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La Semana Política

5 al 11 de diciembre de 2021

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Fantasmas útiles

Dominó la agenda de prensa de casi toda la semana el escándalo de los llamados “ítems fantasmas”, destapado en la alcaldía cruceña a través de una historia de ribetes telenovelescos. Fueron 800 inicialmente, 2.000 después y, según las últimas versiones, nada menos que 7.335.

Más allá de la existencia objetiva de las entidades fantasmagórico-salariales, lo cierto es que desde el oficialismo nacional se ha ensayado un amplio aprovechamiento político del tema, llegando a conectarlo con un hipotético “financiamiento de los 21 días”, obviando la coparticipación que tuvo el Movimiento Al Socialismo en las administraciones municipales implicadas.

La celeridad en el despliegue investigador del aparato público sobre los “fantasmas útiles” contrasta con la extrema lentitud demostrada en otros casos, como el de los secuestros de periodistas en Las Londras.    

¿No fue golpe, fue autogolpe?

La expansión de la nube “fantasma” permitió esconder o relativizar casi todo, empezando por la denuncia del abogado y coronel retirado Jorge Santistevan, quien afirmó que el comandante de las FFAA, Williams Kalimán, fue parte de un “plan conjunto” para pedirle la renuncia a Evo Morales en el 2019, con la anuencia de éste.

“Se tenía que configurar un supuesto golpe de Estado en contra de Evo Morales. La cadena de mando nunca se rompió, porque el ministro de defensa seguía en el comando de las Fuerzas Armadas”, dijo Santistevan.

De acuerdo a esta versión, que merecería una mayor relevancia mediática, lo sucedido en noviembre del año mencionado habría sido un autogolpe, tendiente a crear el escenario para el vacío de poder y un posterior regreso triunfal -y victimizado- de Morales al gobierno, siguiendo el modelo de lo acaecido en Venezuela en el 2002.    

Patty descubre a la élite azul

La ex diputada masista Lidia Patty, guerrera mediática del procesamiento a opositores, se declaró decepcionada porque la marcha a La Paz “no sirvió para hacer justicia”, además de “extrañada” por la liberación de Gabriela Zapata.

Tal vez, lo que haya descubierto recientemente la ex parlamentaria es la existencia de un estamento privilegiado, una nomenklatura, dentro del partido con pretensiones hegemónicas. 

Una élite azul que pone a los operadores judiciales a las órdenes de grandes intereses cleptocráticos, más que al servicio de las eventuales demandas de las bases sociales de esa fuerza política.

Criminalizar los 21 días

Si la agenda estuvo dominada por varios días, como decíamos, por los sueldos espectrales de la comuna cruceña, la semana terminó moviendo el eje de atención hacia las aparatosas detenciones en Potosí, tanto del presidente del comité cívico de ese departamento como del ex candidato Marco Pumari.

¿Se trata de un error mediático del gobierno, que debió seguir explotando el escándalo municipal en Santa Cruz de la Sierra, pero se dejó llevar por la angurria de aprovechar la oportunidad para nuevas detenciones políticas?

Es posible. Pero la verdad es que el encarcelamiento de Pumari representa un intento de criminalizar la lucha ciudadana de los 21 días, medida con la cual la administración gubernamental de Luis Arce Catacora puede haber abierto, advirtiéndolo o no, una formidable caja de Pandora de conflictividad político-social.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Emilio Martinez

Escritor y analista político

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