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Describir la realidad es mucho más difícil en países donde los hechos simplemente no coinciden con la retórica del poder. Es el caso de la reacción del gobierno al fabricar narrativas falsas frente a recientes pronunciamientos internacionales que difieren del discurso oficial. La Unión Europea (UE) reconoció a Jeanine Añez como presidenta interina en un momento de vacío de poder y tras un proceso de sucesión constitucional. Este año, la UE, como mediadora en la crisis política de 2019, rechazó las acusaciones de “haber participado en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado”. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó que hubo una manipulación dolosa de las elecciones. Acto seguido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la reelección indefinida no es un derecho humano, de donde se desprende que la candidatura de Evo Morales fue inconstitucional y que el Tribunal Constitucional carecía de competencia para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, la evidencia jurídica es la inconstitucionalidad de dicha candidatura y que la justicia está al servicio del poder de turno.
Recientemente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) entregó un extenso informe sobre violaciones a los derechos humanos en las ultimas dos gestiones de gobierno en Bolivia. Cabe recordar que el GIEI se originó a pedido del gobierno de Jeanine Añez. En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el 23 de enero de 2020, la entonces Canciller, Karen Longaric, informó sobre la petición del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el envío de una misión “genuinamente independiente” que investigue “el origen de los hechos de violencia sucedidos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, incluyendo las protestas pacíficas ciudadanas originadas en el fraude electoral”. De la misma manera, anunció que el gobierno había cursado una invitación a la CIDH para que realice una “visita in loco“ destinada a observar la situación de los derechos humanos en Bolivia durante los últimos 16 años. La CIDH no había realizado una visita de este tipo al país desde hace 15 años.
A pesar del grave traspié de los expertos del GIEI de permitir que el evento de entrega de los hallazgos de su investigación se convierta en un mitin político, en el cual el presidente Arce presentó parcial, selectiva y arbitrariamente los resultados del informe, el documento es un excelente punto de partida para que: 1) se impulsen las reformas señaladas para atender algunos males estructurales de la institucionalidad democrática, siendo prioritaria una justicia independiente en Bolivia; y 2) se establezcan las responsabilidades individuales de actores estatales o que actuaron al amparo del Estado en los sucesos de violencia, muertes, incendios, destrucción y ataques a protestas pacíficas.
Un punto crucial del informe del GIEI, coincidente con declaraciones del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, es que en Bolivia la justicia está al servicio del poder y que el uso ilegal y arbitrario de la detención preventiva en las ultimas tres gestiones de gobierno es algo que se debe remediar.
La lección moral más amplia que se puede extraer de las recomendaciones internacionales dirigidas al gobierno de Bolivia, es la necesidad del restablecimiento impostergable de la institucionalidad democrática en el país. Para que efectivamente se cumpla con las observaciones del GIEI, una condición necesaria es propiciar una reforma judicial que permita contar con jueces y fiscales independientes y probos; así como promover un acuerdo nacional para el reencuentro y pacificación de todos los bolivianos, con el objetivo de cerrar las heridas abiertas y acabar con la fragmentación que impiden que el gobierno dedique sus esfuerzos a superar la crisis económica, educativa, sanitaria y judicial de Bolivia en estos días de gran resentimiento y pocos valores humanos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
