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Por: Pablo Paniagua 1
Ahora que estamos ad portas de comenzar un nuevo año, resulta necesario reflexionar acerca de uno de los principales problemas que nos aqueja como país: la escasa tolerancia política y la violencia. Durante la campaña electoral e incluso desde mucho antes, se ha observado una creciente fragmentación y polarización política de la ciudadanía, muchas veces fomentada por las consignas ideológicas propugnadas por los mismos candidatos y, por sobre todo, exacerbada por las dicotómicas redes sociales. Esto llegó al punto en que las descalificaciones, las campañas del terror, los enfrentamientos y ataques personales de lado y lado durante las últimas semanas fueron cada vez más frecuentes. En este sentido, la intolerancia frente al que piensa distinto se ha tomado la esfera pública, convirtiéndose en la regla más que en la excepción, lo que ha impactado la sana convivencia democrática. Basta con ir a las redes sociales para evidenciar el punto hasta el cual han llegado la virulencia y nuestra falta de convivencia política y digital.
Lo primero que se debe reconocer –y como lo enfatizaran grandes pensadores, como Isaiah Berlin y John Stuart Mill– es que es innegable el hecho de que las personas son por esencia distintas: cada persona posee cualidades inherentes y un espíritu propio que la diferencian del resto; objetivos y creencias que la hacen perseguir intereses diversos, de modo tal que cada ser humano posee una individualidad inigualable fundada en sí mismo y en su dignidad inalienable, como bien lo advirtiera Kant. Si lo pensamos bien, la particularidad y la diferencia han sido la norma dentro de la sociedad. Aun cuando los individuos se han organizado en colectivos con igualdad de derechos, de cierta forma estos también han buscado diferenciarse social y culturalmente entre los demás grupos, por ejemplo, persiguiendo diferentes objetivos o suscribiendo a diferentes filosofías políticas. De este modo, podemos extender el análisis al ámbito político, agregando que cada persona o conjunto de ellas tiene concepciones diferentes sobre la vida buena y sobre lo que vale la pena perseguir y creer, es decir, diferentes doctrinas comprensivas desde las que observan –y se enfrentan– al mundo.
Entonces, como lúcidamente lo plantea Chandran Kukathas en su libro El archipiélago liberal, la pregunta fundamental para el Chile de los próximos años es: ¿cómo lograr que seres humanos diversos logren vivir juntos, libres y en paz? Resulta paradójico que, en los últimos dos años, quienes dicen promover el pluralismo en Chile y la tolerancia sean los primeros en atacar a –y en vociferar en contra de– quienes no se ajusten a su estándar moral o no compartan sus convicciones ideológicas. Es justamente por ello que se hace sumamente relevante, para el 2022 que está a punto de comenzar, que estos grupos tribales (como los coléricos ciclistas que parecieran reinar por las calles de Santiago) comprendan la importancia de la tolerancia y su rol estabilizador dentro de la democracia.
En principio, una sociedad democrática, libre y abierta permite que las personas puedan asociarse y disociarse libremente mediante arreglos humanos que surgen de su tendencia a la cooperación (Hayek, 1986). De esto se deriva el principio de tolerancia mutua entre personas o grupos asociados que debe existir para que convivan pacíficamente dentro de la sociedad. En otras palabras, una sociedad es libre en la medida en que esté preparada para tolerar a colectividades que difieren o disienten de sus tradiciones, prácticas o creencias (Kukathas, 1997).
Dicho de otra forma, y desde una perspectiva contractualista, las reglas que pactarían las personas bajo un velo de ignorancia –es decir, si no conocieran la posición que van a ocupar dentro de la sociedad–, serían las de una sociedad libre que fomente la tolerancia hacia las diferentes concepciones de la vida buena (Rawls, 1995). Lo anterior permite que personas que poseen distintas doctrinas comprensivas, aun cuando no estén de acuerdo con los demás, acepten dichas diferencias legítimas para que puedan convivir de manera pacífica.
En este sentido, la tolerancia significa que una persona es capaz de admitir algo (de manera neutral) que le puede desagradar, lo que no quiere decir que no lo pueda juzgar y analizar críticamente, sino que no va a –ni puede– movilizar los recursos coercitivos y legislativos del Estado para silenciar algo que le molesta.
A pesar de que suene obvio lo que se menciona, lo cierto es que no pareciera serlo en la actualidad nacional, cuando vemos que una gran parte de la población –y una parte creciente de jóvenes– considera legítimo el pretender imponer su visión de la vida mediante la fuerza, los gritos, las tomas y la coacción. De hecho, ya desde el año 2020 con la 11ª encuesta sobre “Participación, jóvenes y consumo de medios”, de la Universidad Diego Portales (disponible aquí), se esbozaba esta preocupante tendencia. Los resultados mostraban que el 37% de los encuestados estaba de acuerdo con –o consideraba legítimo– realizar barricadas para obtener resultados; además, el 35% aprobaba enfrentarse violentamente a Carabineros si era necesario. Otros análisis más recientes confirman que se ha instalado en estos últimos años un mayor respaldo de los jóvenes al uso de la violencia con fines de acción política.
Lo anterior es preocupante, porque evidencia una nueva creencia sobre la legitimización de la violencia como principal mecanismo para abordar nuestros conflictos y desacuerdos. Si la violencia, las barricadas y las tomas se transforman en el principal mecanismo para dirimir nuestros problemas comunes, entonces la tolerancia y la democracia se convierten en una simple ficción. Nuestra democracia se convierte en una farsa unilateral, en donde aparentamos ser tolerantes y demócratas solo en la medida en que quienes tengan el poder coincidan con nuestras preferencias culturales y nuestras concepciones de la vida buena. De ahí a azuzar una contrarreacción fascista, desde la vereda política opuesta, hay solo un paso (Sisto, 2020).
En fin, ahora que está por comenzar el 2022, es tiempo de reflexionar y generar un consenso amplio a través de todo el espectro político sobre los verdaderos principios que exige una democracia para mantener una sana convivencia social. En este aspecto, como bien lo expresara Giovanni Sartori (2007), la democracia reposa en un principio fundamental: la coacción ad hoc y utilizada por conveniencia debe estar excluida de las relaciones sociales. De esta forma, las mayorías circunstanciales no pueden pasar a llevar los derechos de las minorías circunstanciales. Por lo mismo, todos los políticos que dicen defender la democracia –o incluso generar una democracia más participativa y directa– deben ser los primeros en condenar y oponerse a la intolerancia y a la violencia, pues ambas son formas de coacción que pretenden imponer una concepción en particular de la vida.
De lo contrario, seguiremos degradando la convivencia pacífica al caer en la senda de la intolerancia, la violencia y la coacción como métodos para anular a quien piensa distinto e imponerle una creencia que no necesariamente es más válida que las demás. Ese amargo camino ya lo hemos transitado y sabemos que conduce al despeñadero moral.
1Investigador Senior de la Fundación para el Progreso. Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Magíster en Economía y Finanzas de la Universidad Politécnica de Milán Italia, y PhD en Economía Política de la Universidad King’s College London
*Este artículo fue publicado originalmente en panampost.com el 29 de diciembre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
