La Semana Económica: Leyes sin consenso y necesidad de diálogo público-privado
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Nueva ley laboral
El gobierno impulsa una polémica ley de “restitución de derechos laborales”, que ya logró media sanción el pasado jueves en la Cámara de Diputados. El proyecto establece que en los despidos denunciados como injustificados, el Ministerio de Trabajo actuará como juez administrativo en lugar de los magistrados.
También se indica que la ausencia por seis días continuos de la fuente laboral no será causal para un despido justificado. Además, la norma violará el principio jurídico de irretroactividad, aplicándose a “las denuncias de despido injustificado y solicitudes de reincorporación que se hubieran iniciado conforme al procedimiento establecido en el decreto supremo 28669 del 1 de mayo de 2006, modificado por el decreto supremo 0495 del 1 de mayo de 2010”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha cuestionado la neutralidad como juzgador del Ministerio de Trabajo, cuyas resoluciones en la materia serán consideradas sentencias ejecutoriadas. El organismo empresarial propone, en cambio, la creación de “un organismo neutral, como un tribunal de trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro”, basado en el Convenio Internacional 158.
Pan y centralismo
Los vendedores de pan de Santa Cruz buscan incrementar el precio de la unidad a 65 centavos, señalando que no es sólo el costo de la harina lo que ha subido sino también el de otros insumos.
Desde la ciudad de La Paz, el viceministro de defensa al consumidor, Jorge Silva, califica la subida de “abusiva y unilateral”, amenazando con procesar a los panificadores por el delito de agio.
Las autoridades evidencian una vez más su incomprensión de los mecanismos inflacionarios, agregándole centralismo a su fórmula de control de precios, que podría ser algo menos mala de aplicarse solamente a escala municipal.
“Reducir cargas burocráticas”
El pasado 7 de julio se desarrolló en Tarija la Cumbre para la Reactivación Productiva, donde el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, remarcó la necesidad de encontrar mecanismos de diálogo público-privado para enfrentar la crisis.
Camacho pidió “construir políticas de Estado que reduzcan las cargas burocráticas, que impiden una franca recuperación para poder avanzar”.
El presidente de la CNI destacó el aporte de la industria a la economía boliviana, señalando que genera el 16% del PIB, el 10% de los empleos formales y el 17% de las recaudaciones tributarias, consumiendo más del 27% del gas natural y el 25% de la electricidad, y representando el 10% de la inversión privada nacional.
Proyecto de Ley 249
El sector gremial volvió a doblarle el brazo al gobierno, obligando a retirar un artículo del proyecto de Ley 249, que habilitaba a hacer control aduanero dentro de los mercados, en depósitos, establecimientos y “a las personas”, ambigüedades que se podían interpretar como acciones a realizar incluso en los domicilios.
Pero las federaciones gremiales siguen movilizadas, exigiendo el retiro total del proyecto y la sustitución por otro que sea consensuado con sus organizaciones.
Esto se produce en el marco de una avalancha de contrabando proveniente de Argentina, cuya moneda está siendo destruida por la emisión inorgánica. Varios economistas han sugerido que Bolivia debe prepararse para competir “como si hubiera arancel cero”.
Tipo de cambio fijo
Las autoridades del área económica se congratularon de que en el norte argentino se estén “refugiando en el boliviano”, lo que demostraría la fortaleza de la moneda nacional.
Sin embargo, a mediano plazo la sostenibilidad del tipo de cambio fijo sólo será posible con un mayor ingreso de divisas. Expertos de la Fundación Milenio han subrayado la capacidad de los exportadores privados para atraer divisas al país y piden al gobierno un mayor diálogo con este sector.
