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En economía existe una idea sencilla pero poderosa: lo que ya se gastó no debe decidir lo que haremos mañana. Los economistas lo llamamos “costo hundido”. Si una inversión salió mal, insistir sólo porque ya pusimos mucho dinero puede convertir un error pasado en uno permanente.
Esa es una buena forma de mirar a las empresas públicas. Durante casi dos décadas el Estado creó y financió empresas en sectores tan distintos como azúcar, cemento, vidrio, alimentos, hidrocarburos o siderurgia. Algunas producen y venden; otras todavía buscan una escala sostenible; y varias acumularon problemas financieros serios. Meterlas a todas en la misma bolsa sería tan equivocado como asumir que todas funcionan bien por ser estatales o que todas deben cerrarse porque algunas perdieron dinero.
Pero, el problema ya es evidente. Las pérdidas acumuladas reportadas para las empresas públicas están alrededor de Bs12.700 millones. Si añadimos, con cuidado de no contar dos veces lo mismo, el costo económico del capital inmovilizado, financiamiento y recursos que pudieron utilizarse en otras actividades, nuestro ejercicio sitúa el orden de magnitud entre Bs15.000 y Bs20.000 millones.
¿Es mucho o poco? Traducido a algo más cercano, equivale aproximadamente a Bs1.300 a Bs1.800 por cada ciudadano. También es un monto comparable con toda la inversión pública ejecutada por el país durante un año. No quiere decir que ese dinero pueda recuperarse mañana, pero ayuda a comprender el tamaño del problema.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Al revisar empresa por empresa aparece un patrón. En varios casos primero se construyó la planta y después se trató de resolver el mercado, la materia prima, la utilización de capacidad o el pago de la deuda. En una inversión normal el orden debiera ser casi al revés: primero saber quién comprará, qué insumos existirán, cuánto se debe producir para cubrir costos y recién después decidir el tamaño de la fábrica.
El ingenio azucarero San Buenaventura es un buen ejemplo. El problema no es solo que haya perdido dinero. Nuestra estimación indica que en 2025 necesitaba entre 25% y 34% más caña que la efectivamente procesada para acercarse al punto de equilibrio. Una planta grande con poca materia prima termina repartiendo sus costos entre pocas toneladas.
La de cementos muestra otro riesgo: ampliar capacidad antes de consolidar plenamente la existente. La de vidrio enseña uno distinto: una planta puede producir y tener mercado, pero sufrir si la deuda debe pagarse antes de alcanzar una utilización suficiente. Las de derivados industriales de gas y de alimentos muestran, además, que incluso dentro de una misma empresa puede haber proyectos buenos, dudosos y malos.
Entonces, ¿qué hacemos? Cerrar todo sería tan poco técnico como seguir financiando todo.
Para cada empresa habría que responder cuatro preguntas: ¿puede cubrir sus costos?, ¿cuánto dinero adicional necesita?, ¿cuánto valen realmente sus activos? y ¿existe un beneficio público que justifique mantenerla?
De allí pueden salir soluciones distintas: reestructurar deuda, reducir escala, incorporar un operador privado, asociarse, arrendar activos, vender participaciones o, cuando no exista viabilidad razonable, cerrar ordenadamente.
La lección más importante, sin embargo, mira hacia adelante. Antes de construir otra empresa pública deberíamos exigir algo parecido a lo que cualquier familia pide antes de poner sus ahorros en un negocio: saber quién comprará, cuánto se venderá, cuándo se recuperará la inversión y qué pasa si las cosas salen mal.
Las empresas públicas pertenecen a los bolivianos. Fueron mal planteadas y peor gestionadas por motivos ideológicos. Por eso el objetivo no debería ser defenderlas ni castigarlas por razones ideológicas, sino recuperar lo que todavía tiene valor y dejar de poner dinero donde no lo tiene. Y exigir resultados y transparencia cada año.
Lo pasado, pasado está. El verdadero error sería seguir pagándolo en el futuro o repitiéndolo sin aprender las lecciones.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
