Algo hay detrás de los cambios y ataques al Órgano Electoral: ¿se viene un nuevo 21-F?
La semana pasada se removió de manera ilegal a seis vocales departamentales y se intentó suspender al Presidente y Vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral. Se evidencia el intento de recomposición del Poder Electoral en sus niveles nacional y departamental que administrarán futuros eventos electorales, ¿entre ellos un nuevo referéndum constitucional?
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Después del triunfo en las elecciones presidenciales de octubre de 2014, un desempeño regular en los comicios regionales de marzo de 2015 y el fracaso en los referéndums autonómicos de septiembre también de 2015, el régimen de Evo Morales decidió que se convoque para el 21 de febrero de 2016 a un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que limita la reelección presidencial a una sola vez y permitir que el jefe del masismo se postule las veces que quiera.
Pese a que fue un error de cálculo político, reconocido luego por el partido de gobierno, y que el NO ganó por estrecho margen, Morales y su entorno en el poder habían sido fieles a su tradición de utilizar el impulso de una victoria nacional para lanzar medidas de impacto como la “nacionalización” de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006 después del triunfo en las elecciones de diciembre de 2005, y el “gasolinazo” del 26 de diciembre de 2010 tras la victoria de los comicios de diciembre de 2009.
En 2016, el masismo tenía una ventaja adicional para encarar el referéndum constitucional que en el fondo fue un plebiscito sobre Morales que en ese entonces ya tenía una década en el poder y quería más. La ventaja era el copamiento del Órgano Electoral a nivel nacional y departamental. Un militante masista, por ejemplo, que hizo campaña por Morales en 2014 y que fue fotografiado en una concentración partidaria con bandera azul en mano, llegó a ser Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Pues bien, la semana pasada, seis vocales departamentales electorales que representan al Órgano Ejecutivo en esas instancias fueron removidos sin haber procesos disciplinarios o penales en su contra y no habían renunciado a sus cargos. El cambio ilegal fue dispuesto por el presidente Luis Arce y 14 organizaciones de la sociedad civil lo calificaron como un ataque a la independencia del Órgano Electoral.
Entre tanto, el diputado del MAS Ramiro Venegas pidió la suspensión de Óscar Hassenteufel y Nancy Gutiérrez, presidente y vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, que felizmente fue rechazado por la Sala Plena de la máxima instancia del Órgano Electoral. Venegas pidió la suspensión de las máximas autoridades porque aparentemente habrían incumplido plazos en el procesamiento y suspensión de la vocal nacional Rosario Bautista.
El 30 de abril de este año, Dina Chuquimia, ex integrante del Tribunal Supremo Electoral que tuvo que renunciar colectivamente luego de evidentes hechos de parcialización con el masismo, participación en campañas y fiestas de candidatos masistas y la anulación de candidaturas opositoras en Beni, Cochabamba y Potosí, retornó al Poder Electoral en representación del presidente Arce tras la renuncia de Salvador Romero a la Presidencia del cuarto Órgano del Estado.
Sobre Romero, el diputado Venegas le inició un proceso penal en mayo de este año por no haber respondido a peticiones de informe escrito cuando era Presidente del TSE. El diputado del MAS denunció al fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, que Romero habría salido del país de manera irregular y pidió el flujo migratorio de la ex autoridad.
La recomposición del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales es evidente y parece que va en dirección de que gente vinculada al MAS comience a copar nuevamente las instancias clave del Órgano Electoral que debe administrar futuros eventos electorales, entre ellos un posible referéndum constitucional que elimine el límite de la reelección presidencial expresado en el artículo 168 de la Carta Magna.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos habría dictaminado que la reelección indefinida de un presidente no es un derecho humano en el conjunto del sistema interamericano y la opinión consultiva está en fase de edición final. El cuestionado ministro de Justicia, Iván Lima, declaró hace unos días que el dictamen no tendrá carácter vinculante porque la Constitución boliviana ha zanjando el tema porque autoriza una sola reelección presidencial.
Entonces, ¿qué pasaría si la Constitución boliviana es modificada por voluntad del soberano y aprueba la reeleeción presidencial indefinida? Dejaría de ser un capricho prorroguista individual y sería la expresión democrática del electorado boliviano que hipotéticamente vería positivo para el futuro del país que un Presidente se transforme en monarca y permanezca en el cargo más importante del país hasta que pierda la vida.
La presión política sobre el Órgano Electoral aumenta con cambios, recomposiciones, amenazas, auditorías… ¿En qué momento el Órgano Electoral cederá totalmente y se teñirá de azul?
