Fernando Asturizaga: “El desarrollo rural se asienta sobre un derecho propietario cierto sobre la tierra”
Fernando Asturizaga compartió su estudio sobre la seguridad jurídica de la tierra en un escenario de avasallamientos y desinstitucionalización. Asturizaga es abogado con especialización en derecho agrario, medio ambiente, recursos naturales y desarrollo rural.
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“La seguridad jurídica tiene tres dimensiones: la certeza o el conocimiento de lo que se puede hacer, de lo que no se debe hacer y de lo que le ordenan hacer. Engloba normativas sobre delitos y cuáles son las sanciones, qué es lo que puede hacer o no con su lote o terreno. Tener un marco claro donde estén esas tres dimensiones presentes es la seguridad jurídica”, señaló.
El experto dijo que hay varios indicadores de cumplimiento para saber si existe seguridad jurídica: “un primer elemento clave es la irretroactividad de la norma, no puedo hacer normas hacia atrás, porque se destruyen los derechos que han podido adquirir los ciudadanos. Como está pasando con la normativa de tierras, porque la nueva CPE dice que sólo puedo tener hasta 5.000 hectáreas y eso se aplica hacia atrás. Otro elemento son las sanciones. Entre 2010 y 2012 se dieron más de 300 avasallamientos de tierras en todo el país y la CAO pidió que se tipifique el delito de avasallamiento con una normativa específica. Entonces salió la Ley 477. Es un marco jurídico, que no se cumpla es otra cosa”.
“Cuando uno va a impulsar una política pública de desarrollo rural, las agencias de cooperación le dirán que un principio básico es tener seguridad jurídica sobre las tierras, derechos de propiedad claros. Que cuando tengo un título realmente sea dueño, pueda transferir la tierra, dividirla o heredarla a mis hijos. El derecho propietario agrario en Bolivia no es así. El título de propiedad está en un nivel menor inclusive al de un contrato de usufructo, porque con este último uno puede residir o aprovechar un bien inmueble toda su vida. En el caso de la tierra, el productor sólo tiene dos años de respiro desde que la recibe e incluso puede ser menos, si una organización social dice que no está cumpliendo la FES. Pueden revertirle la tierra en seis meses o un año. El título ya no da derecho de propiedad. Esto tiene que ver con la modificación constitucional del 2009. La anterior Constitución decía que el título ejecutorial agrario causaba estado, era irrevisable por autoridades de la justicia. Ahora el título es observable por el INRA, por el Viceministerio de Tierras y por las organizaciones sociales”, detalló.
Asturizaga indicó que, mientras en el área urbana “no hay una entidad estatal que le diga que si no construye en dos años le vamos a quitar el lote, en la parte rural sí. Si deja de trabajar un poco de su tierra, ese poco se lo van quitando. La norma es así de dura. Revertir significa que se le puede quitar la tierra sin ningún tipo de indemnización. Hay grandes diferencias entre el derecho propietario urbano y rural”.
“Esto afecta a la planificación de grandes inversiones. ¿Quién puede invertir si cada dos años le pueden quitar la tierra? De ahí que Bolivia es uno de los países que menos invierten en riego. Las normativas excesivamente duras no ayudan a la inversión y tampoco a una mayor atracción de tecnología. ¿Para qué hacer un monitoreo satelital o por drones de mi cultivo, si tengo la propiedad amenazada por avasalladores que están al lado? Todo el sistema de desarrollo rural se asienta sobre un derecho propietario cierto sobre la tierra”, remarcó.
Sobre el reciente ciclo de avasallamientos, señaló que “el que no haya sanción es un incentivo a que se sigan tomando tierras. En Las Londras, encapuchados tomaron a periodistas y trabajadores, con torturas de por medio, y ninguno está preso. En Santagro se tomaron las tierras y en este momento el Estado está dirigiendo una persecución contra los dueños de los predios, no contra los avasalladores, que incluso estaban cosechando los cultivos con protección policial. Es el mundo al revés”.
“Habrá que cuantificar el grave daño de carácter ambiental, porque el avasallador comienza a invadir por las áreas de protección de bosques. Otra de sus actividades es incendiar los cultivos. Los trabajadores ya no son fáciles de contratar, porque tienen miedo”, alertó.
Asturizaga consideró que en el trasfondo de esa situación están “los mitos creados por quienes acompañaron siempre al partido de gobierno, ONGs que decían que el 90% de la tierra en Bolivia era de empresarios agropecuarios y que las comunidades indígenas tenían sólo un 5 o 7%. Eso es absolutamente falso y el saneamiento nos está dando el dato de que no había semejante inequidad. El segundo mito es que no era un verdadero empresario productor, sino un acaparador de tierras que las tenía para esperar a que suba el precio y después venderlas. Sobre estos mitos se construyó la política de tierras”.
“Los últimos datos del INRA muestran que la mayor parte del territorio nacional está en manos de comunidades, pueblos indígenas y pequeños productores. A diciembre del 2022, la pequeña propiedad y las comunidades tituladas representan 26 millones de hectáreas sobre un total de 109 que tiene el país. Otros 25,6 millones son territorios indígenas, TCOs y de pueblos afrobolivianos. Con esto ya se pasa del 50% del territorio nacional. La mediana propiedad y la empresa agropecuaria suman 14,9 millones de hectáreas. En esa última superficie se asienta prácticamente el 70% de la producción que alimenta a todo el país. Es un patrimonio nacional que se debería proteger”, subrayó.
El experto llamó la atención al hecho de que “casi 27 millones de hectáreas son de tierras fiscales. ¿Cómo pueden haber avasallamientos? Los mitos cambian de discurso y ahora dicen que las mejores tierras están en manos de los empresarios, ya no es la mayor cantidad. Seguimos creando una situación de conflicto social en el campo. ¿Por qué no apuntalamos las más de 51 millones de hectáreas de pequeños productores y de comunidades con ciencia y tecnología, para que puedan mejorar rendimientos?”.
“El país en algún momento tiene que darle fin al proceso de reforma agraria. Seguimos revisando y verificando la FES, viendo al productor con ojos de latifundista, no con ojos de ser humano que está trabajando por todo el país. Al productor de soya se le dirigen muchos dardos. Eso hay que cambiarlo. Si se da por concluido el proceso, el productor y las comunidades serán dueños de su tierra y van a invertir ahí”, propuso.
Asturizaga también enfatizó la necesidad de “recuperar la institucionalidad. En 27 años del proceso de saneamiento, el INRA sólo ha tenido un director institucionalizado, nombrado como dice la ley. Lo mismo pasa con la ABT. La Comisión Agraria Nacional y las Comisiones Agrarias Departamentales son espacios que se han perdido, porque el INRA ha decidido no participar”.
Finalmente, destacó la necesidad de que en Santa Cruz se adjudiquen tierras de manera individual. “El migrante de occidente escapó de las comunidades en sus regiones para tener su propia parcela, porque el jilakata o el jefe del sindicato era el que asignaba las tierras. El modelo productivo cruceño tiene una de sus bases en el derecho de propiedad individual”, añadió.
