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Las y los periodistas somos esos seres extraños a los que nos fascina escribir la historia del país todos los días. Somos narradores de la realidad, guardianes de la verdad, especialistas en darle voz a la comunidad. En un país tan polarizado como el nuestro, enfrentamos presiones políticas y económicas de uno y otro lado, pero nuestra pasión por la libertad de expresión y la justicia es tan potente que nos impulsa a librar todas las batallas que se presenten en el camino.
Trabajamos mientras el resto de la gente duerme o disfruta la vida. Para nosotros, no hay horarios ni feriados. Tenemos esa extraña obsesión por informar, orientar, educar y empoderar a la sociedad a través de la investigación, el análisis y la denuncia. Queremos ser siempre la luz que ilumina en la oscuridad, arriesgándolo todo, incluso el bienestar familiar. Somos periodistas.
Por ello, resulta indignante que desde el poder político y grupos empresariales intenten burlarse de personas que simplemente han elegido el oficio (ahora profesión) de defender la democracia informado, investigando, analizando con veracidad. El único privilegio que tenemos es estar donde se producen los hechos noticiosos para transmitirlos al país, mejor si es en tiempo real.
Octubre no es solo el mes del retorno de la democracia, hace 41 años; del fin del neoliberalismo tras la masacre en la ciudad de El Alto, hace 20 años; del gravísimo golpe al sistema democrático con el fraude electoral de hace cuatro años. En este 2023, octubre es el mes que convoca a reflexionar sobre cómo se intenta menoscabar el rol de los periodistas.
El 28 de octubre de 2021, hace casi dos años, seis periodistas de cuatro medios de comunicación cruceños, pero de alcance nacional, fueron secuestrados y torturados en el predio denominado en ese entonces como Las Londras por un grupo irregular armado que horas antes había avasallado tierras de esa propiedad situada al norte del departamento de Santa Cruz.
Guiados por su instinto y sin pensar en los peligros, el grupo de reporteros llegó a lugar para mostrar a los lectores, televidentes, oyentes y consumidores de medios digitales la nueva forma de ocupación ilegal de tierras en el oriente boliviano, ejecutada por los interculturales, cuyo objetivo es la expansión, al margen de las normas y de la propia Constitución.
El plagio y los vejámenes a los periodistas, además de policías, trabajadores y empresarios agrícolas, es el más grave atentando a la libertad de prensa en Bolivia desde que en marzo de 1980, hace 43 años, paramilitares al servicio de Luis García Meza y Luis Arce Gómez torturaron y asesinaron al sacerdote Luis Espinal Camps, director del Semanario Aquí y de la Cinemateca Boliviana en la ciudad de La Paz.
La Fiscalía Departamental, que en las comparecencias mediáticas se mostraba urgida por dar con los autores del avasallamiento y las torturas, libró órdenes de aprehensión que se ejecutaron semanas y meses más tarde, dándoles la opción a los encapuchados de Las Londras para eludir la acción de la justicia. Y cuando los sindicatos fueron detenidos, el Ministerio Público actuó con evidente dilación y negligencia.
Sin embargo, el intento de engaño no se agotó en los fiscales. El Ministro de Gobierno y la Comandancia Departamental negaron que entre los secuestrados haya habido uniformados, pese a que se hizo público un parte policial que precisaba cómo los atacantes los trasladaron y los maniataron en un galpón de Las Londras.
Y como la instrucción política era que no haya víctimas entre los policías, los efectivos que fueron golpeados, amenazados y humillados por los avasalladores no iniciaron acciones legales y, por tanto, el caso es encarado con valentía por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz y un equipo jurídico comprometido con que se haga justicia.
No menos grave y aunque los hechos se produjeron hace varios meses atrás, este 9 de octubre se conoció públicamente cómo periodistas y trabajadores de distintas secciones del desaparecido diario Página Siete también habían sido burlados, no por autoridades del Gobierno que tienen a los medios independientes en la mira, sino por los principales accionistas del otrora emblemático periódico paceño.
Trabajaron con la pasión de siempre hasta el último aliento del rotativo, pese a que les debían sueldos de hasta siete meses. En algunas ocasiones asumieron el pago de los servicios básicos para que el diario siga funcionando, con la esperanza de que la situación de quiebra se revierta. Fue una ilusión. El dato de la realidad es que Raúl Garáfulic y Carlos Saravia se fueron del país sin pagar sus obligaciones económicas pendientes.
Tras el cierre definitivo del medio, exejecutivos y extrabajadores iniciaron negociaciones virtuales para conciliar el pago de los beneficios sociales, pero los primeros habrían mencionado con cierto tono de cinismo que los procesos laborales en Bolivia toman varios años en ser resueltos y que estaban dispuestos a apelar en cada instancia de la justicia laboral.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las asociaciones departamentales respaldaron a los afectados en la demanda laboral que interpusieron y exigieron, mediante un comunicado público, que las autoridades de Gobierno garanticen el pago de los beneficios sociales a los extrabajadores del diario paceño en el entendido de que son derechos irrenunciables.
En ambos casos, la reacción, la consecuencia y el compromiso expresado por las organizaciones de periodistas dan cuenta que la unidad del gremio será un elemento central para que las burlas y los engaños de los poderosos no pasen por el bien de la democracia, la sociedad y el periodismo bolivianos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
