Al momento de cerrar esta edición de Mirada Sur, la elección en Perú sigue sin resolverse. Los últimos datos, contados un 95% de los votos, marcan una diferencia de menos de 20 mil votos entre quienes pugnan por el segundo puesto de cara a la segunda vuelta, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Ya fuera del problema se encuentra Keiko Fujimori, que con el 17% se aseguró su pase al balotaje. Si quiere seguir la definición minuto a minuto, lo puede hacer aquí.

En estas casi dos semanas que pasaron desde las elecciones hubo de todo: acusaciones de fraude, inoperancia en el conteo de los votos, demandas penales contra gerentes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la renuncia del jefe de dicho órgano, Piero Corvetto, por considerar que no se siente capacitado para “contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país”. El conteo de votos viene siendo el más complicado de la historia del país, con 27 millones de electores habilitados, 5 elecciones simultáneas y una papeleta con tantos partidos como nunca antes se había visto. En ese contexto, la desconfianza general caldeó los ánimos y empujó la tensión al máximo. A eso se le sumaron problemas concretos durante la jornada: mesas que abrieron tarde, falta de material electoral en varios centros de votación y dificultades en la transmisión de actas. Todo lo cual explica en parte la demora, pero a la vez contribuye a aumentar el clima de sospecha en una elección que se definirá por una diferencia mínima.

LA CRISIS DE LOS AVIONES. En medio de la indefinición y la incertidumbre de unas elecciones insólitas, consultamos a José Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y le preguntamos cómo ha sido la semana en su país.
“Ha sido una semana de locos. Acá no hay semanas que no sean de locos. Antes de las elecciones ya se sabía que el encargado de la Presidencia, José María Balcázar, tenía que elegir su gabinete y el Congreso refrendarlo. Pero él esperó. Pasaron las elecciones y siguió esperando. Y a pesar del caos electoral, la gente empezó a decir: qué pasa con tu gabinete, toca que te den el voto, porque sin el voto estamos formalmente descabezados. El gabinete no puede firmar, no puede aprobar proyectos, hay un montón de actos legales que no se pueden realizar. El jueves pasado se presentó en el Congreso al gabinete y le dieron el voto de confianza. Y a este señor, Balcázar, que es un viejito de 80 y tantos años, ya con rasgos de senilidad, la prensa le preguntó por los aviones Caza F16, cuya compra había sido acordada con los Estados Unidos. El respondió que le iba a pasar la decisión al siguiente gobierno. Una decisión que ya estaba tomada, se había firmado un precontrato y aprobado una transferencia por un adelanto de 460 millones de dólares. Como consecuencia de esto, le renunció el ministro de Defensa y el Canciller. Pero no fueron renuncias diplomáticas o amistosas. Sino que en sus cartas literalmente le decían a Balcázar que era un mentiroso. Y se planteó una nueva moción de censura, por lo que otra vez tuvimos la posibilidad de sacar un presidente”.

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS. Respecto a las elecciones, José dijo: “Estamos en una especie de limbo de conteo de votos, con miles de actas observadas. Tantas, que el conteo ya se ha demorado dos semanas. Ya hay varias voces que están pidiendo elecciones complementarias, sobre todo por lo que pasó en Lima. Se calcula que fueron unas 200-300 mil personas que no pudieron votar. Si eso es así, estás hablando que el 20% de esos votos podrían haber ido para Rafael López Aliaga. Entonces claro, Porky es el primero que se ha quejado. Y luego fue apoyado por dos partidos más, Fuerza Popular y el partido de gobierno. Pero a la izquierda no le convienen las complementarias y salieron a decir que se oponían a eso. Todavía todo está en pleno desarrollo”.

Las dos figuras que pugnan para competir en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori no podrían ser más diferentes. López Aliaga es un ingeniero industrial de 65 años, que levantó su fortuna invirtiendo en ferrocarriles y hoteles. Fue elegido alcalde de Lima en 2022, pero a finales del año pasado renunció al cargo para lanzarse a la presidencia. Es un fervoroso católico. Por su parte Roberto Sánchez es un ultraizquierdista que cultiva un perfil indigenista y reivindica al ex presidente Pedro Castillo, hoy preso por intentar dar un golpe de estado.

“Puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos», afirmó esta semana al diario oficialista ‘Granma’ el subdirector a cargo de EE. UU. en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro. Se trata de la primera visita de jerarcas americanos a la isla comunista en muchos años, y representa una nueva confirmación oficial de que hay un diálogo en marcha entre Washington y La Habana, para lograr una apertura política en el país.

La situación de Cuba es desesperante. Tras seis décadas de experimento comunista, el país atraviesa una crisis económica y social sin precedentes. La cual está agravada por la desaparición del último gran “sponsor” del régimen, el gobierno chavista de Venezuela. Y la presión de Estados Unidos a otros países de la región, para que no regalen más petróleo a la isla hasta que se generen condiciones para un cambio democrático.

Este reconocimiento por la parte cubana llega días después de que tres medios estadounidenses publicaran, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril. Las informaciones procedentes de EE.UU., en general complementarias y coincidentes, apuntaban que los representantes de Washington exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de dos semanas de presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo. El medio estadounidense ‘Axios’ afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en estos diálogos.

FUERA DE LA REALIDAD. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo esta semana que el diálogo con Washington solo se puede desarrollar si la potencia del norte respeta las condiciones cubanas. “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”, afirmó. Lo que Díaz Canel no explica es que este diálogo avanza porque la situación de su país es insostenible, y requiere apoyo urgente para evitar un colapso total, económico y social. Pese a ello, el regimen busca “vender” una imagen de normalidad y planifica actos masivos para el próximo 1 de mayo, con delegaciones invitadas de todo el mundo. Eso mientras los cubanos de a pie mueren literalmente de hambre y no tienen energía eléctrica ni combustible para funcionar.

La muerte de dos agentes estadounidenses en México, cuando regresaban de una operación contra los cárteles en el norte del país, está generando una nueva crisis entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Los agentes, que se confirmó que eran parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), murieron al estrellarse el vehículo en el que viajaban cuando regresaban de una operación dirigida por las fuerzas armadas de México para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas, dijeron las autoridades del estado de Chihuahua, donde ocurrió el accidente.

Pero todavía más que el hecho, lo que generó más comentarios fue la reacción de la Casa Blanca ante el episodio. “Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente para frenar el narcotráfico”, señaló Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, durante una entrevista con la cadena Fox News. “Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente (Donald Trump) siempre quiere ver más cooperación”, agregó.

Lejos de eso, Sheinbaum dijo que su gabinete no tenía conocimiento previo de las actividades de los estadounidenses en Chihuahua e investigaría si su participación en la operación violaba las leyes de seguridad nacional de México. “Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permita operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial”, dijo Sheinbaum el martes por la mañana en su conferencia de prensa diaria. “Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra”, dijo. “De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuales son las sanciones correspondientes”.

TRASFONDO. La CIA, junto con el Pentágono, ha asumido un papel más amplio en la guerra contra las drogas y los narcotraficantes desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo a principios del año pasado. Históricamente, la campaña contra los cárteles ha estado dirigida por el Departamento de Justicia estadounidense y su brazo policial, la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés). Pero después de que el gobierno de Trump designara a unas dos decenas de organizaciones de narcotraficantes como grupos terroristas el año pasado, recurrió al ejército y la CIA en la batalla contra los cárteles. Pero esto genera incomdidad en el gobierno mexicano, que no quiere quedar a la luz de la opinión pública como habilitando el accionar militar directo de Estados Unidos en su territorio.

Si bien Sheinbaum ha logrado hasta ahora manejar con gran diplomacia su vínculo con Trump, las profundas diferencias ideológicas entre ambos generan una permanente tensión, que puede explotar en cualquier momento.

El gobierno del El Salvador inicio un juicio contra unos 500 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13). Todos juntos en una misma causa. Entre los acusados hay líderes de la ranfla (máxima jerarquia), jefes territoriales y fundadores del grupo criminal. Se trata del primer juicio masivo contra la cúpula de una pandilla a la cual Fiscalía atribuye 47 mil delitos. Alrededor de 29 mil son homicidios, entre ellos el asesinato de 87 personas durante un fin de semana de marzo de 2022, que fue el gatillo que disparó la estrategia con la cual el presidente Nayib Bukele inició su guerra antipandillas que resultó en 91.000 detenidos. Pero también se cuenta tráfico de armas, terrorismo y extorsión masiva, siendo esta última modalidad la fuente de ingresos principal de la organización.

No hay juicios individuales, sino una imputación colectiva a la estructura criminal. Muchos de los acusados participan por videoconferencia desde cárceles de máxima seguridad, en un formato con el cual el gobierno busca acortar los tiempos y evitar que el sistema judicial colapse ante la magnitud de la tarea. Las imágenes de los reclusos en ropa interior blanca, reunidos frente a una pantalla, esposados y con fuerte custodia, recorrieron el mundo, y las organizaciones de derechos humanos pusieron el grito en el cielo. Reclaman que no hay análisis individual de los casos, que el derecho a la defensa es limitado y que no existen pruebas suficientes para condenarlos. No obstante, Fiscalía asegura tener “pruebas abundantes para pedir las penas máximas”.

TRASFONDO. Para poder entender lo que está ocurriendo en El Salvador es necesario mirar para atrás. Durante décadas, el pequeño país centroamericano fue uno de los más violentos del mundo, con grandes zonas del territorio controladas por las pandillas. La Mara Salvatrucha y otras bandas criminales operaban con total desparpajo e imponían sus propias reglas, extorsionando a los comerciantes y aterrorizando a la población. Las cosas empezaron a cambiar en 2022, cuando el gobierno de Bukele decretó un régimen de excepción que suspendió garantías constitucionales y habilitó detenciones masivas. El Estado recuperó el control del país, los homicidios bajaron dramáticamente y en poco tiempo El Salvador pasó a ser el país más seguro de la región. La popularidad del llamado Presidente Milenial se fue a las nubes y en las elecciones de 2025 su reeleccion se consumó con un contundente 85% de los votos.

POR QUÉ ME IMPORTA. En una región atravesada por la violencia y el crimen organizado, el modelo Bukele ha prendido como una chispa en pasto seco. Toda América Latina observa con atención lo que ocurre en El Salvador. Y los números respaldan al presidente. Para muchos, la baja en los homicidios que ha logrado en unos pocos años y el apoyo masivo de la población, legitima sus métodos y justifica los excesos denunciados por las organizaciones sociales. Pero al mismo tiempo se abre una discusión inevitable: ¿Hasta dónde puede ir el Estado en la búsqueda de seguridad sin debilitar las garantías básicas de los ciudadanos?

Convocados por el presidente español Pedro Sánchez, una veintena de dirigentes políticos de izquierda se reunieron en Barcelona para una puesta en escena que buscaría enfrentar una ola “reaccionaria” y defender los principios democráticos. Estuvieron allí, entre otros, Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Gabriel Boric, expresidente de Chile. La reunión llega como una “altertantiva” política, como describió Petro, ante el avance de la derecha en el mundo. Y aunque hubo pocas menciones directas a Trump, las alusiones al presidente de EE.UU. marcaron un punto en común entre los participantes.

Este reciente reverdecer del sentimiento democrático por parte de los dirigentes de izquierda de la región, que durante muchos años han definido a este sistema como un engaño de las clases opresoras para mantener sus privilegios, es tan bienvenido como poco creíble. Es que si vemos lo que ocurre en América Latina, por ejemplo, las únicas tres dictaduras completas en tiempos recientes han sido Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos se definen como “de izquierda”, y sus dictadores hasta no hace mucho participaban sonrientes en foros con muchos de estos mismos políticos que ahora se reunieron en Barcelona.

Como agregado, varios de estos mandatarios no suelen tener expresiones muy ajustadas al sentir democrático, que implica de base un respeto por quien piensa diferente, y una comprensión cabal de que la alternancia en el poder es algo esencial de una democracia. Veamos por ejemplo, la forma poco edificante en que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se refiere a sus rivales políticos. Por no mencionar la reforma judicial que impuso en su país, y que viola un principio sagrado de la democracia como la separación de poderes. O el caso del presidente brasileño Lula da Silva, que trabaja codo a codo con integrantes de la Suprema Corte (a quienes él mismo designó) que mantienen un esquema de censura formal sobre la oposición, que sería inaceptable en cualquier país democrático del mundo.

Pero lo más llamativo es lo del propio organizador, Pedro Sánchez, quien al mismo tiempo que se llenaba la boca hablando de democracia, en su país salían a luz los videos de como intentó amañar las internas de su partido para llegar al poder. Ni que hablar de lo que ha sido su gestión, donde para mantenerse en el poder ha sido capaz de todo tipo de estratagema y alianzas con quienes hasta asumir el gobierno, aseguraba que nunca tendría un acuerdo.

Tal vez si estos dirigentes están tan preocupados por un “empuje de las derechas”, deberían mirarse en el espejo y analizar qué han hecho mal, o qué tan serio es su compromiso democrático. Porque el reflejo, a la mayoría, no los deja bien parados.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor