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Akamine es presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia y ha participado como profesional en la organización de anteriores actividades censales del INE. Actualmente, forma parte de la comisión creada por la UAGRM para hacer el seguimiento del Censo.
“Estamos sorprendidos por la noticia de la postergación, nos habían garantizado que se hacía sí o sí en noviembre. Dentro de la preparación de un Censo hay diferentes etapas: la de planificación, la precensal, censal y postcensal. No se pueden abarcar de forma simultánea, hay que ir cerrando una etapa y abriendo otra. Decían que estaban avanzando con la boleta, con la actualización cartográfica y con la capacitación de los empadronadores. Esto hacía notar que prácticamente era imposible llegar a un Censo en esta fecha (noviembre), pero dejábamos el beneficio de la duda, porque la tecnología podría ayudar a minimizar los tiempos. Pero la cartografía desde mi punto de vista no ha comenzado, no sabemos nada de la ruta crítica, no sabemos las acciones que están tomando directores y ministros, que primero dicen que hay un avance y ahora no hay nada. Se confirman las dudas que se tenían”, comentó.
Akamine dijo que “un problema neurálgico es el financiamiento. Fonplata aprobó recursos recién en mayo o junio, y todas las etapas van acompañadas de presupuesto. El Estado nacional históricamente ha participado con un 10 al 20% del presupuesto, el resto es financiado por organismos internacionales. Sin eso no se pueden iniciar las actividades, porque requieren contratación de personal. Una de las dudas que nos dejó el anterior director del INE fue que dijo que iban a contratar 10.000 personas para la actualización cartográfica, pero la administración pública tiene sus tiempos para contratar”.
“Los personeros del INE venían socializando que se había avanzado de manera significativa, pero en etapas precensales de organización todavía no entregaron esa información a la sociedad civil. La participación es de todos los ciudadanos, oficialistas y opositores tenemos que llegar a un consenso para entrar en una verdadera planificación”, remarcó.
El economista señaló que “se espera una explicación técnica de por qué se decidió una fecha en el 2024 y no en el 2023, como ellos mismos habían estipulado en caso de una postergación. El 2024 es un año preelectoral y los datos del Censo tardan seis meses en conocerse oficialmente. En el 2001 se dieron datos preliminares a los tres meses y a los seis meses los datos oficiales. La entrega como tal es un año después y la aplicación es para la siguiente gestión”.
“Vamos a tener los datos a mediados del 2025, un año electoral, y no se van a aplicar para ninguna de las razones por las que se obtiene esta información. La redistribución de recursos va a ser postergada para el 2026 y la representación parlamentaria para el 2030, ya cuando tocaría hacer otro Censo. No son dos años, es una década perdida”, subrayó.
Akamine recomendó que “quienes no están de acuerdo con el anuncio del gobierno planteen una alternativa, sobre cómo podemos tener el Censo antes de esa fecha para que dé el tiempo en la etapa preelectoral de hacer los ajustes necesarios. No podría pasar de junio del 2023, un año. Si hay el avance del 30% son los tiempos justos”.
“Mientras tanto, ¿se va a seguir redistribuyendo con datos del 2012? Tiene que nacer una propuesta, se tiene que hacer una compensación por lo no recibido hasta que se realice el nuevo Censo”, indicó.
El economista dijo que “no es un tema regionalista de Santa Cruz. Tener información actualizada es necesario para el mismo Estado. ¿Cómo se puede hacer un plan de desarrollo económico y social sin datos exactos? Si hay 500.000 habitantes paceños en Santa Cruz, esos recursos tienen que venir, porque se atienden en los hospitales de aquí, sus hijos van a la escuela, necesitan infraestructura y seguridad ciudadana”.
“El único que tiene que ganar es el ciudadano. Hay que tener información que permita reajustar la planificación en base a las necesidades de la población. En esta época de postpandemia el mapa de la pobreza se ha reconfigurado y el Censo nos va a permitir tener el dato real, para ayudar a bajar los índices de pobreza en el país. Esperemos que se dé la mesa de diálogo y el gobierno escuche las propuestas que salgan de Santa Cruz”, concluyó.
