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Jorge Asbún: “El proyecto de ley sobre ganancias ilícitas apuntaba a una forma autoritaria de gobierno”

Jorge Asbún habló sobre el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el equilibrio que se debe buscar entre combatir los delitos y respetar los derechos y garantías de los ciudadanos y la evaluación de la inseguridad jurídica en Bolivia.

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Asbún es un experto constitucionalista, doctor en derecho por la Universidad Complutense y máster por el Instituto de Derecho Comparado de Madrid. Es presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Autor de diversas publicaciones sobre derecho constitucional.

“Se dio una importante movilización ciudadana, nutrida por diferentes perspectivas de académicos. El proyecto tenía diversos problemas, normas inconstitucionales como la referida a que no existía el secreto en ningún campo, ni en el periodismo, cuando esto tiene una garantía constitucional. También daba una inmunidad completa para los informantes. Esto también contraría a la Constitución, porque no puede haber actos eximidos de responsabilidad. El proyecto otorgaba a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) potestades judiciales y de inteligencia, siendo además una secretaría dependiente de un órgano político, el CONAL, integrado por ministros, el Procurador y la Fiscalía. Ese diseño con infracciones constitucionales es aberrante, más en una realidad con una justicia debilitada. Hay que ser cautelosos porque pueden incorporarlo luego en otras leyes”, precisó.

Asbún opinó que la lucha contra los flagelos de la delincuencia es un deber del Estado, pero añadió que en Bolivia “ya hay suficiente normativa penal y de investigación para eso, otra cosa es que no se luche o no se vuelva efectiva. Los órganos políticos también deben ser fiscalizados, porque muchas veces la corrupción está en ellos”.

“Una de las garantías constitucionales es el debido proceso y el requerimiento de información referido a la privacidad de las personas debe ser autorizado motivadamente por un juez. Eso se pasaba a una autoridad administrativa. Al trasladar competencias judiciales a autoridades administrativas que dependen de órganos políticos se desnaturaliza el Estado de Derecho. Es apuntar a una forma autoritaria de gobierno. La ciudadanía se ha dado cuenta y ha peleado porque se respeten normas básicas de convivencia que están en la Constitución”, remarcó.

El jurista dijo que otro error era la delegación a la UIF de potestades normativas. Sobre el argumento del gobierno, que decía seguir estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), comentó que “los estándares internacionales lo primero que piden es una justicia institucionalizada, despolitizada. Si de verdad se quiere luchar contra el enriquecimiento ilícito, lo primero es institucionalizar el Poder Judicial”.

Asbún también consideró fundamental que los órganos de control como la Contraloría y otros “tengan garantías mínimas de periodo y modo de elección, por 2/3 cuando lo manda la Constitución. Pero prefieren tenerlos en los regímenes temporales”.

Volviendo al proyecto de ley, subrayó que “violentaba el principio constitucional de presunción de inocencia. Se invertía el principio y el ciudadano era quien debía probar su inocencia. La UIF podía comenzar a obtener información bajo una simple presunción de culpabilidad. Se apuntaba a un engrosamiento de las atribuciones de los funcionarios públicos en desmedro de las libertades ciudadanas”.

Sobre los equilibrios necesarios entre el combate a los delitos y el respeto a los derechos y garantías, el experto indicó que “los países con un marco constitucional liberal luchan contra el enriquecimiento ilícito debidamente. Es la respuesta científica que nos otorga el derecho”.


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