La ratificación de la condena de la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, se ha ido convirtiendo en una novela por entregas en los medios de ese país. La ex mandataria de izquierda, quien junto a su esposo dominaron la política argentina por casi dos décadas, ha sido condenada por corrupción en un juicio que demoró casi 15 años. Por su edad, la dirigente peronista se ha beneficiado de una prisión domiciliaria, pero incluso esto ha estado rodeado de gran impacto mediático. Esta semana, técnicos del Ministerio de Seguridad le colocaron una tobillera electrónica para controlar que no deje su lugar de detención, en su departamento. Pero la justicia le permitió salir a su balcón, desde donde diariamente se dirige a un grupo de seguidores que permanece frente a su casa.

Los jueces le pidieron que actúe con “criterio, prudencia y el sentido común” para evitar que se altere la tranquilidad del barrio, algo que no parece estar siendo cumplido. Cristina Kirchner había planteado que no la dejaban asomarse al balcón de su casa. “Con prohibición de salir al balcón, dios mío, qué cachivaches que son”, le había dicho la expresidenta a los jueces. Y fue más allá, irónica: “Menos mal que no tengo macetas con plantas, porque no las podría regar”.

La ex presidenta atacó directamente al actual gobierno, afirmando que “El verdadero poder económico sabe que este modelo económico se cae. Y por eso estoy presa. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”. Alguien aprovechó la cita para recordar a Kirchner que el gobierno anterior, del cual fue vicepresidenta, sí que encerró a todo el pueblo de su país durante la pandemia.

Para tener una mirada local del tema, consultamos a Garret Edwards, de la Fundación Libertad, y le preguntamos sobre el proceso que condenó a Kirchner, y las denuncias de sesgo de la Justicia. “Es un fallo histórico, que obviamente que encuentra detractores por parte de los fanáticos de Cristina y un gran recibimiento por parte de quienes estamos muy preocupados por la institucionalidad en el país. Eso de la guerra judicial y de la judicialización de la política es una interpretación muy sesgada de la situación. Cristina es una delincuente convicta con sentencia confirmada en tres instancias diferentes, con sentencia firme y efecto de cosa juzgada, lo vieron no menos de 20 magistrados, entre jueces y fiscales, entre tribunales orales y Cámara de Casación en lo federal más la Corte Suprema. El caso ha sido revisado en múltiples instancias por gente distinta y han llegado todos a la misma conclusión que Cristina y otra gente más es culpable”.

Sobre la influencia del gobierno en la sentencia, Garret cree que “queda claro que ahí hubo división de poderes porque esto no le beneficia en nada al presidente Milei. Al oficialismo le venía mejor como rival político el cristinismo, que era un rival más claro y que probablemente iba a perder. Ahora todos tienen que reacomodar el mensaje. Y después está todo el tema de la idea de la proscripción cuando no hay proscripción, la inhabilitación perpetua es una pena accesoria que se corresponde por el tipo de delito que se ha comprobado o cometido”.

TRASFONDO. La condena a Cristina Kirchner ha vuelto a poner sobre la mesa, tanto la corrupción que dominó a los gobiernos de izquierda regional de las últimas dos décadas, desde Brasil con casos como el “mensalao” o el “lava jato”, pasando por lo ocurrido en Perú o Bolivia. Pero también el vínculo cada vez más tenso entre política y justicia, que hace que muchos dirigentes denuncien la utilización de esta última, con fines partidistas. Esto es el caldo que termina generando situaciones como la ocurrida en México, donde para evitar tener que convivir con un contrapeso judicial, el gobierno del partido Morena, instauró la elección directa de casi todo el poder judicial, con lo cual se asegura el manejo directo del tercer poder del estado.

El régimen venezolano ha lanzado una ofensiva represiva en los últimos días en el país, coincidiendo con el agravamiento de la situación económica, tras las nuevas medidas de presión ordenadas por Estados Unidos. Según se denunció en Caracas, varios economistas han sido detenidos, y algunos sitios web de información financiera se han visto silenciados, en medio de esta ola represiva. Entre los casos, está el del economista y ex ministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, quien fue detenido el pasado jueves.

Pocos días antes, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos y analistas económicos, denunció “persecución, hostigamiento y la criminalización de personas dedicadas al levantamiento, análisis y difusión de información estadística relevante para comprender la economía venezolana”. El “pecado” de este observatorio fue haber informado que Venezuela registró una inflación del 26% en mayo, 7,6 puntos más que en abril, por “el alza del precio del dólar ese mes, el cual se cifró en 25%”. Entretanto, el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica cifras de inflación desde noviembre pasado, cuando el país empezó a afrontar episodios de devaluación de su moneda, el bolívar, en el mercado oficial frente al dólar.

PRESIÓN. Analistas interpretan esta ofensiva como parte de una estrategia más amplia del régimen para consolidar el poder ante una renovada presión económica. En mayo, EEUU dejó expirar la licencia otorgada a Chevron Corp., lo que significó un golpe a una de las principales fuentes de ingreso en divisas del país.

Por su parte, la ONG Foro Penal dijo que hoy hay 932 presos políticos en Venezuela. En un conteo publicado en sus redes sociales, la organización precisó que la cifra de personas encarceladas por razones políticas aumentó en seis al 16 de junio, con respecto al último reporte. Asimismo, detalló que el grupo de detenidos está compuesto por 837 hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y 4 adolescentes con edades de 14 a 17 años.

Desde 2014, la ONG ha documentado un total de 18.420 casos que considera “detenciones políticas”. Tanto Maduro como el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos.

A dos semanas de haber sido baleado durante un mitin político en Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay se debate entre la vida y la muerte. El lunes fue sometido a una nueva cirugía de urgencia por un sangrado cerebral y su pronóstico es reservado. Los médicos informaron que ha mostrado escasa respuesta y que su estado es de máxima gravedad. Mientras Uribe Turbay era intervenido en un hospital de Bogotá, a 600 kilómetros de allí, las autoridades capturaban a Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, una joven de 19 años señalada como una de las principales cómplices del menor agresor. Según la investigación, Martínez organizó el traslado, acompañó al joven hasta el lugar del hecho en un Chevrolet gris y le entregó la pistola al menor de 14 años que ejecutó el atentado.

Aunque no se le conoce militancia política, Martínez posee antecedentes judiciales por lesiones personales y daños a la propiedad. Se ganaba la vida como modelo webcam y se la vincula sentimentalmente con un tercer detenido, Carlos Eduardo Mora. El hombre, de 27 años, se entregó a las autoridades dos días después del crimen y declaró que un tal “El Costeño” le ofreció 5 millones de pesos (U$S 2500) por hacer de chofer en el operativo. Su testimonio coincide con el del menor detenido, quien también señaló a El Costeño como responsable de la coordinación del ataque y de haberle ofrecido 10 millones de pesos por llevarlo a cabo. El Costeño, de 41 años y profusos antecedentes penales, es considerado el nexo entre el autor intelectual del atentado y el trío de detenidos. Al parecer actúa bajo órdenes de “El Churco”, una especie de fantasma criminal de quien poco se sabe. Su identidad real, país de origen y rol dentro de alguna organización son desconocidos hasta el momento. Los investigadores sospechan que El Churco es miembro de una red transnacional, asentada en Ecuador y que podría tener vínculos con el magnicidio del periodista y excandidato a presidente ecuatoriano, Fernando Villavicencio.

TRASFONDO. El viernes 7 de junio, a las 6 de la tarde, el senador opositor Miguel Uribe Turbay ofrecía un discurso para un grupo de seguidores en el barrio Modelia de la ciudad de Bogotá. Lo que era un acto político como tantos otros, se convirtió de golpe en una tragedia cuando un joven, entreverado entre los asistentes, sacó una pistola y abrió fuego contra el político, hiriéndolo gravemente en la cabeza y la pierna. El atacante intentó huir pero fue reducido por la policía. En los días siguientes, cayeron dos de sus cómplices. A medida que avanza la investigación, los resultados sacuden la estantería de la política local y generan preocupación entre la ciudadanía. Es que el atentado expuso la vulnerabilidad del país ante el crimen organizado y su penetración en sectores juveniles. El autor de los disparos tiene apenas 14 años y estuvo dispuesto a asesinar a un senador en un acto público, a plena luz del día, revelando el poder de captación de las redes criminales sobre los más jóvenes. Al mismo tiempo, el caso evidenció fallas del sistema para proteger a figuras políticas en pleno período electoral.

REFORMA. En medio de esta crisis, el senado colombiano aprobó finalmente el proyecto de reforma laboral impuslado por el presidente Gustavo Petro. Después de varios tire y afloje, el Legislativo avaló la propuesta, que traerá los cambios más profundos en materia de trabajo en 20 años en el país. La reforma, que aún tiene que ser votada en la Cámara Baja, promete aumentar el pago a los trabajadores de horas nocturnas, además de incrementar las remuneraciones en labores durante fines de semana y feriados. También comprende la obligación de las aplicaciones de reparto, como Rappi o DiDi, asegurar a sus trabajadores la capacidad de cotizar en la seguridad social. La oposición, así como organizaciones empresariales, han denunciado que la reforma aumentará el desempleo, y será un golpe muy duro para la economía del país.

A los 95 años falleció en el exilio Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer en ser elegida presidenta en Nicaragua -y en toda América Latina- a través del voto popular. La aquejaba una larga enfermedad degenerativa que la mantenía alejada de la vida pública. Sus últimos años transcurrieron en Costa Rica, país que la acogió cuando debió dejar el suyo, perseguida y despojada de su nacionalidad por el régimen totalitario de Daniel Ortega. El mismo Ortega a quien derrotó en las elecciones de 1990, las primeras consideradas democráticas en el país centroamericano, tras 42 años de dictadura somocista y 10 de gobierno sandinista.

Chamorro fue símbolo del cambio a través de los acuerdos y la reconciliación nacional por encima de la revancha. La última representante de una generación centroamericana que apostó por una salida democrática y pacífica a los conflictos armados del siglo XX. Se la reconoce como la mujer que trajo la paz a Nicaragua. Su familia informó que “sus restos descansarán temporalmente en San José, Costa Rica, hasta que Nicaragua vuelva a ser República, y su legado patriótico pueda ser honrado en un país libre y democrático”.

TRASFONDO. Nacida en 1929, Doña Violeta se casó muy joven con el periodista Pedro Joaquín Chamorro. Editor de La Prensa, fue una de las voces más críticas con la dictadura de los Somoza y acabó siendo asesinado por sicarios del régimen en 1978. Desde entonces, Violeta se convirtió en símbolo de resistencia cívica contra el autoritarismo. En el 79, con el triunfo de la revolución sandinista, formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, pero se alejó al poco tiempo por desacuerdos con la creciente concentración de poder del Frente Sandinista y el rumbo autoritario que estaba tomando. En 1990, al frente de la coalición Unión Nacional Opositora, alcanzó la presidencia en elecciones que pusieron fin a la sangrienta guerra civil. Ya en el poder, dedicó todos sus esfuerzos a la pacificación, la reintegración de excombatientes, la apertura económica y la normalización institucional. Siete años más tarde traspasó el mando a Arnoldo Alemán, elegido por votación popular y ya no volvió a ocupar cargos públicos.

PERSECUCIÓN. A partir de 2021, Violeta Barrios y sus familiares directos comenzaron a sufrir una persecución abierta y sistemática de parte del matrimonio Ortega-Murillo. Pero el acoso viene de mucho antes. Desde que Ortega regreso al poder en 2007, el periódico La Prensa, dirigido históricamente por la familia Chamorro, padeció todo tipo de presiones: hostigamiento fiscal, censura y hasta el bloqueo del papel. Al mismo tiempo las actividades de la fundación que lleva su nombre, creada para promover y defender la libertad de prensa, comenzaron a ser vigiladas y restringidas. En junio de 2021, su hija Cristiana, figura opositora con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales, fue inhabilitada y arrestada, acusada de lavado de dinero a través de la Fundación Chamorro. Más tarde, el largo brazo de la dictadura cayó sobre sus otros hijos: Pedro Joaquín, ex diputado, fue arrestado. Carlos Fernando, periodista y director de Confidencial, se exilió luego de recibir múltiples amenazas y allanamientos.

ULTIMO MOMENTO. Este jueves, Roberto Samcam, mayor del Ejército en retiro y férreo opositor al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado a tiros en un condominio ubicado en el noreste de San José. Según declaraciones de su esposa, Claudia Vargas, a medios locales, el presunto atacante ingresó a la zona residencial haciéndose pasar por un inquilino y le disparó a Samcam en la puerta de su casa. Varios colectivos disidentes vincularon al régimen de Ortega-Murillo con el hecho.

Mientras el mundo mira con estupor la guerra en Medio Oriente, y teme una escalada que pueda afectarlo, en América Latina el panorama es de calma y distancia. Para muchos, se trata de un conflicto lejano, y que en nada nos puede afectar. Pero esta puede ser una postura peligrosamente equivocada. Es que los vínculos del régimen iraní y de algunos de sus grupos laterales como Hezbollá en nuestra región, son más serios de lo que podría parecer. Y de manera bastante llamativa, gracias a gobiernos y liderazgos “de izquierda” que han tejido un vínculo carnal con el régimen religioso iraní.

Un ejemplo particular es lo que ocurre con Bolivia, cuyos gobiernos recientes han firmado acuerdos muy “íntimos” con la teocracia iraní, como bien explica este artículo publicado en la prensa de ese país por nuestro amigo Emilio Martínez Cardona. Donde además advierte al gobierno boliviano de evitar solidaridades absurdas con ese régimen islamista, en un momento tan tenso como el actual. Algo que no parece haber preocupado al presidente brasileño, Lula da Silva, que de manera bastante inconsciente, ya condenó públicamente la ofensiva israelí durante la cumbre del G7. Contradiciendo, además, la declaración formal del grupo, que justificó el derecho de Israel a defenderse. Por si algún distraído se ha olvidado, el gobierno iraní lleva décadas llamando a la destrucción de Israel, y sus huellas se pueden detectar sin mucho esfuerzo detrás de la masacre de civiles inocentes del 7 de ocutubre del año pasado.

Pero nadie ha hecho tanto por acercarse a Irán como la dictadura venezolana, hoy encabezada por Nicolás Maduro. El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, concertó unos 300 acuerdos con las administraciones de Mohammad Jatami y Mahmoud Ahmadinejad. Esta relación, predominantemente económica, dio lugar a inversiones y préstamos iraníes por valor de 15.000 millones de dólares en Venezuela. En los últimos años, Maduro ha coqueteado con la posibilidad de comprar misiles a Irán, y según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Venezuela “se convirtió en una cabeza de playa para la expansión diplomática y comercial en América Latina”.

Otro caso curioso es el de Argentina, que bajo los gobiernos kirchneristas de izquierda, firmó un memorando muy polémico con Irán, pese a que ese país estuvo detrás de los dos atentados más sangrientos de la historia reciente argentina, contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra una institución judía, la AMIA, en 1994, que dejaron más de 100 muertos. Incluso, uno de los máximos dirigentes actuales del regimen iraní, el nuevo líder de la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi, es conseiderado uno de los ideólogos del ataque terrorista contra la AMIA en Argentina.

Como se ve, los vínculos son más estrechos de lo imaginado, y hay quien dice que habría cientos de agentes de Hezbollá, leales a Irán, infiltrados en distintos países del continente. Lo curioso es que esto ocurra de la mano de gobiernos “de izquierda”, con discursos muy porgresistas en lo social y, al menos en su prédica, contrarios radicalmente a la vinculación entre la religión y los estados. ¿Cuál es el nexo entonces con esta teocracia islámica? Por lo visto, el odio a Estados Unidos e Israel es más fuerte que todo lo demás.

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor