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La papa caliente de la promulgación
Luego de que el gobierno fuera vencido en la pulseta por la Ley 1386, contra una combinación de capas medias y sectores del capitalismo popular, y el binomio Arce-Choquehuanca anunciara la abrogación el domingo pasado, se vio un complicado proceso de dos días para lograr que ambas cámaras anularan la norma.
En medio se produjo el viaje de Luis Arce al Brasil, para un “acto con trabajadores bolivianos”, lo que a todas luces dejaría entrever la intención de pasarle el fardo de firmar la promulgación de la ley corta abrogatoria a David Choquehuanca.
A su vez, la dilatación del proceso en diputados y senadores puede haber sido la maniobra del vicepresidente para ganar tiempo, esperando a que se diera el regreso del primer mandatario al país, para que fuera éste quien pusiera la firma y diera la cara ante las cámaras.
Finalmente, la noche del martes la papa caliente fue a dar a manos de la ministra de la presidencia, María Nela Prada, quien tuvo que mostrar a los medios la promulgación de la ley corta, firmada por Choquehuanca.
Criminalización: siguen sin entender el mensaje de la sociedad civil
Primero con las “exposiciones de motivos” adosadas por el oficialismo a la ley corta y luego con la andanada de procesos judiciales contra el presidente del comité cívico cruceño, se puso en evidencia la intención de criminalizar a los promotores del paro nacional que derribó la ley de vigilancia financiera.
La actitud demuestra que se sigue sin entender el mensaje dado por la sociedad civil, respecto a que las leyes deben ser construidas con el máximo consenso posible.
Tibiamente, el vocero presidencial Jorge Richter admitió que las leyes “deben socializarse más, hemos aprendido la lección”, pero al mismo tiempo se cierran las puertas a toda posibilidad de restituir los 2/3 en el Reglamento de Debates de la ALP, para aspectos importantes como la dispensación de trámite o la suficiente discusión.
Por mínimo que parezca, ese cambio reglamentario sería clave para transformar la dinámica legislativa, de manera que la construcción de normas sea acompañada de un mayor proceso de reflexión y debate previo, que es precisamente lo que evitará protestas posteriores.
Ley antiautonómica y con un modelo económico equivocado
Un nuevo frente de conflicto se abrió con otra norma sin consenso, la Ley 1407, que establece un alineamiento imperativo de todas las entidades autónomas (gobernaciones, municipios y universidades) al Plan de Desarrollo Económico y Social elaborado en el nivel central del Estado.
Además del carácter eminentemente centralista de la ley, en su fondo ésta incluye un modelo económico equivocado, la sustitución de importaciones, que puede desembocar en la creación artificial de más “elefantes blancos”, ineficientes y deficitarios.
La alternativa sería coordinar, sin verticalismo y de manera indicativa, una sinergia entre niveles del Estado hacia un modelo de exportaciones con valor agregado. Algo muy diferente de lo que tiene en mente la administración gubernamental.
Colaboración INRA-secuestradores
El peritaje sobre el celular del director departamental del INRA en Santa Cruz mostró una cooperación activa entre el funcionario y los violentos avasalladores de Las Londras, lo que debería conducir a su inmediata destitución.
Para designar a su reemplazante, los expertos proponen que la Comisión Agraria Departamental (CAD) seleccione una terna de técnicos, de donde el INRA nacional escogería al nuevo director regional.
Por su parte, dirigentes de los periodistas de Santa Cruz llamaron la atención sobre un documento incluido en el cuadernillo de investigaciones, que los avasalladores de Las Londras obligaron a firmar a los retenidos y que luego hicieron notariar. El documento sería la plena prueba jurídica de que se trató de secuestradores, dado el beneficio económico que buscaban obtener con la retención.
