Juristas interpondrán un amparo constitucional porque el TSE exige transcripción total de firmas

Los juristas independientes interpondrán un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional ante la exigencia del Tribunal Supremo Electoral de que los impulsores del referéndum judicial presenten una trascripción total y detallada de todas las firmas que sean recolectadas hasta el 23 de este mes porque pone en riesgo la iniciativa ciudadana y la democracia directa, afirmó este lunes el jurista Juan Del Granado.

“Vamos a acudir al Tribunal Constitucional para que ratifique nuestros derechos constitucionales sin impedimentos burocráticos, económicos y de otra índole que nos está planteando el Tribunal Supremo Electoral. Las firmas continúan, tenemos tres semanas para alcanzar la meta (las 1,5 millones de firmas), sobre la cual se basará el recurso constitucional”, afirmó Del Granado en La Paz.

El 13 de febrero los juristas independientes impugnaron lo que consideraron un flagrante impedimento a la democracia directa y participativa, establecida en la Constitución y la Ley del Régimen Electoral. El viernes de la semana pasada, fueron notificados con el rechaza del Órgano Electoral a la impugnación y la subsistencia de la exigencia de la transcripción total de las adhesiones ciudadanas.

Según Del Granado, se necesitarían 210 transcriptores con sus respectivas computadoras que deberían trabajar durante dos meses y medio en tres turnos, con un costo adicional para los impulsores de la iniciativa de al menos 1.000.000 de bolivianos. “Hemos ofrecido al Tribunal Supremo Electoral hacer un inventario de cada libro, pero nos han rechazado”.

“El artículo 25 del Reglamento para la verificación de firmas solo nos obliga a que entreguemos el inventario detallado por cada libro y no la transcripción íntegra de cada partida”, reiteró el representante de los juristas independientes. El plazo para la recolección de 1,5 firmas vence el 23 de abril.

Del Granado sostuvo que van al millón de adhesiones y dijo que aún quedan tres semanas para completar el millón y medio de firmas que posibiliten la convocatoria a un referéndum popular para una reforma judicial de carácter estructural.