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A finales del siglo pasado un político señaló que la gente en la calle le preguntaba dónde quedaba el “mercado del INE” (Instituto Nacional de Estadística), porque allí los productos eran más baratos.
Yo me indigné porque ponía en duda la labor del INE, que en esas épocas tenía una institucionalidad razonable no sólo en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Otro momento similar fue en 2008 cuando se cambió el año base de medición de 1990 a 2007, usando una encuesta de presupuestos recabada entre 2003 y 2004. Surgió un cuestionamiento similar al INE porque se dijo que era para falsear los datos de la inflación, que en esos meses estaba por encima de 10%.
Recuerdo vívidamente cuando un experto internacional visitó el banco central y manifestó que se lo hacía para “maquillar” los datos de la inflación. Sin embargo, unos meses después el mismo experto reconoció que el cambio siguió los estándares internacionales y no adulteraba la inflación.
Desde esa fecha se ha hecho un cambio adicional en 2018 y ya tenemos una base más actualizada de cálculo del IPC.
Eso sí, debido a la irrupción de la pandemia, en el mundo hemos cambiado nuestras preferencias y la mayoría de los IPC globales tienen un sesgo que implica cifras más altas que las verdaderas porque la canasta de cálculo se mantiene invariable. Por tanto, en casi todos los países se necesitan nuevas encuestas de presupuestos familiares para IPC actualizados.
No me preocupan que algunos bienes y servicios suban de precio porque eso responde a aspectos coyunturales. La inflación es baja y mi inquietud se encuentra en la sostenibilidad de esta situación y lo que se esconde detrás.
Una baja inflación es síntoma de modestas presiones de actividad y gasto. Me hace sentido que la inflación sea baja porque si comparamos los ingresos laborales promedio del primer trimestre de 2020 con los de este año, podemos apreciar que cayeron en torno a 10%. Es decir, todavía no ha existido una recuperación al nivel previo a la pandemia, lo cual es consistente con muy bajas presiones de gasto e inflación.
La baja inflación también se debe a la existencia de precios regulados. Por ejemplo, los precios de combustibles están fijos desde hace más de 15 años. Pero no es gratuito: sólo en los primeros ocho meses de este año hemos erogado divisas de casi tres mil millones de dólares, el triple de lo de años anteriores. Entonces la cuestión radica en la sostenibilidad de este mecanismo.
También existen otros precios regulados como el pan, algunas carnes y oleaginosas, que han permanecido fijos desde hace varios años. La lógica más sencilla nos dice que si estos precios permanecen bajos, es probable que cada vez exista menos interés en producirlos y que el rezago de los precios crezca cada vez más, con los riesgos que implica a futuro.
Otro factor que determina la inflación es el comportamiento conjunto de la inflación internacional y de los tipos de cambio, incluyendo el nuestro. El tipo de cambio en el país ha permanecido fijo desde 2011 mientras que las monedas de otros países se han depreciado, lo cual implica menor inflación importada para el país.
La inamovilidad cambiaria no ha sido gratuita puesto que se ha financiado con la pérdida de activos externos netos, que han caído más de dos tercios desde su punto más alto en 2015. Por tanto, la preocupación debería centrarse en el financiamiento de este esquema por las repercusiones que tiene no sólo en la inflación, sino en el resto del sistema económico nacional.
Este factor se ha magnificado porque nuestro país es altamente permeable al contrabando, lo cual también tiene efectos negativos en la producción nacional y los ingresos familiares que representa junto a la economía informal.
En síntesis, más allá de que algunos precios suban coyunturalmente la cuestión es qué tan sostenible es nuestra baja inflación y cómo se mantendrá a futuro, para lo cual se requieren señales claras y concretas para preservarla a un menor costo que el actual.
