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Cabildo vs. control provincial
La semana inició con un Cabildo multitudinario realizado en Potosí, en protesta por la nueva ola de persecuciones políticas. A la cita no pudieron llegar el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, ni el ex presidente Carlos Mesa, que no contaron con el control territorial que las bases del Movimiento Al Socialismo conservan sobre las provincias del norte de ese departamento, dominio que ejercieron violentamente para evitar la libre circulación.
Entre las resoluciones del evento estuvieron exigir la liberación de los presos políticos, la auditoría del sistema electoral ante las dudas sobre el proceso del 2020 y la realización de un Cabildo Nacional en Santa Cruz de la Sierra para el 15 de enero.
Sobre el segundo punto, el presidente del TSE dijo que la revisión sería “innecesaria”, respuesta que no se correspondería con una situación de total transparencia: donde no hay nada que esconder, la auditoría no puede ser un problema. Sobre el tercer punto de las resoluciones, el presidente cívico cruceño, quien tampoco pudo llegar a la reunión, cuestionó que se “cargue” a Santa Cruz con responsabilidades sin que haya mediado una consulta.
¿Santa Cruz debió estar en el Consejo de Autonomías?
En la misma jornada se desarrolló el Consejo Nacional de Autonomías, sin la presencia del presidente Luis Arce, quien prefirió asistir a la reunión del club de los dictadores del ALBA en Cuba, ni de Camacho, varado en la carretera de Potosí. Desde Santa Cruz, hay quienes opinan que la Gobernación cruceña debió haber estado representada en el evento, para cuestionar los recortes a la autonomía que implica la Ley 1407.
La reunión del Consejo sirvió también para relanzar al vicepresidente David Choquehuanca en su rol discursivo de conciliador. Por otra parte, se visibilizó a terceros actores, como los gobernadores que, no siendo parte del oficialismo, se mantienen al margen de la polarización.
Los partidos se mueven
Teniendo en cuenta que la normativa vigente obliga a los partidos políticos a adecuar sus estatutos orgánicos hasta fin de año, se registraron movimientos en varias fuerzas: desde Comunidad Ciudadana se anunció la separación jurídica del FRI y Mesa dio un curioso discurso hablando de la “democracia comunitaria”; Samuel Doria Medina dio un paso al costado en la jefatura nacional de UN, aunque conservará la secretaría general del partido; mientras que Demócratas tuvo un congreso extraordinario donde Rubén Costas volvió a dar mensajes sobre el panorama político actual.
Maltrato a presos políticos
Fue noticia el destrato, psicológico y físico, sufrido por la ex presidente Jeanine Añez, de parte de una teniente del penal donde se la mantiene en detención indebida. Ante las protestas de su familia se agregó un nuevo atropello, con la decisión de enviarla a una celda común, en un área donde se encuentran las internas de mayor peligrosidad. El caso llegó al Congreso de España, donde un legislador pidió “justicia para la finalista del Premio Sajarov”.
Casi al mismo tiempo, la esposa de Marco Pumari denunció que éste habría sufrido torturas durante su aprehensión. Todo parece indicar que los lamentables procedimientos empleados contra los presos políticos en Venezuela y Nicaragua podrían repetirse en Bolivia.
El fantasma más (o menos) buscado
Entretanto, siguió dando de qué hablar el escándalo de los ítems fantasmas de la alcaldía cruceña. Ahora con dos aditamentos: 1) la llamativa inoperancia oficial para dar con el “fantasma” más buscado, Tony Parada, que habría salido sin mayores problemas del país y quien, recordemos, hizo campaña por el Movimiento Al Socialismo en las elecciones del 2014; y 2) la prohibición dictada por el alcalde Jhonny Fernández, para que ninguna repartición de la comuna cruceña facilite información a la prensa ni al propio Concejo Municipal. Orden que, a todas luces, viola tanto la libertad de información como el rol de fiscalización que le corresponde al Legislativo local.
Paralelismo: vieja táctica y nuevo ingrediente
Reeditando las prácticas implementadas contra organizaciones indígenas como Cidob y Conamaq, el masismo instaló un “clon” de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), e intentó hacer algo similar en Santa Cruz de la Sierra con un “comité cívico popular”.
No es la primera vez que se intenta esto último, pero el nuevo ingrediente es que se trató de hacerlo con el concurso de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (Cadepia), posible síntoma de que el olfato político de Evo Morales detectó la importancia de mantener a los emprendedores populares dentro del bloque social del MAS.
