Una Colombia conmovida y en shock, despidió esta semana al asesinado senador y pre candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Miles de personas se acercaron al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, y luego a la Catedral, para las honras fúnebres del legislador, cuya muerte ha regresado al país a los peores años de la violencia política. La ausencia más llamativa fue nada menos que la del presidente Gustavo Petro, quien al parecer tuvo intenciones de asistir, pero la familia habría preferido que no lo hiciera. La relación de Petro con el senador asesinado no era buena, e incluso en un discurso público horas antes del funeral, Petro había confundido su nombre.

El sepelio mostró imagenes conmovedoras de la familia de Uribe Turbay, quien tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un joven menor de edad, pasó semanas en tratamiento intensivo antes de fallecer. En particular fue impactante el discurso de su padre, recordando como la violencia en su país había costado la vida primero de su esposa, y ahora de su hijo. También tuvo un mensaje político muy directo, y señalando a los responsables de la situación que vive Colombia.

LA VOZ LOCAL. Para tener una mirada local sobre el impacto que este crimen político ha tenido en Colombia, consultamos a la politóloga Marcela Prieto Botero, que nos decía lo siguiente: “La muerte de Miguel Uribe ha generado un profundo impacto social porque representa el asesinato de una voz joven, clara y sin ambigüedades en la política colombiana. Miguel encarnaba una promesa de renovación en la derecha, defendiendo con firmeza la seguridad como pilar fundamental para cualquier otro avance. Su asesinato ocurre en un contexto en el que Colombia vive una crisis de seguridad que recuerda los años más oscuros de los noventa, cuando el narcotráfico y la violencia del Cartel de Medellín marcaron la vida nacional. Hoy, los niveles de siembra y producción de cocaína son los más altos de la historia, controlados por disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y redes criminales transnacionales como el Tren de Aragua, con apoyo o complicidad del régimen de Nicolás Maduro a través del Cartel de los Soles”.

Le preguntamos a Marcela cuál puede ser el impacto político de este crimen, y nos decía que “podría convertirse en un punto de inflexión para la política nacional. Colombia no permite la reelección presidencial, lo que significa que Gustavo Petro no podrá repetir, pero sí podría aspirar a dejar un sucesor del Pacto Histórico. Según las últimas encuestas, el presidente aún cuenta con cerca del 38% de intención de voto, a pesar de su ineficiencia, corrupción y complacencia con el crimen organizado. Actualmente ya existen iniciativas encaminadas a lograr la unidad y a definir un candidato único que corra en contra del aspirante del Pacto Histórico. Si la muerte de Miguel logra unir a los sectores democráticos que defienden el Estado de derecho y la seguridad ciudadana, entonces su sacrificio no habrá sido en vano”.

Bolivia acude a las urnas este domingo, para votar en elecciones clave, no sólo para el futuro de ese país andino. Sino que son una muestra ejemplar (otra) de las consecuencias de algunos modelos políticos que siguen seduciendo a los latinoamericanos.

Las encuestas dejan poco margen de duda. Dos candidatos opositores, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, encabezan los sondeos, y serían quienes pasen a una segunda vuelta. El primer aspirante con vínculos a los gobiernos de izquierda que han manejado el país desde hace 20 años, Andrónico Rodriguez, recién aparece en el cuarto lugar, y sin chances. Y las gran figura de las últimas décadas de la política bolviana, Evo Morales, clama por la abstención desde su reducto de Chapare.

Es que la situación de Bolivia es trágica. Crisis económica crónica, desempleo, inflación, dólar disparado y escacez de productos de primera necesidad. Colas interminables para cargar combustible o comprar pan. Incluso el gas, que era la gran riqueza del país, la que permitiría subsidiar el desarrollo y el consumo de los sectores históricamente postergados (según el manual socialista), hoy escasea y su exportación se ha derrumbado. Consecuencia inevitable de un proceso de nacionalización, que ha frenado toda inversión en búsqueda de nuevos yacimientos. O sea, lo mismo que ha ocurrido en Venezuela con el petróleo, o en Argentina con la carne en tiempos del kirchnerismo.

¿Será esta la chance de un cambio profundo en Bolivia? Se lo preguntamos al perioidsta y analista Emilio Martínez Cardona. “La posibilidad de alternancia es hoy un motivo de alegría muy grande en Bolivia, aunque hay un desafío muy grande. Lo más probable es que haya un cambio de ciclo sí. Pero quien gane tomará una economía arruinada y con Evo Morales listo para desestabilizar desde su narco-bastión. Quiroga y Doria Medina deberán cooperar de alguna forma, para poder encaminar la situación que hereden”.

Según Emilio, “la incertidumbre está en el bolsón indecisos/nulos/blancos, de 20 a 30%, que puede servir de excusa a la asignación de votos “sorpresa” (fantasmas) a candidatos oficialistas. Pero tendría que ser muy grande la irregularidad para hacer entrar a Andrónico al balotaje. Creo que tienen más viables algunos objetivos más modestos: que Andrónico sea un tercero fuerte para arbitrar lo que suceda en la segunda vuelta”. Emilio remarca que hay asesoramiento antifraude del equipo técnico de María Corina Machado en el comando de Quiroga. Además, hay una coordinación de control electoral entre los frentes opositores, para evitar un fraude, como se quiso hacer por Morales en 2019. Para tener más datos de Emilio sobre la elección, esta entrevista es muy buena.

¿Habrá cambio en Bolivia? ¿Aprenderá el continente la lección esta vez?

Estados Unidos parece estar estrechando el cerco en torno al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Esta semana ese país aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por la entrega de Maduro, a quien se vincula directamente con el llamado Cártel de los Soles. “El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tales”, dijo días atrás el secretario de Estado Marco Rubio. “Son una organización criminal que tomó el control del territorio de un país, y que por cierto también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”.

El Gobierno de Estados Unidos dijo haber confiscado más de 700 millones de dólares en activos a Maduro. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro. “Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi

Desde Caracas, el núcleo duro del régimen bolivariano pareció abroquelarse en torno a Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respaldó al mandatario de su país, afirmando que la recompensa ofrecida por la Administración Trump “es una una violación flagrante al Derecho Internacional”. Un comunicado leído por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que Washington busca “desestabilizar la paz, la tranquilidad y la consolidación de la prosperidad de toda la patria venezolana”.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello,desestimó la acusación de Estados Unidos de incautaciones sobre más de 700 millones de dólares en activos a Maduro. “Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad”, ironizó el líder chavista. “Quien conoce a Nicolás, es el mismo Nicolás de toda la vida. Yo tengo apenas 27 años conociéndolo y es el mismo, no ha cambiado, no ha traicionado al comandante Hugo Chávez, ha aguantado todas las presiones de los gringos”, añadió.

Ser presidente de Perú, hace mucho que pasó a ser un trabajo de alto riesgo. Quedó en evidencia esta semana cuando Martín Vizcarra, que gobernó entre 2018 y 2020, ingresó el jueves a la cárcel de Barbadillo, para cumplir con los cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua. En esa prisión compartirá espacio con otros tres expresidentes presos, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. A lo que hay que sumar los casos de Alberto Fujimori, que falleció recientemente en la cárcel, o Alan García, que se suicidó en el momento de ser detenido por la policía. Pedro Pablo Kuczynski, predecesor de Vizcarra, estuvo bajo prisión domiciliaria durante casi dos años y con impedimento de salida del país, que le fue revocado en febrero de 2025.

Tras la resolución y cuando Vizcarra ya estaba detenido, su cuenta en la red social TikTok difundió un pregrabado video de dos minutos de duración donde rechazaba su prisión preventiva. “Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto ya lo sabía hace dos días, porque había una resolución que incluso estaba firmada dando este resultado porque esto no se trata ya de justicia, se trata de política”, dijo el exmandatario. “Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado y ahora lo demuestra metiéndose al Poder Judicial”, indicó Vizcarra, que según varias encuestas figuraba entre los primeros en intención de voto para las elecciones de 2026, pese a tener una triple inhabilitación impuesta por el Congreso.

En la audiencia de este miércoles, como en su pedido original hecho en junio, el fiscal Germán Juárez justificó que la medida era necesaria al existir un riesgo de fuga de Martín Vizcarra ante la inminente sentencia en su contra (prevista para fin de año) y para asegurar que esta pueda ser cumplida. El representante del equipo especial Lava Jato incluso citó los casos de la ex primera dama Nadine Heredia y el exviceministro Jorge Cuba, quienes fugaron poco antes de ser condenados por el Caso Odebrecht, como ejemplo de lo que se quería evitar.

POR QUÉ IMPORTA. La situación actual de Perú es muy peculiar en el panorama de América Latina. En los últimos 25 años, el país ha vivido en una crisis política casi permanente, con denuncias de corrupción, y las principales figuras encarceladas. Sin embargo, la economía ha logrado mantenerse al margen de estas vicisitudes, y si bien ha sentido algún coletazo de estas situaciones, ha seguido creciendo y no ha padecido crisis cambiarias ni nada de lo que ha sido habitual en el resto de la región. En buena medida, porque su Banco Central y sus políticas económicas macro, han estado encapsuladas. También es relevante ver que casi todos los presidentes peruanos hoy presos, lo están por su vinculación por los casos del Lava Jato y Odebrecht, mientras que en Brasil el principal implicado en estos casos, Lula da Silva, gobierna el país sin mayores sobresaltos.

El Parlamento uruguayo votó esta semana la legalización de la eutanasia. 64 diputados alzaron su mano para votar a favor, mientras que otros 29 se expresaron en contra. El próximo paso es que el proyecto sea tratado por la Cámara de Senadores, donde el gobierno de izquiera tiene mayoría propia, por lo cual se descuenta que será aprobado. Si el proyecto tiene luz verde por parte de ambas cámaras será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación, y entrada en vigencia.

Uruguay se convertirá así en el tercer país americano en legalizar la eutanasia tras Canadá y Colombia. Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales.

El proyecto uruguayo ha contado con la oposición de la Iglesia Católica, y otras instituciones. Pero también de algunos legisladores y grupos de la sociedad civil, que le critican falta de garantías que permitan asegurar a quien se plantea una eutanasia, alternativas como tratamientos paliativos y otras medidas de contención. Uruguay es un país pequeño, socialmente progresista, y donde la religión ha tenido una influencia muy menor. Por eso ha sido de los primeros en legalizar el divorcio, la marihuana, y el matrimonio de personas del mismo sexo.

POR QUÉ ME IMPORTA. Tal vez por eso mismo que decíamos recién, en los últimos años algunas fundaciones de izquierda, como Open Society, han usado a Uruguay como laboratorio para probar regulaciones que luego se impulsan en otros países de la región. Un caso claro fue el de la estatización de la producción y venta de marihuana, que no ha tenido el éxito que se buscaba, en buena medida porque en vez de apostar a la libertad individual, se ha buscado tratar a los individuos como enfermos que reuieren tutela del gobierno. Pero es probable que si el proyecto de eutanasia resulta aprobado en Uruguay, el mismo se replique en otros países de la región.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor