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Hasta 1800 la población mundial no superaba mil millones de habitantes, mientras que dos siglos después supera los siete mil millones. Toda una explosión demográfica, según los estudios de los ya fallecidos Angus Maddison y Hans Rosling. Y en el caso del país, en su fundación tenía menos de dos millones y, hoy somos (¿?) 12 millones.
Estas cifras dan la falsa impresión de que la población seguirá creciendo sin cesar. Pero eso no será así según las proyecciones de Naciones Unidas, puesto que al final de este siglo llegaríamos a 11 mil millones en el planeta.
Bolivia no es ajena a este patrón, puesto que la proyección apunta a 18 millones al 2100. No obstante, el grado de incertidumbre es alto puesto que podría disminuir a 10 millones o explotar hasta 30 millones.
Una de las razones para tener un censo bueno y oportuno es mejorar estas estimaciones y conocer cómo está cambiado y que podría pasar a futuro con la población boliviana. Muchos proyectos públicos y privados dependen de esta proyección y ésta, del censo.
Otro aspecto fundamental es la urbanización o vivir en centros poblados. Hasta 1800 una décima parte de la población boliviana vivía en ciudades, mientras que el resto en el campo. Hoy menos de un quinto vive en el área rural.
Un censo de población y vivienda ayuda a conocer qué está pasando con la urbanización y metropolización en el país. Y eso tiene repercusiones en los ámbitos que involucran a la vida urbana.
Este aspecto tiene efectos en cuanto a la asignación de recursos en los aspectos principales de la vida cotidiana, para lo cual usaré como ejemplo Santa Cruz tomando estadísticas oficiales y cálculos derivados de ellas.
En educación, cada profesor (en promedio) atiende a 28 alumnos en el departamento, mientras que en el país esta relación es 21 por docente. O, hay 270 alumnos por cada unidad educativa, siendo que en el resto de Bolivia esta cifra llega a 180.
Claramente hay un desbalance que debe ser encarado para mejorar la educación en el departamento y, obviamente, en el país. No es quitar a otros profesores o unidades educativas, sino asignar nuevos ítems y construir más unidades. Todo eso en medio de un proceso serio de mejorar la eficiencia y, sobre todo, su calidad.
En el caso de la salud, Santa Cruz tiene 21 establecimientos de salud por cada diez mil habitantes, que es el más bajo del país. Una de las desafortunadas consecuencias es que, de los 22 mil decesos oficiales por Covid-19, 9 mil ocurrieron en el departamento. Nuevamente la idea no es destruir hospitales, sino construir nuevos centros y tener más y mejores especialistas.
En seguridad ciudadana hay dos cifras de contraste para Santa Cruz: i) el 35% de los delitos de mayor incidencia ocurre acá frente al 28% de población; y, ii) el 41% de los accidentes de tránsito frente al 35% del parque automotor. No es que hay más delincuentes y conductores irresponsables, sino que no existe un sistema de seguridad pública acorde a las necesidades departamentales.
Adicionalmente, cabe mencionar que ha existido un movimiento de personas de uno a otro departamento. En el mundo somos más nómadas que lo que éramos antes. En lo particular he vivido en tres ciudades del país y esa es la situación de millones de personas.
El departamento aporta con 44% de los impuestos, 30% de la producción, 28% de la población y 27% de las exportaciones. Pero sólo recibió el 18% de la inversión pública entre 2015-19, el 21% de las transferencias a gobernaciones y 26% a municipios.
Con esto no deseo que mi natal Potosí o mi hospitalaria La Paz (donde viví 10 años) tengan menos recursos, sino que los ciudadanos que viven en el país tengan los recursos de forma equitativa y acorde a sus necesidades.
También creo que los recursos deben estar más cerca de los ciudadanos en todo el país. Sólo por dar un ejemplo, por cada cruceño el gobierno central administra mensualmente en promedio Bs850, la gobernación Bs45 y la alcaldía Bs121.
El censo no implica más y mejores recursos, pero los promueve.
