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Hace unos días, un diputado del oficialismo planteó ejecutar a asesinos y violadores a manera de poner fin a la violencia incesante en el país. Con el mismo fin, hace un tiempo un senador de la oposición planteó una ley que permita castración química a violadores. Seguramente ambos parlamentarios consideran que el miedo que estas medidas más duras reduzcan los crímenes violentos, al generar estas un efecto de miedo o disuasión en los posibles criminales.
A pesar de que ambos parlamentarios están equivocados en la solución al problema, estos si hacen una afirmación innegable. Existe un sistema judicial corrupto e ineficiente que no es capaz de brindar seguridad a las víctimas. Los jueces no son tales, sino un mercaderes de sentencias judiciales.
De nada le sirve a las víctimas y posibles víctimas (de hechos futuros) que se asignen penas tan altas si estas no se cumplirán, sea porque los sentenciados cumplen solo una parte de la pena, que no sean rehabilitados durante su condena porque Palmasola es más un condominio privado que un centro penitenciario, o porque directamente no pagan sus delitos porque el juez, o les dicta detención domiciliaria o directamente los deja en absoluta libertad e impunidad.
El caso del juez Alcón, que liberó a un asesino y violador serial como Richard Choque no es sino la máxima expresión de la perversión de la justicia boliviana. Choque fue sentenciado a treinta años sin derecho a indulto, pero tan solo unos años después le otorgaron detención domiciliaria, y gracias a esta reincidió y cometió más asesinatos y violaciones.
El sistema judicial en Bolivia, sin duda alguna, está entre lo más bajo en un Estado rebosante de elementos fracasados e inoperantes, digno de ser parte de la Historia universal de la infamia de Borges.
Y hasta que el sistema judicial sea reformado radicalmente, cuando se desligue del control político y sea absolutamente independiente, cuando se realice la carrera judicial que hoy solo existe en papel, cuando existan pruebas de suficiencia cada cierto tiempo a todos los funcionarios judiciales (desde el auxiliar hasta el mismo juez) y la lucha contra la corrupción exista contra todos los corruptos y no sea esta selectiva, es que la justicia en Bolivia será tomada en cuenta o, en todo caso, existirá y dejará de ser una ficción plasmada en textos que, por su casi nula aplicación, cada vez parecen tener más similitudes a fábulas y utopías.
Cuando los jueces apliquen la ley y busquen justicia, y dejen de defender amigos y sus bolsillos, quizá este país sea un mejor y más seguro lugar para todos.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
