Mirada Sur: Tensión diplomática, bases chinas, crímenes, debates y Elon Musk

Al ordenar el allanamiento, con un comando armado a guerra, el gobierno ecuatoriano atravesó un límite considerado poco menos que sagrado en América Latina, región marcada por una larga historia de dictaduras totalitarias, en la cual el asilo diplomático cumplió un papel muy importante al dar amparo a perseguidos políticos.

Todo esto llevó a la ruptura de las relaciones entre ambos países, y motivó la crítica de la Organización de los Estados Americanos, así como de los gobiernos de la región, incluso los que son afines ideológicamente. Del lado ecuatoriano se argumenta que ninguna de estas normas fueron redactadas para proteger a condenados o procesados por delitos comunes y por lo tanto no es lícito brindarles este tipo de asilo.

Trasfondo. Todo comenzó cuando el mandatario mexicano López Obrador, desde su audición La Mañanera, disparó contra Daniel Noboa y provocó la expulsión de su embajadora en Ecuador, Raquel Serur. Como comentamos en la última edición de Mirada Sur, el mandatario mexicano se inmiscuyó en la política interna ecuatoriana con una acusación gravísima, de que supuestamente la derecha estuvo detrás del asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio para evitar que la candidata de Correa, Luisa González, ganara las elecciones. Ante esta acusación, la hija de Villavicencio le respondió que a su padre “lo asesinaron los mafiosos que él siempre investigó. Algunos de ellos asilados en tus embajadas y en tu país”. Tras esta primera reyerta, México echó una palada de carbón al fuego al anunciar que le daría el asilo político a Glas. Noboa respondió invadiendo la embajada y arrestando por la fuerza al sentenciado ex vicepresidente correísta.

La voz local. El influyente periodista mexicano Sergio Sarmiento, sostuvo que “Ecuador violó el derecho internacional, pero AMLO ha desechado el principio de no intervención y ha querido aprovechar, como zopilote, el asesinato de un candidato para promover a la candidata que él quería que Ecuador eligiera”. A la vez, Sarmiento se pregunta “¿Por qué México está enfrentando esta disputa con Ecuador y otra con Perú y otra más con Argentina?” Y él mismo responde: “Porque el Presidente ha abandonado el principio de no intervención y se ha convertido en un gobernante injerencista y pleitista”.

Desde Guayaquil, Gabriela Calderón de Burgos, columnista y fellow del Instituto Cato, nos dijo que la captura de Glas “Fue una acción muy popular, porque Glas es visto como uno de los pocos intocables de la era correista que sí ha podido ser juzgado y condenado ante la Justicia. Muchos otros escaparon, incluso la ex ministra Duarte lo hizo con la colaboración de la embajada argentina, bajo el gobierno de Alberto Fernández. Más allá de eso, si bien es con toda razón condenable que cualquier gobierno se meta en una embajada por la fuerza, también es cierto que en Latinoamérica se ha abusado de la figura del asilo político para que delincuentes condenados por la justicia en países donde rige un estado de derecho eviten cumplir con su pena”.

Qué puede pasar. En las últimas horas, el ex vicepresidente Glas fue hospitalizado por un supuesto intento de suicidio con medicamentos, algo que ha potenciado los rumores y sospechas en Ecuador. Al mismo tiempo, se espera que en los próximos días, el gobierno de México haga una dura presentación en la OEA, reclamando una condena más estricta a Ecuador. En los hechos, esto parece calentar una “guerra fría” que lleva meses entre gobiernos de izquierda y otros de talante más liberal en el econtinente.

Foto: Cuenta de Twitter de Ricardo Vanegas

El Aissami fue ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Hugo Chávez entre 2008 y 2012, cuando se convirtió en gobernador del estado Aragua. Luego llegó a ser vicepresidente de Nicolás Maduro, encargado de la gestión económica en 2017, cuando el país se deslizaba por la grave crisis que lo ha lastrado. En los últimos años fue ministro de petróleo y presidente de PDVSA, o sea, quien manejaba la caja negra del régimen chavista. Ahora está acusado de traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para la venta de petróleo de las compañías estatales venezolanas, ocultando sus tratos mediante operaciones con criptodivisas.

Para cualquiera que siga la política venezolana, y tenga alguna referencia histórica de cómo se manejan las dictaduras marxistas de la región, es casi imposible que un jerarca de este nivel haya realizado operaciones sin conocimiento de la cúpula del régimen. Y estamos antes una típica “purga”, que busca o un chivo expiatorio al que culpar de la debacle económica, o una señal para evitar fisuras en el sistema. Para evitar dudas, el todopoderoso jefe militar venezolano, Vladimir Padrino, dijo que “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana respalda de manera contundente e inequívoca todas las acciones que viene ejecutando el Gobierno bolivariano y el Ministerio Público (Fiscalía), en la lucha incesante contra la corrupción, específicamente las relacionadas con las recientes detenciones de exfuncionarios públicos”.

Crimen organizado en Venezuela. Pero, como decíamos al inicio, no ha sido esta la única noticia explosiva que involucra a Venezuela esta semana. Resulta que la Fiscalía chilena que investiga el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, aseguró esta semana que el homicidio fue organizado desde Caracas. “Hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la participación de Ojeda en la comisión de algún ilícito”, dijo el fiscal chileno Héctor Barros, ya que en un principio se afirmaba que el crimen podía estar vinculado con maniobras de Ojeda relacionadas con la banda “Tren de Aragua”. Este impactante informe de la TV chilena, confirmaría las sospechas de la fiscalía.

Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero, sacado de madrugada de su casa en Santiago, en ropa interior, por personas que simularon ser policías, en un operativo organizado por gente claramente muy profesional. Su cadáver apareció semanas después dentro de una maleta y bajo una gruesa capa de cemento, en un barrio irregular de la comuna de Maipú, y con signos de torturas. En redes sociales, el ex militar venezolano se definía como “ex preso político” y “oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas”.

El caso generó fuerte controversia entre los gobiernos de Gabriel Boric y Nicolás Maduro, ya que el chileno exigió garantías de que militares venezolanos no habían tenido nada que ver en el hecho, cosa que no recibió. Además, el tema agitó la propia interna del gobierno de Boric, ya que su principal sostén electoral, el Partido Comunista chileno, es aliado incondicional del régimen de Maduro.

“Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”.

Beijing no tardó en salir al cruce. A través de su embajada catalogó los comentarios de Stanley como “poco adecuados” y aclaró que “La Estación de Espacio Lejano en Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica espacial entre China y Argentina. En lugar de los llamados militares mencionados, los científicos tanto de Argentina como de China tienen acceso al uso de esta estación para investigación científica”. Por su parte, el ministro de Interior, Guillermo Francos, no apoyó la afirmación del diplomático norteamericano, y en cambio dijo “No sé por qué a veces el embajador tiene estos comentarios, supongo que esos temas están conversados y claros”. Además, Argentina asumió el compromiso de inspeccionar las tareas que están realizando los funcionarios de la estación, quienes responden directamente al Ejército Popular de China.

La base china. El origen de la base espacial china en la Patagonia se remonta al año 2014, cuando el gobierno argentino, en ese entonces encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, firmó un acuerdo a través del cual autorizaba a Beijing la instalación de un centro de investigación espacial a 250 kms de Neuquén. A tales efectos se sancionó una ley que decretó “la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en el marco del Programa Chino de Exploración de La Luna, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014″. Es la primera estación de estas características que la potencia desarrolla fuera de su territorio y fue erigida en un predio de 200 hectáreas, que Argentina le cedió a China por 50 años, y sobre el cual existe un estricto control de acceso.

Allí se instaló una antena parabólica de 35 metros de diámetro “dirigida fundamentalmente a misiones denominadas de espacio profundo, ubicadas a distancias que superan los 300.000 km de distancia de la Tierra”.

Si bien esto es lo que se le dice al mundo nadie sabe a ciencia cierta qué actividades se llevan a cabo en su interior y por eso, siempre generó suspicacias. Muchos sospechan que allí no sólo se investiga el espacio sideral, sino que se desarrollan, en forma secreta, tareas de espionaje e inteligencia. De hecho, en el acuerdo inicial no existía ninguna prohibición explícita sobre las tareas militares de la estación. Esos detalles se incluyeron más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri. Si embargo, las autoridades argentinas no están autorizadas a ejercer ningún tipo de control  y el uso científico o militar de la base responde a una decisión de Beijing. Algo que choca directo con la llamada doctrina Monroe que ha impulsado la política exterior de EE.UU. por muchas décadas (América  para los americanos), y que genera todavía más suspicacias en momentos de creciente tensión entre las dos potencias globales.

Foto: Javier Milei y Laura Richardson

Tras ser notificado de que debería sancionar o suspender cuentas de decenas de figuras políticas relevantes de Brasil, Musk publicó en su propia red una serie de mensajes muy duros contra el juez Morais, al que acusó de ser “el dictador de Brasil”, y de tener al presidente Lula bajo su control como si fuera una mascota. No contento con eso, Musk afirmó que no cumplirá con decisiones judiciales de Brasil que lo obliguen a violar la libertad de expresión, e invitó a De Morais a un debate público sobre el tema. Tras esas declaraciones, se supo que el propio Musk es objeto de investigación judicial en Brasil, y el juez hizo declaraciones públicas muy polémicas sobre lo que él entiende serían los límites de la libertad de expresión.

La polémica tiene muchas aristas de interés, una no menor es que el gobierno de Lula da Silva, aliado incondicional de los medios tradicionales de su país en su guerra abierta contra el ex presidente Bolsonaro, acusa a sus opositores de emplear las redes sociales y plataformas para minar la democracia del país. Se trata de un fenómeno global en el cual ciertas elites políticas y académicas, en la mayoría de los casos asociadas a visiones de izquierda, intentan usar las armas institucionales para fines partidarios y limitar a sus rivales políticos. Pero para tener una mirada local, consultamos a Magno Karl, del centro de estudios Livres de Brasil. Magno nos aclaró que su centro todavía no ha tomado una postura definitiva sobre esta polémica, pero sí nos aportó su mirada personal.

La voz local. “Creo que Brasil tiene un problema con su Corte Suprema, que ha reunido poderes extraordinarios en los últimos años, actuando como un verdadero órgano político: primero para detener algunas de las políticas de Bolsonaro y luego para frenar lo que llamaron “ataques a la democracia”. Como esto último es muy subjetivo, las herramientas que utilizaron fueron diversas, y la más visible fue la censura de publicaciones (últimas cuentas) en las redes sociales. Esto sería un problema enorme, ya que castigar a alguien por lo que está a punto de escribir (cerrar su cuenta a causa de un tweet, por ejemplo) caracteriza, en mi opinión, la censura clásica. Además, se trata de un proceso que se desarrolla bajo “segredo de justiça”, lo que significa que casi todo lo relacionado con esos actos es desconocido para la población e incluso para las propias plataformas”.

Según Magno, “Elon Musk, por un lado, alerta sobre una situación que afecta a su propia plataforma en Brasil y también a activistas (no sabemos cuántos, porque es un secreto) que han sido silenciados y han perdido ingresos por el bloqueo de sus redes. Por otro lado, un multimillonario extranjero que frecuentemente tuitea memes y algunas opiniones horribles/noticias falsas es el adversario perfecto para aquellos que ya quieren usar el poder del Estado para controlar el discurso en línea. Como era de esperar, todas las respuestas de los partidarios de las decisiones de la Corte Suprema de Brasil y de las actuales administraciones brasileñas abordan los tweets de Elon Musk, en lugar de las (mejor fundamentadas y argumentadas) declaraciones del propio X. En su comunicación oficial con los usuarios, los representantes de Asuntos Globales de X han sido la mejor fuente de información sobre las opiniones de la compañía sobre el caso, y una que aborda directamente los problemas reales en juego”.

Eliminado. Nuestro amigo brasileño concluía que “una investigación reciente encontró que la mayoría de los brasileños (al menos aquellos conscientes del tema) están del lado de Musk y no del Tribunal Supremo. Así que creo que Musk ha desempeñado un papel en la popularización del tema y el debate ha hecho que más personas tomen conciencia de lo que está sucediendo con respecto a la censura en línea. Sin embargo, a menos que este aumento de la opinión pública hacia el lado de Elon llegue a ser masivo, no espero ningún cambio en el futuro cercano. Al menos ningún cambio positivo. Es posible que, en algún momento, si no cumplen con las órdenes judiciales, algo que Elon amenazó con hacer pero X nunca hizo, X sea eliminado en Brasil”.

Como se ve, una polémica que de una u otra forma se repite en muchos países del mundo, por el conflicto entre el poder político establecido, las nuevas tecnologías, y la ambición de control de ciertos grupos de poder.

Foto: Creative Commons