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José Gabriel Espinoza: “El PGE es centralista y asigna un 60% al gasto corriente”

José Gabriel Espinoza analizó el proyecto de Presupuesto General del Estado, la planificación de gastos e inversiones, las metas para el 2022 y la menor asignación de recursos a los gobiernos subnacionales.

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Espinoza es máster en desarrollo económico, asesor de organizaciones empresariales, autor de libros sobre desarrollo sostenible, economía digital e historia económica. Ha sido director del Banco Central de Bolivia (BCB).

“En este presupuesto hay una continuidad de planificación y gasto con lo que vimos desde el 2011-2012, cuando se inició la concentración de recursos en el nivel central del Estado, con una apuesta muy fuerte por las empresas públicas y asignando menos recursos a los gobiernos subnacionales, que son los más cercanos a la población. Es un presupuesto centralista, que no responde a los cambios estructurales después de la pandemia. En algunas cosas es preocupante, en cuanto a la estabilidad macroeconómica”, señaló.

Espinoza consideró que el PGE 2022 es demasiado optimista en varios supuestos, como el crecimiento de 5,1%, “cuando la gran mayoría de los organismos internacionales estiman para Bolivia un crecimiento entre 2,2 y 3,5%. La renta petrolera va a seguir cayendo, por una producción de gas en franca decadencia. El barril de petróleo tiene un impacto fuerte en los gastos, pero se proyectan menos de 1.000 millones de dólares en el subsidio a los combustibles. También se proyecta un nivel de recaudaciones muy alto en relación a lo que vimos este año”.

En cuanto al financiamiento, el presupuesto será cubierto en un 40% con fuentes internas, que son tres: “créditos del BCB, créditos de las AFP o saldos en la cuenta caja y bancos de los gobiernos subnacionales. Están proyectando que muchos gobiernos subnacionales no puedan tener una alta ejecución en este 2021 y que esos fondos queden disponibles. El gobierno va a tratar de dificultar el gasto de las entidades subnacionales”.

“La cantidad de gasto público es sumamente grande. El PGE representa cerca del 90% del PIB de Bolivia, cuando en Uruguay, Paraguay y Chile apenas llega al 50%. Más del 85% del presupuesto sigue en manos del nivel central o de las empresas públicas. Se concentran demasiado los recursos y menos del 9% es destinado a los municipios, que son los que tendrán que hacer frente a las nuevas demandas en salud y educación”, remarcó.

El economista precisó que “de los 285.000 millones de Bs. presupuestados, 190.000 irán a gasto corriente, una cifra extraordinariamente alta, cerca del 60% del presupuesto. Los salarios se llevarán 45.000 millones de Bs. y otros gastos corrientes, como la gasolina para los vehículos del sector público o el papel, unos 58.000 millones de Bs.”.

Espinoza cuestionó que para inversión pública se destinen 36.000 millones de Bs. y que las empresas públicas sólo transfieran al gobierno 1.500 millones de Bs.: “es una inversión que genera muy poca rentabilidad. Por cada boliviano que vamos a invertir se irán cuatro en costos administrativos. Hay un serio desbalance en términos de eficiencia del gasto público”.

Sobre el endeudamiento externo previsto en el proyecto, se requerirán más de 5.300 millones de dólares, “2.000 millones en bonos soberanos y más de 3.000 en créditos, con lo que se superaría el umbral del 50% del PIB. De ese monto, 1.200 millones de dólares irán a cubrir una parte del déficit. Para 2021 ya se habían proyectado 3.000 millones de dólares en bonos soberanos, que no se han podido colocar porque el mercado internacional ha ido penalizando los bonos de Bolivia, por desconfianza en la estabilidad macroeconómica y en la capacidad de repago”.

El analista advirtió que, si persisten los problemas para colocar los bonos en el mercado internacional, se reemplazaría el financiamiento externo con fuentes internas: “la normativa prácticamente obliga a las AFP a invertir en bonos que emite el Estado”.


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