Casi 72 % de fiscales chilenos dispuestos a ir a un paro contra Boric
Fiscales chilenos rechazan el reajuste salarial de 12 % propuesto por el presidente Gabriel Boric. Lo consideran un atentado contra la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial
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Por Gabriela Moreno1
El 71,9 % de los fiscales chilenos está dispuesto suspender sus actividades laborales en rechazo al ajuste salarial de 12 % propuesto por el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Una encuesta interna de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile (ANF), divulgada por BioBío, revela que siete de cada diez fiscales apoyan una paralización de las jornadas tras confirmar que los funcionarios cuyo sueldo sea de hasta 2,2 millones de pesos recibirán el reajuste salarial, pero aquellos que perciben 4.000.000 millones de pesos sólo verán un ingreso adicional de 4 % y 6 % y quienes ganen más de esa cantidad quedarán excluidos del aumento.
Según los resultados del sondeo, en el que participaron 450 de los 700 afiliados del organismo que reúne a fiscales adjuntos de todo el país, 57,2 % respalda la “paralización total con excepción de las audiencias con privados de libertad e impostergables”, mientras que la “paralización parcial”, cuenta con un respaldo de 14,67 %.
También hay quienes apoyan la “movilización nacional” para manifestar el descontento en las calles (13,43 %) y la posibilidad de una jornada de reflexión (9,3 %). Sólo 3,31 % se decanta por evitar medidas de protesta.
Una tensión interna
La tensión al interior del Ministerio Público por la posibilidad de que los fiscales chilenos vayan a paro crece porque “excluir a jueces y fiscales del reajuste del sector público constituye un atentado contra la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. No se trata solo de que se afecta la remuneración de un fiscal o de un particular sino se impacta y se afecta la función que cumplen jueces y fiscales en el sistema de Justicia”, comentó Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile (ANF) en declaración ofrecida a PanAm Post.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, está en jaque ante la disposición de los fiscales chilenos ir a un paro cuando el crimen organizado se enquista en la nación. Bajo su mando están las negociaciones con las distintas asociaciones de trabajadores públicos mientras el Índice de Precios al Consumidor marca un alza acumulada de 11,4 % en lo que va de 2022, y se espera una inflación anual superior a 13 %.
El gremio conoce las cifras, por lo cual constituyó una mesa de trabajo con la Asociación de Magistradas y Magistrados, las asociaciones de la Defensoría Penal Pública y otras agrupaciones de profesionales del Ministerio Público. También se incorporarán diputados del Congreso Nacional para acordar acciones conjuntas. A la vez, la Asociación de Fiscales decidió estudiar recursos legales de protección o eventualmente ante el Tribunal Constitucional “en virtud de la discriminación que la propuesta del Gobierno supone”, según publica ExAnte.
Preocupación latinoamericana
Las diferencias entre los fiscales con la Administración de Gabriel Boric por el reajuste salarial que detonarían en un paro preocupa a la Federación Latinoamericana de Fiscales, organización que alerta sobre una “crisis en el balance institucional”.
A través de un comunicado, la instancia señala que la permanencia de los fiscales depende no sólo de la inamovilidad sino además de una garantía de remuneración y jubilación y cualquier disminución salarial indirecta es una afectación a esa garantía.
Además, el escenario está convulso al coincidir con el reciente rechazo del Senado a la candidatura del abogado José Morales para ser el fiscal nacional hasta 2030, un hecho sin precedentes en la historia del país.
Morales, quien se desempeña como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Santiago Norte, obtuvo 31 de los 33 votos necesarios para ascender, seis en contra y ocho abstenciones de parte de los integrantes de la Cámara alta. Ahora la Corte Suprema debe proponer otro nombre. Si ocurre lo mismo el procedimiento se repetirá.
«Hay que pensar seriamente la posibilidad de la elección popular del fiscal nacional, poniéndole a los candidatos los requisitos más exigentes del punto de vista de su trayectoria, que no haya conflicto de interés», cree Francisco Bravo. Falta humo blanco para todo.
