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Por Gustavo Lazzari.
El común denominador de estas iniciativas es el título seductor y engañoso en abierta contradicción con el articulado interventor, estatista y generador de conflictos, mayores costos, corrupción y por lo tanto menor inversión y menor demanda de trabajo.
Veamos.
1. Control y congelamiento de precios salvaje: una herramienta inadecuada para un problema muy serio. La inflación no se resuelve con congelamiento de los síntomas sino con prudencia fiscal y monetaria. Los controles no serán cumplidos y si ese fuera el caso generará más pronto que tarde, desabastecimiento y mercados negros. La instrumentación genera riesgo y desconfianza debido a la apelación de estructuras “para- estatales” sin legitimidad legal. (piqueteros, y organizaciones políticas y sociales).“En rigor estas leyes tienen títulos atractivos pero articulados nocivos. Visto en conjunto se trata de un verdadero tsunami anti empresa y anti sector privado”
2. Ley de etiquetado frontal: recientemente sancionada dicha ley procura combatir la obesidad. Nuevamente no hay coincidencia entre el articulado sancionado y el objetivo propuesto. La ley no brinda información, demoniza la producción de alimentos, crea organismos y burocracia, incrementa los costos privados, prohíbe libertades individuales básicas y prohíbe la donación de alimentos a personas y comedores. Lo más grave, no hay relación entre el articulado y la disminución de la obesidad. En Chile tras cuatro años de aplicación, la obesidad aumentó sosteniblemente.
3. Proyecto de ley de humedales: dicha ley intenta proteger el ambiente atacando la producción agropecuaria, prohibiendo el uso de tierras productivas y confundiendo la necesaria canalización con humedales naturales. Análisis privados muestran que el costo en términos de menor producción es superior a las retenciones a las exportaciones. Si la ley de humedales se hubiera aplicado en Países Bajos, Amsterdam estaría bajo las aguas.
La ley de Humedales, según el especialista, José Antonio Álvarez, “busca darle el control del 24% del territorio nacional al Ministerio de Medio Ambiente, en un país donde el 66% de la superficie es árida o semi árida, copiando la Ley Bolivariana del Medio Ambiente”
La ley impone registros, controles, permisos, multas y penas de prisión, que redundará en más corrupción, costos y menor inversión. Claramente una ley anti trabajo privado.
El establecimiento de “cordones verdes”, y prohibiciones de cultivos cercanos a pueblos y ciudades constituye nuevas violaciones a la propiedad privada y a la libertad de trabajo y comercio.
4. Proyecto de ley de envases (“Con inclusión social”): dicho proyecto tiene un doble engaño. Por un lado pretende regular la actividad de los cartoneros (rebautizados “recuperadores urbanos”) y lo que es más grave responsabiliza a las empresas por los envases arrojados por terceras personas. Según la ley de envases, si un consumidor arroja a la calle una botella de plástico, la responsabilidad de recoger dicho envase es de la empresa productora del producto envasado. Esto se traduce en más burocracia, registros, costos e impuestos específicos. Pero también supone una traslación injusta de la responsabilidad lo cual deriva en mayores contingencias patrimoniales de origen ambiental.“Argentina tiene 580.000 empresas. Necesita al menos 2,5 millones sólo para tener la misma proporción que tiene Chile en empresas por habitantes”
5. Proyecto de ley de licencias parentales: en línea con legislaciones europeas y de países con PIB/cápita que cuadruplican el argentino, el Congreso está discutiendo una ley que otorga beneficios por maternidad al padre. (Maternidad sin género). Dicho proyecto impone una restricción al menos curiosa. Si un empleado se muda junto a su pareja, no puede ser despedido por seis meses en el supuesto que tal despido se debe a una discriminación por parte de la empresa. Curiosamente (o no) una persona que cada seis meses cambie de pareja logrará estabilidad laboral por el tiempo que mantenga su capacidad de enamoramiento. Nuevamente, un proyecto de ley que intenta proteger trabajadores genera industria del juicio y con ello, menor demanda de trabajo, menores salarios y menor nivel de empleo. (Dato: desde 2012 no aumenta la demanda formal privada de empleo que está estancada en 5,8 millones de puestos de trabajo)
6. Proyecto de ley comisiones mixtas seguridad, salud, higiene, ambiente y género: El gobierno está impulsando, en acuerdo con los sindicatos, una ley que establece comisiones mixtas de trabajadores para llevar los temas de seguridad, ambiente, salud, riesgos de trabajo y género para empresas de más de cien empleados. En la práctica se trata de nuevos delegados sindicales con inmunidad y licencias intra empresa. Para las empresas se trata de dilemas inmanejables toda vez que dichos temas los puede llevar a cabo las comisiones sindicales ya existentes. De aprobarse esta ley habrá más conflictividad, menor trabajo, menor inversión y desde ya incentivos nulos para incrementar las dotaciones de trabajo. Nuevamente, lejos de proteger, desprotege y desincentiva la creación de empleo. Sólo reactiva la industria del juicio.
Estas iniciativas, cuya enumeración no es exhaustiva, dado que los cepos, prohibiciones, y demás regulaciones conforman un combo hostil a la producción, generan una percepción diferente si son analizadas individualmente.
El análisis parcial es un error. Lleva a la confusión del título engañoso. En rigor estas leyes tienen títulos atractivos pero articulados nocivos. Visto en conjunto se trata de un verdadero tsunami anti empresa y anti sector privado.
Argentina tiene 580.000 empresas. Necesita al menos 2,5 millones sólo para tener la misma proporción que tiene Chile en empresas por habitantes.
Un país sin empresas está condenado a la proliferación de planes, al incremento de la pobreza y a la emigración cada vez más creciente.
*Este artículo fue publicado originalmente en libertadyprogreso.org el 05 de noviembre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
