El masismo fingió en la presentación del informe del GIEI
Escuchó los cuestionamientos al sistema judicial, dijo que seguiría las recomendaciones del informe, pero este miércoles pidió a la Fiscalía General acelerar el jucio de responsabilidades a Jeanine Áñez por los casos Sacaba y Senkata.
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El gran perdedor en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es el sistema judicial boliviano. Con excepción del masismo, el clamor generalizado es una reforma inmediata, profunda y transparente de la justicia y del Ministerio Público para acabar con procesos inventados por razones políticas, la persecución de los adversarios del poder, el abuso del encarcelamiento preventivo y los atropellos inhumanos a quienes caen en las garras de la “justicia podrida”, entre otras aberraciones.
En la entrega del informe del GIEI quedó claro que Bolivia ya no puede seguir arrastrando el lastre de una justicia sometida al poder político, ineficiente en la búsqueda de la verdad y corrupta en prácticamente todos sus niveles. Quedó claro que la reforma judicial es una tarea urgente e ineludible porque cualquier proceso que se inicie a partir del informe internacional no tendrá ningún valor si es tramitado con este funesto sistema judicial.
Seguramente que al masismo también le quedó claro, pero puede más su obsesión de poder absoluto y su inocultable sed de venganza. 24 horas después de haber escuchado en persona los duros cuestionamientos del GIEI al manejo de la justicia boliviana, este miércoles el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, tomó un avión rumbo a Sucre, sede del Órgano Judicial, para hacer lo que siempre se ha hecho, sobre todo en los últimos 15 años.
Llegó al edificio de la Fiscalía General del Estado con un memorial en la mano, dejó el escrito en la ventanilla de ingreso de causas del Ministerio Público y con una envidiable tranquilidad dijo a los medios de comunicación que presentó una petición al cuestionado fiscal general Juan Lanchipa para que “acelere” el juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez por los casos Sacaba y Senkata, categorizados por el GIEI como masacres cometidas en noviembre de 2019.
“No existe argumento alguno para demorar el enjuiciamiento de estas personas”, sostuvo el exabogado de Evo Morales confiado en que la Fiscalía General presentará en breve, con llamadas telefónicas de por medio, una nueva proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa buscando que apruebe, por dos tercios de votos, el procesamiento de la exmandataria en el Tribunal Supremo de Justicia por graves violaciones a los derechos humanos.
Para disimular la vieja práctica del masismo de utilizar la justicia a su antojo, mientras Chávez hacía lo suyo en la Fiscalía General, cuadras más allá, en el Tribunal Supremo de Justicia, el ministro Iván Lima se reunió con el presidente de esa entidad, Ricardo Torres, y dieron una conferencia de prensa en la que el Ministro de Justicia informó que recibió la instrucción del presidente Luis Arce de retomar la reforma judicial después de haber recibido el informe del GIEI.
La conclusión después de lo ocurrido un día después de que se conoció el informe de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es simple: el masismo no dejará por ninguna razón o circunstancia su condición de dueño absoluto de la justicia boliviana, pero a fin de no alborotar a los organismos internacionales, aplicará retoques de maquillaje en uno que otro nivel. El sistema judicial no dejará de depender del poder político, continuará atropellando y violando derechos constitucionales y seguirá siendo una enorme fuente de corrupción.
El encarcelamiento preventivo, por ejemplo, seguirá siendo moneda corriente en el país, incluso para quienes se presentan voluntariamente a declarar en casos abiertos a pedido del gobierno. El Ministerio Público mantendrá su rol de sicario judicial e instrumento de persecución política. Los especialistas del GIEI y los organismos internacionales deben tomar nota que el masismo fingió en la presentación del informe y que mantener la justicia bajo su control es “una razón de Estado”.
