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Un somero recuento de prensa de hechos violentos registrados en el departamento de Santa Cruz en los últimos seis meses del año pasado, vinculados a asaltos y avasallamientos de tierras, identifica al menos diez casos en los que el común denominador es la impunidad que ampara a los autores intelectuales y materiales de los mismos. Un denominador común al que hay que añadir otro no menos relevante: los señalados como autores de esos hechos son identificados -y en más de un caso, se autoidentifican- como afines (cuando no militantes) del partido de gobierno, el MAS. En resumen, dos datos preocupantes que debieran no solo llamar la atención, sino provocar una reacción de rechazo generalizado y de demanda de acción del gobierno central, del Ministerio Público, de las fuerzas del orden y del Poder Judicial.
Hasta la fecha, no ha habido tal reacción generalizada de indignación y de demanda de cumplimiento de deberes a las autoridades responsables de investigar, procesar, castigar y frenar estos hechos de violencia. Salvo una que otra actuación de los directamente afectados y de algunas organizaciones de la sociedad civil -como es el caso a destacar de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz-, poco se está haciendo para presionar a los responsables de la administración de Justicia para que actúen de acuerdo a ley. Una desidia que ya nos está costando caro, a todos, no apenas a las víctimas contabilizadas a la fecha, porque se están sentando las bases de un modus operandi perverso, de graves consecuencias para la seguridad ciudadana y la vida en libertad y democracia.
Esa inacción, por no decir abierta complacencia hacia la actuación de grupos irregulares armados, es un mensaje de aliento directo a los mismos. ¿De qué otra manera se puede explicar, por ejemplo, que a tres meses de los graves hechos registrados en el predio Las Londras solo haya un detenido de una lista de al menos media docena de agresores plenamente identificados? Y ojo: estamos hablando de al menos seis policías, entre ellos el jefe de la Policía de la Chiquitania, entre las 17 personas que fueron secuestradas, torturadas y amenazadas con armas de fuego por uno de esos grupos irregulares armados que están actuando a vista y paciencia de las autoridades. Entre las víctimas también están seis trabajadores de la prensa, a los que les destruyeron sus equipos a balazos.
No es el único caso en el que hay policías víctimas de los violentos que están actuando abiertamente en contra de la ley. El somero recuento citado incluye otro hecho registrado en septiembre del año pasado en el predio El Encanto ubicado en la comunidad Santa María, próxima a Ascensión de Guarayos, en el que además de los daños provocados por los violentos al predio, el que quemaron, se registraron varios heridos de bala, entre ellos tres policías que acompañaban una comitiva oficial, cuyo vehículo también fue incendiado. Estamos hablando nada menos que de efectivos llamados por ley a poner orden y garantizar la seguridad ciudadana, a los que tal autoridad no les vale nada y quedan indefensos frente a la impunidad con la que actúan los agresores.
Imagínense: si la Policía no hace nada para proteger a sus propios efectivos y más bien por el contrario, apaña y deja impune a quienes los agreden y atacan con armas de fuego, menos hará por un ciudadano común, al que no lo ampara un uniforme verdeolivo, ni siquiera la Constitución y tantas leyes vigentes, supuestamente para dar esa garantía y seguridad ciudadana. Lo mismo vale si hablamos de jueces y fiscales, en su mayoría sometido al interés y mando del partido de gobierno, al menos en los casos identificados en este recuento, en el que hay que añadir entre otros de los más graves el sufrido hace poco por la comunidad ayorea 27 de Mayo, ubicada en Pailón, a la que un grupo de unas quince personas atacó violentamente, quemando además sus pertenencias y obligándolos a huir de sus propias tierras.
En julio de 2021 también hubo otro hecho grave en la comunidad Ebenezer, enfrentada a un conflicto con otra denominada Jerusalem 3, en la que se registró una víctima fatal: don Lino Peña Vaca, herido con arma de fuego. En este conflicto tuvo responsabilidad el INRA, al haber aprobado disposiciones que afectaron los derechos de los comunitarios del lugar. A ese hecho se suma el denunciado por la familia Yucra de la comunidad Santa María, en las proximidades de Ascención de Gurayos, cuyo predio también fue invadido por un grupo de personas con armas de fuego; los doce avasallamientos denunciados un mes antes en San José de Chiquitos; y la emboscada sufrida por otra comisión oficial de autoridades de la provincia Velasco, en agosto del año pasado, cuando iban a verificar una denuncia de avasallamiento en el área del Bajo Paraguá.
Este espacio queda corto para entrar en detalles, para añadir otros hechos también denunciados públicamente. Pero con lo expuesto hasta aquí basta para remarcar que estamos frente a un problema muy grave que afecta no solo al departamento de Santa Cruz, sino al país entero, como es el de la actuación cada vez más recurrente y en varios ámbitos de grupos irregulares armados, que se saben protegidos e impunes, al menos hasta hoy. Un grave problema al que urge darle la máxima atención, aunando esfuerzos y acciones desde la institucionalidad y la sociedad civil para lograr, a corto plazo y con carácter de alta prioridad, soluciones efectivas y de fondo. Por el bien de todos, hay que insistir.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
