La educación sigue a la deriva en Bolivia
Anuncios, contradicciones, reclamos, retrocesos. El gobierno de Luis Arce quiere que las aulas se llenen otra vez de alumnos solo para cumplir un objetivo político. No tiene una nueva visión de lo que debe ser la educación pospandemia.
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La administración de Luis Arce tiene una nueva obsesión: el retorno de niños, adolescentes y jóvenes a las aulas escolares sin importarle que el país esté a punto de ser golpeado por una cuarta ola del coronavirus. Quiere forzadamente hacerlo porque entiende políticamente que es la manera de diferenciarse del gobierno transitorio que clausuró la gestión escolar 2020 a mitad de año, aunque en lo que va de este 2021 la segunda y tercera ola de la pandemia impidieron que las clases se normalicen en todo el territorio nacional.
La pretensión de que los mandiles y uniformes escolares vuelvan a ser vistos en el país está respaldada en el proceso de vacunación masiva que mejoró en las últimas semanas, pero que no llegó ni al 10% de la población vacunable compuesta por supuesto, entre otros, por maestros, personal administrativo y padres de familia. Es más, el Programa Ampliado de Inmunización no ha considerado aún la aplicación de dosis anticovid a niños/adolescentes mayores de 12 años, como ha sido dispuesto en países vecinos como Chile.
Así sea lento el avance del proceso de vacunación, la administración de Arce cree que es suficiente para que el propio Presidente anuncie que después de esta “semanita”, las clases presenciales y semipresenciales retornarían al país. Apurado en quedar bien con el Jefe de Estado, el Director Departamental de Educación de La Paz, por ejemplo, anticipó que 81 de los 87 municipios del departamento paceño volverán a clases presenciales en los niveles primario y secundario, otros cuatro desarrollarán labores educativas bajo la modalidad semipresencial y los municipios de La Paz y El Alto mantendrán las clases a distancia.
El desconcierto inicial de maestros y padres de familia rápidamente se transformó en un rotundo rechazo porque el anuncio del Presidente y los ecos de ciertas autoridades educativas son una invitación a la explosión de contagios de coronavirus. A ellos se sumaron las opiniones de especialistas en pediatría que observaron la intención de que las aulas vuelvan a recibir alumnos porque no existe ninguna señal gubernamental que haga pensar en que se comenzaría a vacunar a niños/adolescentes en edad escolar. Los cuestionamientos cobraron fuerza en cuestión de horas y, como ha ocurrido con otros temas polémicos, el gobierno tuvo que retroceder.
Cual bombero, el Ministro de Educación salió a apagar el incendio descartando el retorno de las clases presenciales al país la próxima semana y precisó que la modalidad semipresencial dependerá de los informes de los servicios departamentales de salud y una evaluación de una comisión en la que participan autoridades de los ministerios de Salud y Educación. Desautorizó al oficioso Director Departamental de Educación y pidió calma a profesores y padres de familia porque no hay nada definido sobre el retorno de estudiantes a las aulas mientras el virus no haya sido controlado.
Pero, ésa es una parte de la problemática. Hay otros elementos. Las autoridades a favor del retorno a labores presenciales argumentan que las clases a distancia enfrentan muchas dificultades olvidando que la efectiva conectividad de alumnos y maestros a las plataformas educativas es responsabilidad del gobierno que paradójicamente impuso en el sector fiscal el uso de la plataforma desarrollada por el Ejecutivo, cuando los estudiantes podrían aprovechar otras de mejor accesibilidad, mayor compresión y más completas en cuanto a herramientas de estudio.
Otro elemento. El Ministerio de Educación anunció a principios de año la distribución de textos o cartillas para optimizar las clases fuera de las aulas. Sin embargo, directores, maestros y padres siguen reclamando en varias partes del país porque el material impreso aún no llegó, principalmente en las áreas rurales, por lo que existen alumnos que reciben enseñanza prácticamente a ciegas o finalmente no la reciben. Así, la educación en Bolivia sigue a la deriva, mientras los gobernantes hacen política con una de las principales obligaciones del Estado, utilizando incluso la vacunación como fachada.
La pretensión gubernamental de que las aulas se llenen otra vez de alumnos, las campanas y timbres vuelvan a sonar en escuelas y colegios, y los gritos de niños y adolescentes retumben nuevamente en las infraestructuras no pasa por una nueva visión de lo que debería ser la educación pospandemia en el país. Pasa por la mezquina idea de gritarle a la otra mitad de la nación que este gobierno sí pudo conseguir el retorno a clases presenciales versus la clausura del año escolar en 2020. Como van las cosas en cuanto al comportamiento del coronavirus y el avance de la vacunación, tal vez la administración de Arce deba guardar su discurso triunfante para el 2022.
