La situación en Venezuela hoy es de máxima tensión. El país es por estos días el escenario de una sensacional obra de teatro al aire libre, con temática militar, donde el actor principal Nicolás Maduro, intenta mostrar un país en pie de guerra, y unas fuerzas armadas de temer, frente a la creciente presión militar de Estados Unidos.

En el primer acto de la obra, la Casa Blanca declara al régimen venezolano como organización terrorista. Le pone precio a la cabeza de Maduro, 50 millones de dólares, y lo acusa de ser jefe del cártel de los Soles, una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala, integrada por altos mandos de las FFAA venezolanas. Segundo acto: Estados Unidos anuncia su ”combate a los carteles de la droga” y tras cartón, fondea siete buques de guerra y al menos un submarino nuclear cerca de la costa de Venezuela, en aguas del mar Caribe. Van, ademas, 4.500 efectivos, entre marines y fuerzas armadas. Tercer Acto: Maduro responde movilizando tropa: unos 15.000 soldados en la frontera con Colombia y en su mar territorial. Califica el despliegue estadounidense como un intento de “cambio de régimen ilegal” y llama a la población civil para conformar una milicia nacional con la cual defenderse del enemigo.

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anuncia el empleo de drones y lanchas de combate a través de videos en redes sociales que reciben la burla masiva del mundo cibernético. Los internautas satirizan diciendo que los drones parecen de juguete y que el régimen chavista los compró en Temu. Mientras tanto, tras bambalinas, la población venezolana sigue sufriendo la crisis económica, los apagones, la escasez de alimentos, de combustible, la represión y la falta de libertades que hacen el día a día del país y que llevó a que cerca de 8 millones de personas emigraran.

Venezuela cayó en una nueva etapa de tensión, determinada por la presión internacional, sobre todo del gobierno de Trump. Washington le muestra los músculos desde muy cerca. Los caminos diplomáticos se agotaron y los problemas internos de Venezuela, que son muchos, se ven relegados por los conflictos con el exterior. Los movimientos de Estados Unidos presionan al régimen chavista, pero también le mandan un mensaje a las potencias amigas del país caribeño: Irán, Rusia y China.

QUÉ PUEDE PASAR. ¿Puede Estados Unidos entrar en Venezuela y terminar con Maduro y su régimen? En términos militares, es evidente que sí. Estados Unidos tiene sobrada capacidad bélica para invadir Venezuela. Pero los analistas más serios ven poco probable que Donald Trump se lance a una aventura militar de ese tipo, y menos con apenas 4.500 marines. Lo que sí es probable, es que la movilización militar americana esté destinada a cortar el flujo de exportación de droga y contrabando desde Venezuela, que es lo que mantiene vivo económicamente al régimen. A la vez que interrumpiendo el negocio de la cúpula militar de la dictadura, crezca el interés de los militares por sacarse de encima a Maduro, y buscar alguna forma de entendimiento con Washington.

Los medios regionales no suelen informar demasiado sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Y no es una decisión inocente, ya que la debacle completa del modelo de socialismo indigenista que tanto se elogió, marca un nuevo ejemplo de cómo las políticas socialistas llevan a un país a la ruina. Y es mucho lo que está pasando hoy en el altiplano.

La noticia más fuerte esta semana fue la decisión judicial de liberar a los tres dirigentes políticos que estaban con prisión preventiva desde hace más de tres años, de forma completamente ilegal. La ex presidenta Jeanine Añez, y los dirigentes Luis Fernando Camacho y Marco Pumani salieron en libertad esta semana. La noticia tuvo un fuerte impacto y reabrió el debate en relación a la crisis política de 2019, que todavía divide al país entre quienes consideran que hubo un “golpe de Estado” y quienes sostienen que lo que ocurrió fue una rebelión ciudadana pacífica frente al “fraude electoral”. Bajo cuerda, la mayoría de los analistas creen que esto prueba la politización completa del sistema judicial boliviano, y que los jueces anticipan un acceso al poder de la oposición.

Vale recordar que los tres líderes políticos fueron detenidos en el marco de los hechos de 2019, cuando en medio de un conteo electoral que marcaba una derrota para el partido de Evo Morales, hubo un “problema técnico” que frenó el conteo de votos. Cuando se siguió con el escrutinio, el MAS ganó con comodidad. Las denuncias de fraude generaron violentos choques, de los cuales el gobierno responsabilizó a los ahora liberados.

CAMPAÑA. Pero nada de esto es comprensible si no se analiza en el contexto de la campaña para la segunda vuelta electoral en Bolivia, donde dos dirigentes de la oposición, como Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, pugnan por llegar a la presidencia. El debate esta semana estuvo marcado por la propuesta de Paz, quien ganó con cierta distancia en primera vuelta, para que su rival renuncie a la campaña y formen un gobierno de unidad. “Si la candidatura de Tuto Quiroga renunciara en un acto de grandeza y desprendimiento, mañana nos sentaríamos a establecer una transición rápida y generar los cambios necesarios en el país”, afirmó Paz. “La única forma de que no participe en segunda vuelta del 19 de octubre es que esté enterrado”, respondió Quiroga.

La polémica ha vuelto a encender alarmas sobre algunos vínculos de la campaña de Paz con sectores del actual oficialismo. Los rumores se potenciaron tras la reunión esta semana del presidente Luis Arce con Paz para compartir información económica clave y preparar un eventual proceso de transición. Pero el mandatario explicó que convocó a los dos candidatos, y que Quiroga declinó la invitación. Claramente, mientras que Paz apuesta a presentarse como moderado y “votable” para los sectores de izquierda, Quiroga apuesta por un perfil rupturista. De hecho, esta semana mantuvo una entrevista con el politólogo argentino Agustín Laje, donde dijo ser gran seguidor del “modelo Milei”, y prometió políticas de shock para encaminar la economía del país.

Las finanzas de Puerto Rico son un problema desde hace mucho tiempo. Pero sus problemas se agravaron radicalmente a consecuencia del paso del huracán María en 2017. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha dado un fuerte golpe en la mesa, en la gestión financiera de ese estado libre, no asociado, al remover a seis de los siete miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, causando un gran revuelo en la isla. La Junta, que está compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de EE.UU., ha estado a cargo de revisar los presupuestos del Gobierno de Puerto Rico, con el objetivo de reducir la deuda pública, que superaba los $70 mil millones, junto con $55 mil millones en pasivos de pensiones no financiados, y asegurar la responsabilidad fiscal y la estabilidad financiera de la Isla.

La decisión de Trump se enmarca en fuertes denuncias contra la Junta, que ha sido acusada de ineficiencia y gasto excesivo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. La noticia ha recibido amplia cobertura y la experta en América Latina, Maria Anastasia O´Grady, publicó una interesante pieza en el Wall Street Journal explicando el tema, y hablando con el académico Ángel Carrión Tavárez, otro amigo de Mirada Sur. Entonces cortamos por lo sano y le preguntamos a Ángel, qué está pasando en Puerto Rico.

“La destitución de casi todos sus miembros paraliza la capacidad deliberativa de la Junta, que depende de votaciones internas para certificar planes fiscales, aprobar presupuestos y negociar acuerdos de deuda. Esta destitución masiva no solo altera la dinámica interna de la Junta, sino que reabre el debate sobre su perfil colonial, legitimidad y eficacia en la gobernanza fiscal de Puerto Rico”.

Según Ángel, “El presidente Trump tiene la prerrogativa de nominar nuevos miembros, pero sus nombramientos requieren interacción con el Congreso. Dependiendo del perfil de los nominados, podría esperarse una redefinición ideológica y de enfoque de la Junta, así como una mayor presión fiscal y política en Puerto Rico”. Parte de la ineficiencia de la que se acusa a la Junta se debe a su incapacidad para transformar estructuras profundamente arraigadas. Como explica Carrión Tavárez: “El problema no es solo técnico, sino cultural. La Junta ha chocado con una cultura económica y política que privilegia el cortoplacismo y resiste los cambios estructurales. Sin una transformación institucional y de política pública amplia y profunda, fundamentada en la libertad económica, las soluciones a los problemas de Puerto Rico seguirán enfrentando obstáculos”.

La política colombiana sigue impactada por el crimen del joven senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta semana se informó que el joven de 15 años que disparó contra Uribe, fue sentenciado apenas a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores. Tampoco será trasladado a una cárcel de mayores al cumplir los 18 años. “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, dijo el abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera.

Mientras la investigación policial sobre los autores intelectuales del asesinato sigue sin mayores avances, la coalición Centro Democrático informó que Miguel Uribe Londoño — padre del político asesinado— fue escogido por su familia para entrar en la contienda electoral y continuar su legado político. El senador fallecido era uno de los más activos opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Uribe Londoño ha tenido una vida marcada por la tragedia, ya que además de su hijo recientemente asesinado, también su esposa fue muerta por el narcotraficante Pablo Escobar.

“SINIESTROS”. El día del entierro de su hijo, Uribe Londoño indicó que delegaba la decisión sobre el legado político de su hijo al expresidente Álvaro Uribe Vélez —sin parentesco—, quien es el líder del Centro Democrático. “Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no la desaprovechemos”, aseguró el padre durante las honras fúnebres. “Ya sé que estoy en la mira de los mismos intereses siniestros que cesaron la vida de mi hijo. Quiero que sepan que no me intimidan y no me van a quebrar (…) Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio. Un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad, un movimiento que transforma la sangre de los mártires en semillas de libertad. Hoy lo anuncio: me entrego por completo a esta causa”.

Si bien las elecciones en Colombia recién están fijadas para mayo de 2026, el clima político del país ya es de máxima tensión. En especial por el caos que viene siendo el gobierno de Gustavo Petro, que vive inmerso en un clima de descontrol, falta de ejecutividad, y crisis permanente.

Ismael “El Mayo Zambada”, uno de los narcotraficantes más buscados de la historia de México, es una excepción. Es que el gran jefe del cártel de Sinaloa logró lo que pocos delincuentes de su nivel logran: llegar a viejo en libertad. Zamabada tiene 77 años y hasta el 25 de julio de 2024, cuando después de varias décadas tras su rastro, la DEA logró ponerle las esposas en el Paso, Texas, nunca antes había sido atrapado. Esta semana se supo que Zambada se declaró culpable y aceptó los cargos por liderar una organización criminal. Este mea culpa se produce luego de un pacto con la Fiscalía, por el cual Zambada declaró también haber enviado 1.500 toneladas de cocaína hacia EE. UU., además de marihuana y heroína.

El capo de la droga de 77 años confesó haber ordenado asesinatos contra miembros de carteles rivales y pagado sobornos para mantenerse al margen de la ley. Por todo esto, ofreció disculpas al final de la sesión a “todas las personas que sufrieron” por sus actos y reconoció “el enorme daño que las drogas ilegales le han causado a personas en Estados Unidos, México y en otras partes”. El juez Brian Cogan programó la audiencia de su sentencia para el 13 de enero de 2026. También dictó una enorme multa reparatoria de US$15.000 millones.

La gran duda que estremece a buena parte del sistema político mexicano hoy, es si Zambada pasará información que implique a líderes políticos y económicos de su país a la justicia de Estados Unidos. Por un lado, hay quien dice que este acuerdo, así como el hecho de que varios integrantes de su familia parecen haberse trasladado a Estados Unidos en las últimas semanas, llevan a creer que hay intercambio de información relevante. Otros creen que no estaría brindando información. Tal vez la palabra más autorizada para entender el tema sea la de la periodista especializada Anabel Hernández, quien ha dicho que sí hubo colaboración de “El Mayo”, pero que nunca será reconocida por las partes.

TRASFONDO. Durante más de medio siglo Ismael Zambada fue un fantasma para las autoridades. Siempre se habló de él como el verdadero cerebro del cártel de Sinaloa, incluso por encima del célebre Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en los Estados Unidos. En la audiencia del lunes pasado, celebrada en Nueva York, Zambada reconoció haber dirigido el poderoso cártel, a través del cual traficó miles de toneladas de cocaína, heroína y fentanilo, y pidió perdón, tanto a México como a los Estados Unidos, por el daño causado. Su captura ocurrió hace poco más de un año en un pequeño aeropuerto cerca a la ciudad del El Paso, en el estado de Texas. Según dijo, fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo.

Este lo cito con un pretexto y cuando el veterano narco llegó a la cita, lo emboscaron, lo ataron de pies y manos y lo cargaron en un avión privado. La nave aterrizó en territorio norteamericano, donde lo esperaba la DEA para meterlo preso. La historia no es de lo más verosímil. Para llegar a la posición de Zambaba es preciso ser muy cauteloso y desconfiado. Alguien con esas dos características no caería en una celada como la que recién se narró. Pero lo cierto es que hoy, Estados Unidos puede ostentar su trofeo de caza, mientras México se queda con las dudas y los nervios. Muchos no podrán dormir pensando en la noche que se les vendría si el Mayo decide cambiar de opinión y empezar a hablar, y las estructuras del narco mexicano continuan trabajando como siempre, pero con nuevos líderes. El negocio sigue intacto.

LA PLATA DE ZAMBADA. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su país reclamará a EE.UU. una parte de los bienes confiscados a Zambada, alrededor de 15 mil millones de dólares. La intención de la mandataria es invertir ese dinero en programas sociales en comunidades afectadas por la violencia del narco. Sin embargo, no va a ser una negociación fácil para Sheibaun. Históricamente Estados Unidos se ha mostrado reacio a compartir ese tipo de activos.