La comisión de revisión y la reforma judicial: cuestionamientos, desconfianza, estrategias de transformación
Resumen del editorial de El Deber y los artículos de Edwin Herrera y Emilio Martínez.
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País de comisiones inútiles – El Deber
Después de anotar la decisión del presidente Luis Arce de crear una comisión de revisión de casos de feminicidas y violadores liberados por la justicia en un lapso de 120 días y la casi inmediata conformación de la instancia con ministerios, altos tribunales, presidencias de las cámaras, Fiscalía y Procuraduría, el editorial del diario cruceño de este jueves afirma que de no haberse producido el caso de Richard Choque Flores, violador y asesino serial sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, liberado en 2019 “seguramente el Estado continuaría sin mover un dedo sobre un problema que no es nuevo”.
El editorial escudriña la composición de la Comisión de Revisión y encuentra que de los diez integrantes, hay una sola mujer: la Ministra de la Presidencia; todos son oficialistas y no se incluyó a nadie de la oposición política ni de organizaciones de la sociedad civil. Además, recuerda que eso de las comisiones es una práctica común e ineficiente del Estado. “Al final, las comisiones suelen tomarse largos tiempos, tienen costos de operación y normalmente no concluyen en nada que genere un cambio de las cosas y todo sigue igual”, sostiene El Deber.
El texto de opinión cuestiona que la Comisión de Revisión tenga como objetivo las tareas que deben cumplir las instancias que la componen por separado y que el Presidente y su frondosa comisión desconozcan que el principal problema es la justicia partidizada descaradamente por el propio masismo. “Acusan al juez Rafael Alcón que liberó al feminicida de tener la protección de su hermano Gonzalo Alcón, exconsejero de la Magistratura, pero no dicen que este último fue elegido en el cargo por el MAS”, concluye el editorial de El Deber.
El camello azul – Edwin Cacho Herrera
El periodista y analista político también aborda la conformación, funcionamiento y resultados que debe entregar la Comisión de Revisión en un plazo de 120 días impuesto por el presidente Luis Arce para que esa instancia masista revise y proponga sanciones a consorcios masistas de jueces, fiscales, abogado y demás, los mismos que “hicieron negocios con la liberación de condenados”. El plazo concluye el 31 de mayo y Herrera espera saber cómo se desarticularán a las organizaciones criminales enquistadas en el Órgano Judicial a partir de su partidización.
El artículo de opinión del periodista expresa el temor de que los resultados sean espurios porque los presidentes de los altos tribunales de justicia del país y de la instancia disciplinaria están ahí por decisión del masismo, el Ministro de Justicia fracasó dos veces en su intento de encaminar una necesaria reforma judicial, el Fiscal General es experto en someter al Ministerio Público al gobierno de turno y el Procurador del Estado sigue actuando como abogado defensor de Evo Morales y presiona para obtener un espacio en el gabinete de Arce.
Para Herrera, la Comisión de Revisión tendrá la legalidad del caso, pero no tiene ninguna legitimidad para detectar y sugerir sanciones contra militantes del MAS que desempeñan funciones judiciales solo por ser masistas. “Decían los políticos de la democracia pactada: ‘Si quieres que algo no se solucione, entonces organiza una comisión’. Otros más irónicos afirmaban: ‘Un camello se hace metiendo un caballo a una comisión’. Después de 15 años de copamiento masista de la justicia, no debería extrañarnos que, al término del plazo de 120 días, veamos un camello ilegítimo, pintado totalmente de color azul”, concluye su artículo de opinión.
Crisis judicial: estrategias de contención o de transformación – Emilio Martínez
En su último artículo de opinión, el escritor y analista político señala que ante el creciente malestar ciudadano, el gobierno ensaya una “estrategia de contención”, circunscribiendo el problema a un solo tema de alta legitimidad moral (la violencia contra las mujeres), obviando otras aristas igualmente importantes, como la subordinación de los magistrados al poder de turno. Recoge los criterios del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en sentido de que es necesario instalar un debate nacional en lugar de cumbres sectarias e inútiles.
Ante la “estrategia de contención” del oficialismo, Martínez plantea una “estrategia de transformación” del sistema judicial que recoja “las propuestas independientes” relacionadas con una preselección ciudadana de los postulantes a magistrados, según criterios de meritocracia en la acepción más amplia posible del término, atendiendo tanto a la formación académica como a los antecedentes fácticos y a la idoneidad psicológica. Todo esto para realizar “una previsora organización de cara a las elecciones judiciales que, nos guste o no, tendrán lugar tarde o temprano, en una coyuntura política algo más favorable que las anteriores”.
“La buena noticia (…) es el hecho de que el oficialismo ya no cuenta con 2/3 para aplicar su aplanadora parlamentaria, con lo que se abrirá cierto margen de concertación para la selección de ternas de cara a los comicios judiciales, programados para mediados del 2023 pero que podrían ser, eventualmente, adelantados”, afirma el escritor que concluye que de una forma u otra se plasmará la preselección ciudadana, ya sea a través de una ley de reforma o mediante una organización autogestionaria de la sociedad civil similar a la Asamblea Provisional Autonómica que allanó el camino para la elección directa de autoridades ejecutivas y legislativas en los departamentos.
