¿Qué hay detrás del paquete de leyes del gobierno, la citación fiscal al gobernador Camacho y la lucha por Adepcoca?
Los editoriales de Página Siete, El Deber y Opinión descifran los conflictos políticos y sociales.
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Página Siete – El paquetazo legislativo del Gobierno
El editorial de este domingo de Página Siete advierte que el paquete de leyes que busca controlar aún más a la sociedad pretende un objetivo “alarmante y siniestro”. En la primera parte hace hincapié en el polémico proyecto de Ley contra las Ganancias Ilícitas “que rompe con el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la privacidad y el secreto profesional”. Nada había unido a tantos sectores, según Página Siete, en contra de una norma y relieva la posición de los empresarios privados que pidieron la paralización del tratamiento legislativo y el envío a control de constitucionalidad, sabiendo que el Tribunal Constitucional está sometido al poder político.
“Si el Gobierno desoye a todos estos sectores, probablemente en los próximos días tenga que enfrentar tensiones sociales, incluso de sus propios sectores sociales”, afirma el editorial que repasa el resto de normas del “paquetazo legislativo” como la Ley de Registro de Comercio que elimina a Fundempresa y pone la información de las empresas en manos del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Ley de Derechos Reales que deja la información de los inmuebles bajo dependencia del Ministerio de Justicia, la Ley de Ascensos en la Policía que la subordina al Ministro de Gobierno y la Ley anticorrupción que amplía responsabilidades penales para las empresas.
“Está claro que estas leyes no fueron concebidas de manera aislada, sino que forman parte de un plan del gobierno de Luis Arce para centralizar el poder de las instituciones y la información de las personas”, concluye el editorial que remata afirmando que “los sectores que se sienten afectados han empezado a correr la cortina para que el resto del país vea lo que este paquetazo legislativo pretende hacer”.
El Deber – No es Camacho, es la democracia
En su editorial de domingo, El Deber afirma que la citación a Luis Fernando Camacho para que declare este jueves a las 09:00 en la ciudad de La Paz, algo que ha sido aceptado por el Gobernador de Santa Cruz este lunes, “es el capítulo más dramático de una trama armada por el gobierno de Luis Arce (…) para imponer, a fuerza de martillazos, su invento de que el 20 de octubre de 2019 no hubo fraude en Bolivia, sino un golpe de Estado”. Advierte que no importa si alguien cree o no en semejante ficción, lo que interesa es que “Evo Morales necesita lavar su imagen para volver a ser presidente”.
El diario cruceño no duda en que quien maneja la “tenebrosa” estrategia es Morales que tiene en su “mano izquierda” al presidente, vicepresidente, ministros, procurador, fiscales y jueces para materializarla, pasando por alto “la auditoría de la OEA que demostró el fraude, ignora que la comunidad internacional y sus representantes, pero principalmente millones de bolivianos fueron testigos no solo del fraude, sino del peligroso vacío de poder que él provocó con su renuncia y su huida, y que llevó a las fuerzas políticas a buscar y encontrar una sucesión constitucional como después avaló incluso el Tribunal Constitucional nombrado por el propio Morales”.
El editorial deja establecido que en 2019 quedó en evidencia el “juego sucio” de Morales al haber cometido fraude electoral y afirma que habría que construir decenas de cárceles a para apresar a más de cinco millones de bolivianos que salieron a las calles para protestar por ese golpe a la democracia. Finaliza advirtiendo que si Morales y su maquinaria de falacias encarceló a una expresidenta y lleva al Gobernador de Santa Cruz a La Paz para que declare sobre un invento para rehabilitarle política y electoramente, “es hora de cuestionarse si lo que vivimos es democracia o tiene otro nombre”.
Opinión – La coca y la lucha por el poder
El periódico de Cochabamba analiza el inicio de la tercera semana conflicto cocalero de La Paz incorporando el dato de que el negocio movió en los últimos cinco años un poco más de 1.630 millones de dólares, según informes anuales difundidos por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onude). “A partir de estas cifras que maneja este organismo internacional se puede entender por qué dos, e incluso tres, facciones de cocaleros se disputan la dirigencia de este sector, por los réditos económicos que deja la comercialización de la hoja de coca, en este caso del sector de Villa Fátima, de la ciudad de La Paz”.
El editorial de este lunes de Opinión refuerza la idea de que la mejor salida al conflicto por el “fortín” de Adepcoca es la convocatoria a nuevas elecciones para elegir a una dirigencia, pero sin injerencias de ningún tipo. “En estas elecciones no tendrá que intervenir ninguna entidad externa a esta organización, para que no se contamine el proceso que es urgente y necesario para pacificar a este sector”, sostiene el editorial que finaliza afirmando: “En las próximas horas se tendrá que delimitar la cancha con el fin de que el sector cuente, finalmente, con una sola dirigencia que trabaje por los intereses de todos los productores de la hoja de coca”.
