Fue un encuentro peculiar, con gran pompa, pero algo deslucido. Cuatro de los presidentes “de izquierda” de la región, con el aditivo de su colega socialista español Pedro Sánchez, se reunieron en Chile en lo que se denominó una “Cumbre por la democracia”. Allí estuvieron arropando al chileno Gabriel Boric que está en la recta final de su mandato, el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Lula da Silva, y el uruguayo Yamandú Orsi (por si no lo conoce, el de los zapatos raros en la foto) ¿Por qué se realizó este encuentro? Según Lula da Silva, “nos hemos dado cuenta de que la democracia va perdiendo espacio, no al socialismo, sino a la derecha extrema, que tiene un comportamiento nazi, fascista, que no respeta las relaciones civilizadas entre los iguales y los desiguales”.

El jefe del gobierno español, por su parte, hizo hincapié en que “nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y la ultraderecha. Una internacional del odio y la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes”. El que estuvo llamativamente moderado fue Petro, que venía de una seguidilla de declaraciones francamente delirantes, pero que aquí por suerte evitó hablar de estrellas porno o de matemática cuántica.

Una de las cosas que llamaron la atención de este encuentro, fue la alarma por el avance de esa “ultraderecha” que no respetaría las reglas democráticas, pero ni una mención a los dictadores de “ultraizquierda”, que la violan todos los días en nuestra región. Y en casos como el del venezolano Nicolás Maduro o el cubano Díaz Canel, suelen ser defendidos por integrantes de este mismo “club” de fanáticos demócratas. ¿Hipocresía? ¡Qué va! Pero muchos analistas han señalado que este encuentro sirvió, sobre todo, para que cada uno de estos dirigentes escapara por algunas horas al menos de la agenda tóxica que padecen en sus países. Sobre todo el español Sánchez, cuyo gobierno está acosado por denuncias de corrupción. Aprovechamos y consultamos entonces a la politóloga española Irune Ariño sobre el tema, y nos decía lo siguiente:

“Pedro Sánchez se encuentra en un momento delicado, en mitad de una crisis de corrupción y reputacional que afecta a su círculo político más cercano. La imagen más simbólica de esta situación es la imputación y prisión provisional de Santos Cerdán, hasta hace unas semanas secretario de Organización del PSOE —es decir, el número tres del partido—, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A ello se suma la situación del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García, también imputados por el Tribunal Supremo por adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones. Pese a esta presión judicial y mediática, Sánchez no muestra intención de convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, las encuestas reflejan un deterioro significativo: el PSOE ha caído hasta el 27 % de intención de voto, frente a un PP que se sitúa en torno al 33 %”.

-¿Cuál crees que es el interés de Sánchez en este encuentro?

Sánchez no ha escondido nunca su ambición de posicionarse como un actor relevante en el escenario global. De hecho, ha buscado repetidamente ese estatus, aunque con resultados irregulares, como ocurrió con su encuentro de apenas segundos con Biden en la cumbre de la OTAN de 2022, que él presentó como una reunión bilateral. Esta es una ocasión más que, además, le beneficia ideológicamente, pues se emplaza sólo con dirigentes afines, buscando activar complicidades ideológicas. Pero también aprovecha para proyectar una imagen que contrarreste el deterioro político que vive a nivel nacional.

Ecuador vivió una de sus semanas más violentas en lo que va de un 2025 particularmente sangriento. La extradición a los Estados Unidos de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la poderosa banda criminal Los Choneros, desató una ola de asesinatos que conmocionaron al país. Apenas habían pasado unas horas desde que se confirmara el envío de Fito a las autoridades estadounidenses, cuando la matanza comenzó.

General Villamil Playas, a unos 80 kilómetros de Guayaquil, fue escenario de una verdadera masacre. Nueve hombres, de entre 21 y 30 años, que jugaban billar en una sala del tranquilo balneario, fueron asesinados por un grupo armado que ingresó al local y efectuó al menos 80 disparos contra los presentes. Otros dos resultaron gravemente heridos. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales y, según vecinos del lugar, eran personas conocidas que no tenían vinculación con el crimen. El ministro del Interior, Miguel Castillo, informó que el caso está siendo tratado como una “ejecución múltiple vinculada al crimen estructurado”. Hasta ahora no hay detenidos. Manabí, la provincia de la que Fito es oriundo —y donde existe una fuerte presencia del narcotráfico—, no quedó ajena a la violencia desatada. Entre el viernes 19, día en que se confirmó la extradición del capo, y el martes 23, se registraron 12 homicidios en diferentes cantones de la región.

GUERRA FEROZ. Para la Policía, el traslado de Macías generó una guerra feroz en medio de la reorganización de las estructuras delictivas que controlan puntos estratégicos para el narcotráfico, como es el puerto de Manta. Las disputas por el poder vacante están haciendo correr ríos de sangre en un país que desde hace tiempo sufre el terror impuesto por las organizaciones criminales. Los asesinatos presentan varias similitudes: armas de grueso calibre, disparos en la cabeza y cadáveres abandonados en espacios públicos para que los vea todo el mundo. Y si bien en varios casos las víctimas estaban vinculadas al mundo criminal, también murieron personas que nada tenían que ver. Esto último generó un clima de miedo e incertidumbre en la ciudadanía, que sabe que el riesgo de recibir una ráfaga de plomo al salir para el trabajo está presente en cada esquina.

Adolfo Macías Villamar, de 45 años, es uno de los narcotraficantes más importantes de Ecuador, con supuestos vínculos con carteles mexicanos y colombianos. A fines de junio fue recapturado en Manta durante un operativo ejecutado por fuerzas especiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Había escapado en enero del año pasado de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en una fuga espectacular que dio inicio a una salvaje escalada de atentados, motines, asesinatos y secuestros. Por los vínculos de Fito con el crimen organizado transnacional, el gobierno de los Estados Unidos solicitó su extradición, que se autorizó en tiempo récord. El Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de haber operado una red de narcotráfico que enviaba grandes cantidades de cocaína hacia el norte desde los puertos ecuatorianos.

¿QUÉ PASA SI HABLA FITO? La pregunta ahora es si Fito soltará o se guardará la información que posee. Los investigadores esperan que el líder de Los Choneros acepte cooperar con la Justicia a cambio de evitar una inminente cadena perpetua y se convierta en colaborador de las autoridades norteamericanas. El capo narco podría aportar información de alta sensibilidad sobre las rutas de la cocaína, redes de corrupción institucional en Ecuador, relaciones con carteles colombianos y mexicanos, y posibles vínculos con figuras de alta jerarquía dentro del Estado. Revelaciones como las que podría entregar, generarían un terremoto de magnitudes bíblicas en la política local e internacional. Si habla Fito, se abre una caja de Pandora. Y otra pregunta es: ¿hablará sobre los líderes regionales?

El juicio contra el ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sigue marcando la política regional. La semana pasada comentábamos que el Tribunal Supremo de ese país, liderado por el más que polémico juez Alexandre de Moraes, había impuesto a Bolsonaro una prisión domiciliaria, con prohibición estricta de conceder entrevistas y usar las redes sociales. Esto luego de que Donald Trump amenazara a Brasil con aranceles del 50% si no terminaba el acoso judicial contra Bolsonaro. Esta semana, Estados Unidos anunció que revocará la visa americana a los integrantes del Supremo brasileño, y que busca tener participación en la explotación de “tierras raras” de Brasil. Eso mientras concede resguardo a uno de los hijos de Bolsonaro, que se encuentra de alguna manera escapado en ese país.

Por otra parte, el conflicto viene siendo usado de manera política sin pudor por el actual presidente Lula da Silva. Tras ver que según algunas encuestas, el choque con Trump le ha permitido recuperar algo de popularidad, Lula ha hinchado el pecho y declarado que “a un brasileño, ningún gringo le va a decir lo que tiene que hacer”. También se ha referido al propio Bolsonaro como “rata” que huyó luego de intentar dar un golpe de estado. Este parece dispuesto a jugar ese juego político. Esta semana concurrió a una iglesia evangélica, donde se lo vio claramente emocionado y llorando copiosamente.

A esta altura, el conflicto político en Brasil parece ser una esgrima a todo o nada entre Bolsonaro y Lula da Silva. Ya pocos dudan en el país que el juez De Moraes terminará llevando al ex presidente a la cárcel. Mientras tanto, éste mueve sus fichas para lograr un heredero político que le garantice un indulto, en caso de llegar al poder. Brasil tiene elecciones el año que viene, y el principal favorito hasta hace poco era el gobernador de San Pablo, Tarciso de Freitas, quien tiene un vínculo muy cercano con Bolsonaro. En medio de esta tensión, la arremetida de Trump hace temer a muchos que pueda ocurrir algo parecido a lo que sucedió en Canadá, donde el partido del izquierdista Justin Trudeau tenía todo para perder, pero un reverdecer patriótico a raíz de la pelea con Trump, les permitió mantener el gobierno.

María Corina Machado, principal líder opositora al régimen de Nicolás Maduro, advirtió que Venezuela atraviesa una “brutal ola de represión”. Todo comenzó el viernes, cuando el gobierno decretó la excarcelación de un grupo de presos políticos, varios de ellos ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, más de 20 personas fueron detenidas o desaparecidas en menos de 72 horas, entre ellas políticos, activistas, periodistas y testigos de mesa de las fraudulentas elecciones presidenciales que reafirmaron al tirano en el poder un año atrás. Todos fueron acusados de “sabotaje al proceso electoral”.

A través de su cuenta de X, la referente opositora sostuvo que la represión en Venezuela, lejos de detenerse, “se redistribuye”. Es un patrón “reiterado” que confirma la política de la “puerta giratoria”, aseguró, en referencia a una estrategia del gobierno que consiste en liberar selectivamente a algunos detenidos para encarcelar a otros. “La represión no cesa, solo se redistribuye”, agregó. Machado también acusó a la dictadura chavista de aplicar detenciones selectivas como forma de “negociación política” e incluso de intercambiar rehenes. Además, detalló que aún hay más de 900 presos políticos y desaparecidos en el país. La denuncia fue respaldada por el Comando con Venezuela, desde donde se agregó que, hasta el momento, solo han sido liberadas 57 de las 80 personas que el régimen había prometido excarcelar. El Comando agregó que entre los liberados hay una sola mujer y ningún menor de edad.

TRASFONDO. La embestida represiva de Maduro estalla en medio del acuerdo cerrado con Estados Unidos y El Salvador, a través del cual se pactó la liberación de 252 migrantes detenidos en las cárceles de Bukele, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses encerrados en territorio venezolano. Un ataque contra la disidencia que busca aprovechar la sensación internacional de transparencia para intensificar el control interno. Al mismo tiempo, continúan las denuncias por cientos de presos políticos detenidos en condiciones arbitrarias en el país. En esta primera mitad de 2025, se estima que no menos de 85 personas fueron encarceladas por motivos ideológicos. La oposición insiste en que estos casos tienen que ser presentados ante cortes internacionales y organismos de derechos humanos, pues entiende que la dictadura debe responder por sus abusos.

La denuncia de María Corina llega a pocos días de las elecciones municipales del próximo domingo, donde la ciudadanía elegirá alcaldes y concejales. Durante todo el mes de julio no solo aumentaron las detenciones arbitrarias; también se intensificó la persecución contra líderes y simpatizantes opositores mediante amenazas, bloqueos digitales y un plan de redadas puerta a puerta, justo en las semanas previas a los comicios. No es la primera vez que ocurre. En cambio se evidencia un patrón que se repite en fechas electorales importantes, y que configura un clima de amedrentamiento deliberado por parte del régimen de Maduro, con el objetivo de desalentar a la oposición y sembrar miedo entre los ciudadanos.

A último momento, decidimos hacer algo sin precedentes en Mirada Sur. Porque esta “pastilla” estaba destinada a un comentario sobre la campaña electoral en Bolivia, que se pone picante de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto. Pero justo saltó la noticia de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías, y adicionalmente el despido de 5.000 funcionarios públicos de diversas instituciones del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se trata de una medida de ajuste público, muy en línea con lo que viene haciendo en Argentina el presidente Javier Milei, y popularizado con aquel “meme” en el que el argentino elimina oficinas públicas de un pizarrón. Y que se ha convertido en favorito instantáneo para cualquier liberal que anhela menos carga estatal en su vida.

“El Gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos, de calidad. Las desvinculaciones tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia”, anunció la portavoz gubernamental ecuatoriana, Carolina Jaramillo. La portavoz señaló que con las fusiones de ministerios se reduce en un 41 % el número de carteras de Estado y aclaró que en los despidos no se incluyen a médicos, personal de enfermería, profesores, policías, militares ni personas de grupos vulnerables. Estos recortes se realizan en el marco de las metas planteadas por Noboa para reducir el déficit estatal y cumplir con las metas del programa crediticio que su administración firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendente a 5.000 millones de dólares.

Tras la salida de los 5.000 funcionarios, el Gobierno abrirá nuevos puestos, aunque en menor número, destinados a jóvenes que quieran ingresar al servicio público, dijo Jaramillo. Este recorte es el más grande que ha realizado el presidente Daniel Noboa desde que llegó al poder por primera vez, en noviembre de 2023.

POR QUÉ ME IMPORTA. Más allá de la situación puntual de Ecuador, esta medida tiene impacto general en la región. Porque de alguna manera todos los sectores que no son de izquierda en América Latina estaban mirando con mucha atención lo que sucedía en Argentina con Milei. Pasado más de un año de gobierno del presidente libertario, parece claro que las severas medidas de ajuste fiscal en Argentina, no sólo no han generado una debacle política para el gobierno, sino que le han otorgado todavía más apoyo social, a la vez que la economía parece estar dando señales de respuesta positiva a estos estímulos.

Lo que muestra la medida de Noboa en Ecuador es que el ejemplo de Milei está llevando a otros dirigentes regionales a animarse a ir más a fondo con medidas de ajuste estatal, en un continente donde el rol de los gobiernos es completamente desproporcionado, y su financiación supone un lastre insistenible para el sector privado. Si bien la mayoría de los dirigentes políticos de la región son conscientes de este problema, el miedo a conflictos sociales, o a caída de apoyo popular, les impide tomar medidas de ajuste serias. Si Milei puede, si ahora Noboa logra éxito con estas decisiones, será un cambio radical en el panorama político de América Latina.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor