Morales exige reabrir el caso Rozsa y Chávez afirma que informe de la CIDH no es vinculante
Procurador asegura que no filtró el documento que complica a su jefe político.
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Luego de que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de diciembre de 2021, se filtrara a medios bolivianos, el mismo que establece que se perpetraron ejecuciones extrajudiciales el caso Rozsa, en 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el jefe del MAS exigió este martes reabrir el caso para sancionar a los presuntos terroristas y separatistas, mientras el procurador Wilfredo Chávez afirmó que el documento no tiene carácter vinculante.
“El Ministerio de Justicia confirma que el proceso de terrorismo-separatista fue archivado arbitrariamente por el gobierno de facto. Corresponde que ese ministerio denuncie ese hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la patria”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
El jefe del MAS señaló que atentar contra la integridad de Bolivia “merece la pena máxima y es delito de traición a la Patria que no prescribe”. “Además de eso, el proceso ya tiene sentencias ejecutoriadas de separatistas confesos. Confiamos que esta vez no tratarán de beneficiar a golpistas y separatistas”, agregó.
En su informe, la CIDH recomienda reparar las violaciones a los derechos humanos, adoptar medidas de compensación económica, iniciar una investigación para esclarecer los hechos y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan sucesos similares a los del hotel Las Américas.
Por su parte, Chávez, procurador General del Estado, afirmó que todo lo que circula sobre ese documento son simples “especulaciones”. “Estamos bajo un principio de confidencialidad, las especulaciones que están ocurriendo, incluido un supuesto juicio a una exautoridad, son eso, especulaciones. Nosotros debemos ser serios, respetar los principios que rigen este tipo de informes, que son eso, no son sentencias, no tienen otra categoría, menos aún un carácter vinculante”, dijo en conferencia de prensa.
Negó ser el responsable de la “filtración” del documento y desafío a periodistas a demostrar que su contenido salió de su despacho. Atribuyó las versiones a quienes estaban involucrados en el proceso judicial.
“Nosotros jamás filtraríamos un tema de esos, es la cobardía, aparecen en los medios, como estrellas, dando información falsa, tergiversando, que haya un periodista que me diga que yo he filtrado, yo acepto el desafío, yo libero, no tengo cuentas ocultas, he renunciado al secreto bancario y renuncio a la confidencialidad, que me diga ese periodista a quién he filtrado, si tiene valentía, que diga cómo he dado, esa es mi respuesta a esa cobardía, a esa canallada que han hecho contra mi persona”, agregó.
Garantizó que, una vez que se levante la confidencialidad, “el Estado brindará declaraciones y asumirá las acciones que sean pertinentes”. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón sostuvo a los medios de comunicación que el Gobierno no comentará aspectos del informe de la CIDH porque no ha tenido conocimiento oficial del documento.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en sus habitaciones disparando sus armas de fuego. Como consecuencia Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyarosi y Michel Dwyer resultaron muertos; Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
