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El balance de la situación política de Bolivia, en este fin de año, es poco alentador para los que tenían alguna esperanza en el funcionamiento del sistema democrático. El Presidente Luis Arce, apenas iniciado su gobierno, ha prescindido de las reglas de juego de la democracia liberal y en el ejercicio del poder ha vulnerado gravemente el Estado de derecho, desconociendo las medidas que, en democracia, aseguran el cumplimiento de los principios de supremacía e igualdad de la ley, rendición de cuentas, independencia de poderes, seguridad jurídica, y transparencia procesal y legal.
Frente a ese comportamiento abusivo de Arce, el primer signo de que internacionalmente se empieza a reconocer la crisis de la democracia en el país, fue el hecho de que la Administración del Presidente Demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, haya excluído al gobierno de Bolivia de la Cumbre de las Democracias, organizada en Washington a principios de diciembre de este año, por considerar que no es un régimen de democracia plena. Este es un primer paso para que la comunidad internacional comprenda que Bolivia transita del autoritarismo al totalitarismo.
Por eso llama la atención que, a pesar de la ruptura del Estado de derecho y las detenciones arbitrarias y persecuciones ilegales contra opositores políticos, el gobierno boliviano no esté en el radar internacional como lo que realmente es, un régimen autoritario.
Esto se debe a que tanto en medios de comunicación internacionales, como en ciertos círculos académicos de universidades norteamericanas, de organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la CIDH y otras, se ignoran las violaciones a los derechos humanos y a la institucionalidad democrática de aquellos gobiernos con los que tienen afinidades ideológicas.
Esa protección a regímenes autoritarios por ciertas organizaciones de izquierda no es nueva y éstas tienen una larga tradición de traficar principios por conveniencias políticas. Esa ofuscación ideológica es como lúcidamente previno el filósofo francés, Raymond Aron, el “opio de los intelectuales”. Estos activistas de Occidente piensan que la democracia es buena para ellos pero no para los bolivianos, cubanos, venezolanos o nicaragüenses. Bajo esa ceguera disfrazada de razones morales, acaban protegiendo dictaduras a nombre del bien y la justicia social. Gente como ellos es la que ha admirado a los Khmer Rouge en Cambodia, al castrismo en Cuba, a Daniel Ortega en Nicaragua o a Evo Morales en Bolivia.
La mentira justificada en términos ideológicos tiene una larga trayectoria en los intelectuales progresistas, como sucedió con Jean Paul Sartre cuando declaró a la prensa que en la Unión Soviética había “total libertad de critica”. Posteriormente, Sartre reconoció que mintió, que “dijo una cantidad de cosas amistosas sobre la URSS en las que no creía”. Los autodenominados “progresistas“ contemporáneos no tienen la honestidad de reconocer su equívoco respecto a su apoyo entusiasta a las dictaduras de izquierda en Nicaragua, Cuba, Venezuela y ahora en Bolivia.
Esa hipocresía les hace olvidar que la supresión de los elementos esenciales de la democracia por parte de una mayoría electoral circunstancial significa la ruptura del Estado de Derecho y equivale a un golpe de Estado y que esos elementos son parte de los estándares internacionales establecidos en la Carta Democrática, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas a través de la Declaración del 24 de septiembre de 2012 aprobada por la Asamblea General de la ONU, la cuál reafirmó que “los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia están interrelacionados y se refuerzan mutuamente y que pertenecen a los valores y principios fundamentales universales e indivisibles de las Naciones Unidas “.
Cuando el pueblo Boliviano se levantó pacíficamente para frenar los intentos de Evo Morales de mantenerse en el poder violando la Constitución primero, y luego a través de un grotesco fraude electoral, toda esa cáfila de activistas internacionales que hoy guardan silencio, incluyendo miembros de la CIDH, embistieron contra la resistencia pacífica y popular de los bolivianos de todos los orígenes y latitudes del país que lograron lo impensable: la renuncia del dictador fraudulento y su vergonzosa fuga hacia México.
La realidad es que el gobierno intenta imponer en Bolivia un proyecto ideológico esencialmente antidemocrático que ha eliminado los mecanismos de control y equilibrio de los poderes públicos creados para proteger a los ciudadanos del abuso de poder. A través de la propaganda, la detención preventiva y la intimidación a opositores u obstaculizadores de su proyecto, la continuidad autoritaria de los 14 años de Evo Morales ha generado las condiciones necesarias para que el actual gobierno pueda controlar todos los poderes del Estado.
En Bolivia no hay una justicia independiente, ni existe respeto a la institucionalidad democrática. Para nadie es un secreto que el Presidente Luis Arce, subordinado del ex Presidente Evo Morales, ha demostrado que es más hábil para avivar resentimientos que para resolver los graves problemas del país. En su primer año de gestión ha suprimido las reglas y los procedimientos del ejercicio democrático del poder.
Hoy el país vive bajo un régimen que niega la legitimidad de sus opositores; detiene arbitrariamente y somete a sus adversarios políticos a través de un poder judicial vicioso y sometido; considera que los que no piensan como él son enemigos al servicio de los Estados Unidos y los trata como a personas que no merecen un espacio legítimo dentro del sistema democrático.
Por eso, es necesario que los países con gobiernos comprometidos con los valores republicanos en las Américas coordinen esfuerzos regionales para la defensa colectiva de la democracia. Asimismo, esos gobiernos, sean conservadores, de centro, o de izquierda, generen los espacios de una mayor concertación política y promuevan una participación más activa de la sociedad civil comprometida con los valores de la democracia.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
