Entrevista: Alejandro Peláez explica el por qué de la extraña nacionalización de las pensiones y la creación de una Gestora paralela
El experto en arbitrajes habla con publico.bo de la derrota ante el BBVA.
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Alejandro Peláez, abogado cruceño, experto en temas de arbitraje, comienza respondiendo que lo que pretendió el gobierno de Evo Morales con el sistema boliviano de pensiones fue aplicar una “nacionalización diferente”, sabiendo que ese proceso fue en realidad la confiscación de activos para posteriormente negociar con los inversionistas afectados el traspaso de acciones sin interrumpir las operaciones de las empresas estratégicas “nacionalizadas”.
Entonces, dice Peláez a publico.bo, lo ocurrido con las administradoras privadas de fondos de pensiones tuvo como objetivo la creación de una “gestora paralela”, “Lo que hizo el Gobierno fue tomar una decisión distinta: no entraron a asumir la empresa, en este caso las AFP (y tomar el control de) todo su personal, sus activos y su know how, sino que el Gobierno decidió crear una Gestora paralela, como ocurre ahora con el registro de comercio”, afirma.
Luego de comentar el objetivo, Peláez no oculta sus preocupaciones por las consecuencias que puede tener para los usuarios del sistema de pensiones el que una Gestora pública administre 23.000 millones de dólares de los pensionistas, tal como un mal manejo de la información que poseen de las AFP de empleadores y empleados en Bolivia y los conflictos de interés que se pueden generar entre una Gestora pública y las inversiones que puede pretender realizar en entidades del Estado.
En el contexto de una extraña nacionalización que produjo una Gestora paralela y las preocupaciones anotadas, publico.bo le pregunta su opinión sobre la desaparición de Wilfredo Chávez, procurador general del Estado, Peláez aprovecha para decir que “no se puede echarle la culpa al arquero de todos los goles recibidos” y menciona que en los 12 años en los que el BBVA fue mantenido como rehén de un tema irresuelto, las utilidades se triplicaron para el banco español y, por eso, es que el monto que debe pagar ahora el Estado boliviano es de 105 millones de dólares con intereses que están corriendo desde junio de este año.
En publico.bo te invitamos a ver y reflexionar sobre la entrevista a Alejandro Peláez.
