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El presidente rechiflado y el cocalero volador
El pasado fin de semana, el presidente Luis Arce habló en el acto de aniversario de las Fuerzas Armadas. A través de las redes se pudo ver cómo las palabras del mandatario eran recibidas con rechiflas por los asistentes a la parada militar, al momento en que trataba de promover la narrativa sobre el “golpismo”.
Quizás nadie le hizo notar que, previamente, el comandante César Vallejos había remarcado que las Fuerzas Armadas “siempre actuaron bajo la Constitución y las leyes”, lo que descarta la participación en el supuesto golpe de Estado.
El presidente debería vigilar quiénes le preparan los discursos y si entre éstos no hay operadores más interesados en el retorno al poder de Evo Morales que en la adecuada conclusión de su gestión.
También a comienzos de la semana trascendieron los vuelos hechos por Morales a bordo de una aeronave estatal, sin que ocupe ningún cargo gubernamental que pudiera justificar esos viajes a costa del erario público.
La denuncia fue respondida con alegatos contradictorios: militantes del Movimiento Al Socialismo afirmando que ellos pagaron los desplazamientos con aportes voluntarios y un reporte de la FAB asegurando que el avión estaba “inoperable”.
Tradición evista de incumplimiento con la OEA
El martes, la Secretaría General de la OEA calificó a las elecciones bolivianas del 2019 como una “vergüenza hemisférica”, reafirmando su informe sobre el fraude y recordando el carácter vinculante del mismo. A pesar de haber sido quien pidió el informe, Evo Morales volvió a desconocerlo, recayendo en su tradición de incumplimiento de los compromisos asumidos ante la OEA.
Recordemos que, ya en el 2008, el entonces presidente Morales había suscrito con la oposición, bajo mediación y garantía de la OEA, un acuerdo explicitando que la reelección sería por una sola vez, punto establecido en las disposiciones transitorias de la nueva Constitución.
Sin embargo, se violó lo acordado ante el secretario general José Miguel Insulza, a quien ciertamente no podría acusarse de antipatía por los gobiernos de izquierda de la región. Desde entonces viene la larga cadena de incumplimientos evistas con la Organización de Estados Americanos.
Retorno de la “dictadura camaral”
El miércoles, el oficialismo planteó una demanda en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra los parlamentarios de oposición que, durante la sesión del 6 de agosto, dieron la espalda al presidente Arce cuando introdujo el relato del “golpe” en su mensaje.
De concretarse el proceso y las sanciones, que buscan suspender a los legisladores durante 12 meses sin goce de haberes, estaríamos ante un retorno a lo que años atrás se denominó como la “dictadura camaral”, en tiempos en que Gabriela Montaño presidía la directiva en diputados y acallar a la oposición era el pan de cada día.
Via crucis de Añez
En la segunda mitad de la semana, el país pudo ver a través de las cámaras de TV cómo Jeanine Añez fue objeto de dos traslados exprés entre el Penal de Miraflores y el Hospital del Tórax, en un intento de mostrar algún cumplimiento a pedidos del IDIF y de la justicia sobre una valoración de su estado médico.
Los estudios no parecen haber sido realizados en su integridad y en los operativos de traslado se observó el destrato hacia la ex mandataria, que luce físicamente desmejorada. Todo esto contrasta con el comportamiento humanitario que Añez mostró desde la presidencia hacia varios de los entonces asilados en la embajada de México, que recibieron salvoconductos -en algún caso por razones médicas- para la salida y posterior retorno al país.
Violación al 21F: la Caja de Pandora
Sin duda, la noticia de la semana estalló el jueves, con la Opinión Consultiva de la CorteIDH estableciendo que la reelección indefinida no es un derecho humano. Esto confirma la ilegalidad de la postulación de Evo Morales a los comicios del 2019 como el origen de los conflictos que se dieron a fines de ese año. La violación al veredicto popular del 21F fue la verdadera “Caja de Pandora” de la confrontación.
Uno de los pocos jueces disidentes en la CorteIDH fue Eugenio Zaffaroni, ex abogado de Morales, quien arguyó que “sería sumamente peligroso que esta Corte (…) asumiese competencia para prevenir todos los posibles ardides o engaños frecuentes para captar votos”. Un argumento increíble que parece justificar el “derecho al fraude”.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
