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Durante la noche del lunes 21 de febrero, separatistas pro-Rusia, en el este de Ucrania, han auto-proclamado independientes los óblasts o provincias de Donetsk y Lugansk— ahora llamadas “repúblicas populares”; hecho que fue reconocido oficialmente por la Federación Rusa, casi de inmediato, a pedido de los líderes rebeldes en ambas provincias y, por supuesto, como movimiento estratégico para justificar el ingreso de sus tropas en territorio soberano ucraniano.
Con la firma del decreto de reconocimiento de ambos “nuevos Estados”, el Presidente ruso Vladimir Putin apunta a esquivar cualquier tipo de responsabilidad en derecho internacional, puesto que las tropas rusas no estarían violando la soberanía de Ucrania, sino más bien apoyando militarmente a dos repúblicas independientes y soberanas en una especie de alianza militar o, mejor dicho, un acuerdo de protección con ellas. Y así fue, justo después de firmar el decreto de reconocimiento de las nuevas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Putin ordenó el envío de fuerzas militares para “mantener la paz” en sus territorios.
Sin embargo, a pesar de parecer –en primera instancia– una nueva jugada magistral de Putin frente al derecho internacional, no se trata sino de otra violación del mismo, pues incumple con el Memorando de Budapest de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) de 1994, en el cual Ucrania, por un lado, renunció a sus armas nucleares y, por el otro, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos firmaron, en contrapartida, su compromiso de respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Por otra parte, la prensa internacional viene denunciando, hace semanas, la campaña de propaganda política puesta en marcha por el Kremlin, a modo de justificar frente a su población una posible guerra. En los medios rusos se habla incluso de que el gobierno ucraniano estaría orquestando un plan de genocidio en estas provincias, con el único fin de eliminar a los nacionalistas rusos que habitan
en ellas. Utilizando la desinformación como arma, el gobierno ruso busca –también ahí– argumentos que fundamenten una ofensiva en territorio ucraniano.
Como consecuencia de esta escalación, el canciller alemán Olaf Scholz ha decidido frenar el inicio de operaciones del controvertido gasoducto “Nord Stream 2” que, de lo contrario, se convertiría en el medio de importación de gas ruso más importante hacia la Unión Europea, su mercado de exportación más grande. El efecto económico para Rusia, un país extremadamente dependiente de sus exportaciones de petróleo y gas natural, será inminentente nocivo. La pregunta que queda por hacerse, es si la mano dura de Alemania –un aliado económico trascendental que viene intentando sin éxitos una desescalada por la vía diplomática– podrá contribuir a poner freno a las afrontas rusas en territorio ucraniano, o si, más bien, ésta funcionará como nueva fuente de justificación de agresiones rusas incluso más graves.
Como se puede constatar, la intención de Rusia es evidente: encontrar fundamentos en todas las dimensiones posibles, desde el derecho internacional hasta la desinformación en los medios de comunicación, para invadir y apoderarse de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Frente a esta clara señal, Scholz ha optado por castigar duramente a Rusia, como afirmando que sabe a qué juega el Kremlin y que, si éste decide poner a Ucrania y a la OTAN con la espada contra la pared, Alemania no dudará en contraatacar con las medidas que crea necesarias. El mensaje del Estado centroeuropeo también es manifiesto: la guerra, en el plano económico o militar, es siempre un juego de suma cero.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
