mandato de la Constitución y Ley 026 del Régimen Electoral, en el referéndum popular que estamos promoviendo solamente responderán, mediante su voto, a las cuatro preguntas que ya fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, referidas única y exclusivamente a la reforma de los 15 artículos de la Constitución que regulan la organización y funcionamiento del Órgano Judicial.
2. Se pretende descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referéndum popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales. Al respecto, cabe señalar enfáticamente que no existe desfase alguno, ya que, si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referéndum popular debe realizarse en el mes de agosto de 2023 y, de aprobarse las reformas planteadas, a partir de septiembre de 2023 debe implementarse el nuevo sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia. Además, dejamos en claro que la propuesta ciudadana no se reduce solamente a la selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia, ya que ello, por sí solo, no resolverá la crisis estructural de la justicia; la reforma parcial de la Constitución propuesta es el punto de partida para la transformación estructural de la justicia que, de aprobarse por la voluntad ciudadana, dará lugar a la adopción de un conjunto de medidas institucionales, presupuestarias, administrativas, legislativas y académicas, que permitan tener un sistema judicial que imparta justicia con prontitud, oportunidad, eficiencia, calidad y calidez, desempeñando el papel de garantizar la seguridad jurídica, racionalizar el ejercicio del poder a través del control de constitucionalidad, de convencionalidad y de legalidad sobre las leyes, reglamentos actos y decisiones de los gobernantes, pacificar la sociedad otorgando protección inmediata y efectiva de los derechos humanos y resguardando la democracia; para así restablecer el Estado Constitucional de Derecho.
3. Esta iniciativa no es parte de la democracia representativa, en la cual intervienen los partidos políticos; es el ejercicio de la democracia participativa, en la que los ciudadanos nos expresamos directamente, lo que tiene que ser entendido por el TSE para modificar reglamentos burocráticos inaplicables al ejercicio ciudadano de la democracia directa. En consecuencia, instamos a todos los bolivianos y bolivianas continuar apoyando con decisión y convicción la recolección de firmas, para lograr un millón y medio de adhesiones, para hacer escuchar la voz de nuestro pueblo y alcanzar el éxito de esta cruzada por la Reforma Judicial.
La firma y voz de 1,5 millones de ciudadanos será la fuerza democrática con la que enfrentaremos no solo las falsedades que se propalan, sino también la burocracia y la retardación de las instituciones estatales concernidas”.
