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Es una de las frases que la mayoría de los bolivianos hemos aprendido en el sistema escolar. Sería una adaptación de un dicho referido al Perú y erróneamente atribuido al investigador italiano peruano Antonio Raimondi. En ambos casos, alude al hecho de que las riquezas naturales en Bolivia y Perú no habrían dejado beneficios a ambos países.
Lo menciono porque la revista británica The Economist (TE), publicitada en nuestro país por su apreciación respecto a la resiliencia boliviana frente a los conflictos de Europa del Este, en su edición del pasado viernes 3 publicó el artículo: “La maldición del litio: por qué Bolivia no ha logrado convertir los minerales en oro”.
La revista TE describe el dilema que enfrentamos: poseemos las reservas más grandes de litio en el mundo, pero no hemos podido explotarlas.
El semanario británico señala (según traducción libre) que “poco de la riqueza generada en el suelo de Potosí a lo largo de los siglos se ha quedado en Bolivia. Potosí es la parte más pobre de Bolivia, que es el segundo país más pobre de América del Sur.”
Luego entra al meollo de la cuestión: “Si Potosí quiere salir de la pobreza, su mejor apuesta es su incipiente industria del litio. Pero ¿puede evitar ser explotado, como ha sido tantas veces antes?”
Frente a ello, la alternativa que se le ha dado a Potosí es la explotación mediante la empresa estatal: Yacimientos de Litio Boliviano.
Los resultados han sido desalentadores como dice TE: “la fábrica produjo unas irrisorias 600 toneladas de carbonato de litio en 2021 (por el contrario, Chile y Argentina produjeron 134.000 y 36.000 toneladas respectivamente.”
El semanario señala que la extracción es difícil por aspectos intrínsecos a la naturaleza de los yacimientos bolivianos (alto contenido de magnesio) y la falta de capital humano calificado en el país.
Frente a ello, la alternativa obvia es atraer empresas extranjeras que puedan apoyar a la explotación con capital constructivo (físico y humano) que aporte al país. Para ello se requiere de un marco jurídico y tributario atractivo para todas las partes involucradas: la región de Uyuni, el departamento de Potosí, el Estado boliviano y la empresa extranjera.
Veamos dos casos extremos en lo tributario.
Si no se cobraría impuestos por la explotación, las empresas extranjeras estarían muy interesadas en extraer el litio boliviano, pero los beneficios locales y nacionales se limitarían a algunos puestos de trabajo y obras de responsabilidad social empresarial.
En el otro extremo, una tasa de 100% no generaría ningún beneficio para las empresas extranjeras, las cuales no vendrían y, por ende, tampoco Potosí y Bolivia percibirían algún beneficio: 100% de cero es cero.
Aunque parezca obvio, el análisis técnico y político necesario es ver cuál es la tasa de impuestos que genera el mayor beneficio para la región, el país y las empresas extranjeras.
Sólo como referencia porque no soy especialista en el área, un estudio de la CEPAL al respecto, indica que casi todos los países en la industria tienen impuestos a empresas que están entre 25% y 30%. La diferencia está en las regalías: Argentina (3%) y Chile (7%), mientras que Bolivia estaría en torno a 12,5%.
Sin embargo, la traba más importante es que se trata de un sector estratégico donde el Estado debe ser el principal actor, pese a sus fallidos y costosos intentos en estos años.
Tenemos un dilema similar al de hidrocarburos: las altas tasas de impuesto han desalentado la inversión extranjera, pese a que es necesaria para su reactivación; pero las bajas tasas de antes implicaron insatisfacción por los bajos beneficios percibidos. Necesitamos equilibrio.
La revista TE sintetiza el dilema citando a un uyunense entrevistado: “Es arrogante suponer que nosotros mismos podemos industrializar el litio desde cero” pero a la vez, “queremos desarrollo, pero no queremos repetir la historia.”
Se necesita una discusión realista, técnica y política que esté “a la altura” de Uyuni, Potosí y de (el promedio de) Bolivia.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
